Ya volvió a salir el peine. El retraso que arrastra el IMSS para decidir dónde construirá su nuevo hospital en el estado de Chihuahua obedece a diversos factores, uno de los cuales —quizá el de mayor peso— se encuentra dentro de la propia institución, lejos de las decisiones que pudieran tomar los gobiernos estatal y municipal.

Así van las cosas, según le contaron a Mirone: el terreno más apto para construir la dichosa clínica es uno de 20 hectáreas que ya le pusieron sobre la mesa al IMSS, para que empiece a trazar líneas sobre los planos y entregue a su directiva el proyecto ejecutivo.

Es un terrenazo, con espacio de sobra para construir y hasta para dejar reservas con miras a futuras ampliaciones. ¿Qué “pero” le ponen?

Hay dos “peros”, ciertamente: la presencia de una estación de gas, no muy lejos del lugar —aunque tampoco pegada al predio— y, digámoslo así, la “lejanía”.

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El dato —que no chisme— que le pasaron a Mirone es que el personal del IMSS que sería asignado a ese hospital nomás no quiere desplazarse hasta aquel rumbo: el sur de la capital, más cerca de la salida a Delicias que de otros puntos importantes de la ciudad.

Lo que han externado médicos y personal de apoyo es que la mayoría de los trabajadores de la institución vive en la zona norte de la ciudad; es decir, más cerca de la salida a Juárez que del centro o de la actual Clínica No. 1, la única que existe hasta este momento.

Si las jornadas ya son extenuantes, con turnos que en algunos casos superan las 24 horas y en donde las urgencias son asunto de vida o muerte, agregar una hora o hasta hora y media de traslado sería llevar el desgaste al límite.

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Pareciera cosa menor, pero algo de razón tienen quienes no quieren irse “hasta Delicias”, como dicen los inconformes.

El personal médico no sería el único que batallaría para llegar hasta aquel lugar. “Nosotros, como quiera”, dicen. El verdadero problema sería para los derechohabientes, que también tendrían que invertir una hora o más en el trayecto, sobre todo si utilizan el transporte urbano.

Ahí lo tienen: un proyecto de miles de millones de pesos que ayudaría a resolver uno de los mayores rezagos en materia de salud pública, atorado porque la ciudad creció al revés.

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¿Se acuerdan de Marx Arriaga, el académico, aquel que editó los libros de texto gratuitos más polémicos en la historia de la SEP? Pues ahora anda en una especie de venta de garaje donde ofrece lo mismo aparatos de hornear que su crédito hipotecario.

A través de su cuenta X, el exhombre fuerte de la SEP, dueño y señor de la edición de los materiales educativos, lanzó un grito desesperado porque, dijo, no tiene para pagar la cuenta al banco que le prestó para comprar su casa.

Luego, se puso cual tianguista a ofrecer uno de los enseres de su hogar: un horno de panadero y, además, los libros que pertenecieron a su padre cuando estudió en una preparatoria popular.

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¿En serio, tan mal le anda yendo? Porque, a como lo ve Mirone, ahora anda de Don Ramón, escondiéndose del casero para que no le cobren no digamos la renta, sino la mensualidad de la casa que compró mediante un crédito bancario.

Ahora, por lo que narra el propio exeditor de los libros de texto, el banco que le prestó para comprar su vivienda anda haciéndole al señor Barriga, sacándolo a ver de dónde para que pague su cuenta, tal como lo establece el contrato que, seguro está este Mirone, debió haber leído antes de estampar la “poderosa”.

A través de su cuenta en X, Arriaga lanzó un grito desesperado porque, dice, ya no puede pagarle al banco.

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“¡No puedo más! Prefiero regalarlo todo que dejar que @SantanderMx lo remate”, escribió.

Por supuesto, al señor de los libros de la controversia le tundieron duro en redes sociales. No faltaron quienes le preguntaron si nunca revisó la tasa de interés que aceptó al contratar el crédito o si, de plano, en los meses transcurridos desde que salió de la SEP no ha abonado un solo peso a su deuda.

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Lo de menos es que de pronto se haya quedado sin dinero para pagar. Eso le puede suceder a cualquiera. Lo que llama la atención es que se la pase culpando a la SEP de su situación económica, porque no le ha pagado su liquidación por el “despido injustificado”, dice, que sufrió en los primeros meses del año.

Lo demás es que se trata de un servidor público que protagonizó una de las mayores controversias educativas de los últimos años por las decisiones que tomó sobre el contenido de los libros de texto que llegarían a millones de estudiantes de educación básica.

Si paga o no paga, ese es su problema. Lo que levantó la polvareda es que un funcionario que durante su gestión no quiso escuchar a nadie ahora pretende que todos lo escuchen cuando grita porque no tiene dinero para pagar.

Tal vez esa sea la lección que debió incluir en aquellos libros: aprender a escuchar a los demás. En una de esas, los demás también terminan prestándote oído.

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Los partidos ya no están gobernando, están armando el expediente del adversario. Así le explicaron a Mirone cómo será la semana que viene, cuando las fuerzas políticas arreciarán sus ataques, dentro y fuera de sus propios partidos, no para convencer al electorado de votar por ellas, sino para demostrar quién es el más corrupto.

La guerra de acusaciones había comenzado desde el primer trimestre del año, pero arreció la semana pasada, cuando PRIAN y Morena intercambiaron señalamientos, reproches y la exhibición de expedientes con los que cada uno buscó demostrar que el otro es el peor para gobernar.

Los casos de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por su aparente acercamiento con una agencia de Estados Unidos, y la detención del primer gobernador panista, Ernesto Ruffo Appel, por presuntos actos de “huachicoleo” fiscal, les dieron “carnita” a ambos bandos para comenzar la guerra de lodo… y apenas empieza a llover.

A Mirone le contaron, desde los cuarteles de ambos frentes, que tanto Morena como el PAN están preparando dos grandes carpetas, y no necesariamente judiciales.

Son carpetas electorales. En ellas, los morenistas buscarán asociar al PRIAN con corrupción, privilegios, tráfico de influencias, opacidad en la asignación de contratos, grandes mansiones y, desde luego, malos resultados de gobierno. Del otro lado harán exactamente lo mismo, pero con los expedientes que consideran más rentables contra la llamada Cuarta Transformación.

La apuesta de ambos es convertir la elección de 2027, en la que estarán en juego cargos locales y federales, en un referéndum sobre los gobiernos de María Eugenia Campos Galván, en Chihuahua, y de Claudia Sheinbaum Pardo, en el ámbito nacional.

A estas alturas ya no importa quiénes aparezcan finalmente en las boletas; eso lo decidirán más adelante, puertas adentro. Lo que comienza esta semana es la batalla por definir de quién hablarán los ciudadanos cuando entren a la casilla.

Lo curioso, si no es que simpático, es que para entonces los candidatos llegarán con una pesada carga de tomatazos lanzados desde el interior de sus propios frentes políticos.

Por eso, la campaña probablemente no consistirá en demostrar que uno es impoluto, sino en convencer al electorado de que el otro es peor.

¿Le gustan las guerras de lodo? Agárrese, porque aquí habrá de sobra. Y apenas será el principio. De Mirone se ha de acordar.

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Entre que son peras o son manzanas; entre que si ingresó la CIA a territorio chihuahuense o si en Baja California también colaboraron con “el gabacho”, acá en Chihuahua ya se sintieron los primeros golpeteos presupuestales, directos al bolsillo del Gobierno del Estado y de sus organismos descentralizados.

Una de las primeras víctimas de los rounds de tanteo que se aventaron los Gobiernos estatal y federal en abril pasado fue el programa de vivienda popular, ese que tanto pregona la 4T como uno de los grandes éxitos de su gestión, bajo el argumento de que abre la posibilidad de que las familias de menores ingresos puedan hacerse de una casa propia.

Buen intento, pero en Chihuahua los programas de vivienda impulsados desde el Gobierno del Estado se quedaron sin subsidio y, con ello, la posibilidad de comprar una casa volvió a quedar por las nubes, fuera del alcance de una familia cuyos ingresos rondan entre uno y dos salarios mínimos.

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¿Por qué la levantada de canasta? Hasta la fecha no se ha recibido una explicación, digamos, técnica, sobre esa suspensión. Lo único que queda es suponer que obedece a motivos políticos.

El programa funcionaba, hasta cierto punto, de manera sencilla: por lo regular, el organismo estatal —en Chihuahua, la Coesvi— aportaba el terreno, los servicios y la urbanización, mientras que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ponía el financiamiento.

La dupla Estado-Federación funcionaba como en pocos programas gubernamentales, pues permitía que familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos, que no tienen acceso a otros esquemas de financiamiento como Infonavit o Fovissste, pudieran adquirir una vivienda a un precio accesible.

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Lo que le contaron a Mirone es que la “ley del hielo” aplicada a Chihuahua viene de tiempo atrás, pero se convirtió en iceberg desde que estalló el conflicto por la presencia de agentes extranjeros —supuestamente de la CIA— en un operativo antinarcóticos coordinado por la Fiscalía General del Estado.

La historia es bien conocida: cómo se amagó con emprender una causa penal contra la gobernadora por el supuesto delito de traición a la patria y cómo vino el contraataque del partido gobernante en Chihuahua —digámosle por su nombre: PRIAN— con el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La guerra discursiva sigue —la “narrativa”, le llaman ahora— y, por lo visto, arreciará conforme se acerquen las fechas electorales. Mientras tanto, miles de chihuahuenses resentirán la suspensión de programas de coinversión, como el de vivienda, más “los que se acumulen esta semana”.