A propósito de que el exgobernador César Duarte se puso en el ojo público nacional por el operativo de la Conagua en su rancho El Saucito, le llegó a Mirone la información completa sobre el grupo de WhatsApp que creó el político que tiene su causa penal abierta por delitos de corrupción.

El exgobernador no nada más se ha dado vuelo paseándose por los restaurantes fifís del Distrito Uno de la capital del estado, también es muy activo en las aplicaciones de mensajería digital, tanto así que personalmente abrió su grupo de WhatsApp el pasado 25 de abril.

Ya habíamos hablado aquí de “Equipo Informa”, como nombró Duarte a su grupo de 388 miembros, pero no habíamos dado detalles sobre sus integrantes, todos compas en distintos momentos del exmandatario.

Uno por uno los agregó y ahí están varios juarenses a quienes todavía considera el exgobernador como parte de su equipo.

En el largo listado de contactos aparecen la empresaria y senadora suplente del panista Mario Vázquez, Adriana Fuentes; el recientemente designado presidente del Comité Municipal del PRI en Juárez, Alberto Reyes Rojas; el primo Nacho Duarte, exdirigente estatal tricolor y expresidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, así como el sobrino Sixto Duarte, quien hace poco fue nombrado por Alito Moreno como secretario jurídico del CEN del PRI.

Están algunos excolaboradores de su Gobierno como José Luis “El Cura” Canales y Juan Ubaldo Benavente, lo mismo que importantes funcionarios estatales en la actualidad, como Adriana Terrazas Porras y Enrique Serrano, aparte de aliados políticos de muchos años, como la exdirigente y exdiputada del Verde que ahora anda en Movimiento Ciudadano, María Ávila Serna.

Además, interactúan en el grupo el exdiputado y exdirigente local del PRI, Antonio Andreu y el exsíndico municipal tricolor, Aarón Yáñez.

También sus compas de Chihuahua y de la región de Parral, como Quique Valles y Otto Valles, el primero que ya fue candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de la capital y el segundo que corrió por el mismo cargo por el PT y Morena, en la que también es capital, pero del mundo. Igualmente aparecen los dos Miguel Jurado de Parral.

Es larga la lista de políticos, cercanos en distintos momentos al exgobernador. Incluye a algunos que fueron encarcelados en su momento como parte de los llamados Expedientes X, entre ellos el exalcalde de Chihuahua y exdirector de Obras Públicas, Javier Garfio; el ex secretario general de Gobierno, Raymundo Romero y el actual director de la Universidad Pedagógica Nacional, Christopher James Barousse.

Hay más políticos activos, como el diputado federal Tony Meléndez, candidateable por el PRI para la gubernatura en el 2027. Otros que ya no se han movido en la grilla como Rodrigo de la Rosa (acusado de estar en la nómina secreta) y Leonel de la Rosa, así como Sérbulo Lerma.

Hay otra vena interesante, a propósito de las elecciones judiciales del próximo domingo. Entre el equipo del exgobernador están Yamil Athié, Rubén Aguilar Gil y Emmanuel Chávez, los tres candidatos a magistrados del Tribunal Superior del Estado.

El primero es hijo del polifacético Kamel Athié, que hoy despacha como rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua; el segundo es parte del clan Aguilar, de los dueños del PT en Chihuahua, y el tercero es hijo de Gustavo Chávez, otro de los amigos parralenses de Duarte. Puros compas que quieren mantener el control en el Poder Judicial.

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Esto de la elección judicial no solo trae parados de cabeza a los órganos electorales, a los electores en sí y hasta a los comentócratas que ensalzan o destrozan el novedoso proceso para designar a los entogados, jueces y demás.

No. También trae como locos a los grupos hacia el interior de los partidos políticos, donde se han abierto grietas tan amplias que ya se alcanzan a apreciar a simple vista.

Contrario a lo que ha difundido la corriente corralista, el “Prian” no va en bloque a apoyar a una tanda de candidatos. Ahí andan cada quién por su cuenta. Están los prianistas de Marco Bonilla, como Roberto Fuentes, quien no tiene empacho en mantener el despacho de la Secretaría del Ayuntamiento mientras hace campaña para magistrado.

Por otro lado, anda la gente del Palacio de Gobierno. Dice el refrán popular: “juntos, pero no revueltos”. Pues estos no andan ni juntos ni revueltos. “Tú tus canicas, yo las mías, y si ganamos, allá nos veremos en la Ciudad Judicial, a ver si nos ponemos de acuerdo”, parecen decirse.

Pero donde está de a peso la fractura, no en dos sino en varios frentes es entre los 4Ts, donde cada grupo trae a su bloque de candidatos e incluso se han ocupado de hacer operación conjunta con otros frentes políticos para sacar a sus “gallos”.

Por un lado, anda Javier Corral, aliado con Andrea Chávez y Juan Carlos Loera, empujando sus cartas sin tocar base con la estructura morenista. Por otro, Cruz Pérez Cuéllar, que tiene en Rubén Aguilar Gil, “el hijo de su apá”, como principal gallo para ganar una magistratura en el máximo tribunal del estado.

Por cuenta propia, muy lejos de esos dos, anda la banda de Ariadna Montiel, la poderosa secretaria del Bienestar, quienes cada vez se distancian más de los corral-andreistas y ni qué decir de los crucistas.

Falta ya muy poco para que se devele el misterio y que sepamos quiénes serán los grupos ganones en la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial local. De ahí dependerán los acomodos de muchas piezas.

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Luego de la presentación del informe de la Comisión que revisó el desfalco de 21.5 millones de pesos en el Club Campestre, entre los principales impulsores del ejercicio, la mayor parte inconformes con los manejos que se han presentado en las tres últimas mesas directivas, permea la incredulidad de que todo lo desviado haya parado únicamente en las bolsas del administrador, Alberto Medina.

La Comisión concluyó que hubo responsabilidad del presidente del Club, del tesorero, de los tres integrantes de la Comisión de Vigilancia y hasta del auditor externo, pero hasta ahí llegó; nada más a decir que no cumplieron con lo que estaban obligados a hacer para vigilar el correcto manejo financiero, con base en los estatutos y la normatividad vigente.

El caso es que ni la mayoría de los socios, ni la mayoría de los integrantes de la Comisión, creen que haya un beneficiario solitario del desvío.

La suspicacia radica principalmente en que, para completar el desfalco de 21 millones 323 mil pesos, se tuvieron que hacer 53 transferencias bancarias. No fueron una o dos operaciones que se les hayan escapado a los directivos a quienes respondía el administrador contratado para llevar las finanzas.

Sin embargo, la Comisión nada más pudo seguir la ruta del dinero hasta la cuenta del propio administrador. Él mismo, supuestamente sin ninguna supervisión o vigilancia de nadie, se hizo todas las transferencias a su cuenta personal, desde la cuenta bancaria del Club Campestre Asociación Civil.

La pregunta que todos se hacen, es si no hubo ahí otro flujo de la cuenta del administrador, hacia un tercero o varios más, que estarían involucrados directamente en el desvío.

Sin embargo, los movimientos bancarios para establecer la ruta completa del dinero, únicamente podría revisarlos la Fiscalía General del Estado, que puede legalmente solicitar ese tipo de información por medio de sus unidades especializadas.

Quién sabe si ya tenga esa información, o si requieran de algún apoyo federal para obtenerla en la Fiscalía General del Estado. Nada se ha informado ya sobre el caso y el administrador, el único acusado directamente en la denuncia penal que interpuso el propio presidente del Club, sigue en libertad.

“Es altamente probable que un juzgador penal encuentre responsable por la comisión del delito patrimonial de administración fraudulenta, previsto y sancionado por el artículo 227 del Código Penal del Estado de Chihuahua, al señor Alberto Molina Medina, como autor material responsable directo de la sustracción y disposición indebida e ilegal de las transferencias a su cuenta personal, actualizándose los elementos del tipo penal, al tratarse de una acción delictiva que se puso en marcha través del tiempo, y en el cual, el imputado, con motivo de su trabajo como gerente administrativo, tenía a su cargo la administración de hecho de los bienes de Campestre Juárez A.C.” concluyó la Comisión en su informe.

Lo que se sabe y tampoco huele nada bien, es que el administrador repite una y otra vez, que él es el único responsable, como si ya tuviera muy ensayado el discurso o tuviera algún acuerdo previo de protección. Lo dijo ante los agentes de Fiscalía, lo mismo que ante los integrantes de la Comisión Especial.

Otro dato que ayer no mencionó Mirone cuando señaló que la Comisión encontró responsabilidad en el presidente, el tesorero, los integrantes del Comité de Vigilancia y el auditor externo, es que también señaló claramente al director general del Club, Héctor Armando Martell.

Martell era el jefe directo del administrador, igualmente, contratado por la directiva del Club, así que no podía deslindarse de su responsabilidad de vigilancia y de responder por su subordinado.

Al director general se le contrató precisamente para vigilar que todo el personal a su cargo (entre los cuales estaba Alberto Medina) realizaran su trabajo de forma adecuada. También tenía entre sus responsabilidades la de generar la información financiera para la mesa directiva y los socios del Club.

La Comisión consideró que se advierte su incumplimiento y la falta de cuidado y diligencia para los cuales se le contrató.

El caso seguirá dando mucho más de qué hablar.

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El tema del rancho El Saucito, también hizo recordar a Mirone, todas las propiedades que, durante la pasada administración estatal, se informó que tenía el exgobernador César Duarte en Estados Unidos.

Se habló entonces de 50 bienes que se intentaron recuperar, pero nada se volvió a informar del caso, aunque se había contratado un despacho especializado de abogados para tal fin.

Se supone que, en Estados Unidos, Duarte también había adquirido casas y locales comerciales, además del negocio de autopartes localizado en Miami, donde fue detenido el 8 de julio de 2020.

El despacho especializado en detectar bienes camuflados bajo figura de prestanombres, cobraría al Gobierno de Chihuahua el 30 por ciento sobre lo que se iba a recuperar.

Además de Miami, presuntamente tenía el exgobernador propiedades en Texas y Nuevo México. Hasta se llegó a decir que los gobiernos de estos dos últimos estados, tenían interés en los mismos bienes.

Sin embargo, ni en la anterior administración, ni en la actual se volvió a hablar del asunto y no se sabe qué paso con esas presuntas propiedades de Duarte.

Cuando el exgobernador Javier Corral salió a medios a hablar de El Saucito, únicamente señaló propiedades de su antecesor en Chihuahua. Habló del aseguramiento de 139 bienes como parte de la Operación Justicia, entre ellos 87 inmuebles urbanos y rurales y 52 predios rústicos que en total sumaban 37 mil 900 hectáreas.

En estos momentos tampoco hay claridad, respecto a cuántas y cuáles propiedades ha logrado recuperar Duarte con base en distintas resoluciones judiciales.