Cada día es más evidente la rivalidad entre los alcaldes de Chihuahua y Juárez, y en las mesas de café los amantes de la grilla se preguntan qué es lo que tiene Marco Bonilla contra Cruz Pérez Cuéllar, que cada que tiene oportunidad contrasta sus acciones con las del alcalde de esta frontera.

Todo empezó con una cápsula de video que lanzó el equipo de prensa de Bonilla, aquella aciaga tarde donde Juárez sufrió ataques incendiarios por parte del crimen organizado, cuando el panista quiso dejar entrever que la ciudad capital es más segura y allá supuestamente no hay de qué preocuparse, gracias al trabajo hecho en materia de seguridad pública. A esto, Cruz respondió que se trataba de dichos oportunistas.

Luego, cuando los comerciantes de Juárez anunciaron un programa de rescate y orden del primer cuadro de la ciudad en coordinación con el Municipio, que quedó hasta ahí, Bonilla puso en marcha, en caliente, un operativo de limpieza del Centro Histórico de Chihuahua. También, el miércoles pasado, Bonilla presumió el desempeño de sus policías para bajar la tasa de homicidios, algo de lo que no puede presumir todavía la ciudad fronteriza, ciertamente.

En tierras capitalinas los operadores de Bonilla se la pasan pregonando que su jefe gasta más suela que el edil juarense, para supervisar y acelerar la ejecución de políticas públicas, como en el tema de la apertura de albergues municipales las 24 horas.

Ahora, los pitonisos de la grilla estatal adelantan que el siguiente dardo contra el juarense será en el sentido de que la capital casi iguala a Juárez en la recaudación del predial en el primer mes del año, con 650 millones de pesos, contra los 729 millones ingresados a la tesorería juarense, siendo que la frontera dobla en población a la ciudad de Chihuahua.

Claro, lo que no se dice es que las condiciones de ambas ciudades en cuanto a las problemáticas sociales y urbanas no tienen punto de comparación, porque Juárez heredó acá un rezago espantoso en materia de servicios públicos y un verdadero desastre en obras inconclusas y mal ejecutadas por el gobierno corralista, lo que evidentemente dificulta la operación del Gobierno municipal entrante en todos los rubros.

Aun así, el frente está abierto y el fuego cruzado va en aumento, ahora con la difusión de encuestas de posicionamiento de sus respectivos equipos, donde ambos dicen ser los mejores del mundo mundial. Los alcaldes quieren la misma silla, pero esa silla aún se ve muy lejos para ambos, por el tiempo y por todo lo que puede pasar en ese empedrado camino.

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Siguen muy aplicados los diputados locales panistas con iniciativas de reformas para proteger a los sectores vulnerables que, por omisión o ineptitud, han sido relegados por los aparatos de procuración y administración de justicia, cuando son víctimas de violencia.

En días pasados fue la reforma al Código Penal para castigar a los funcionarios que ignoren y no dispongan medidas cautelares para proteger a las mujeres violentadas.

Ayer, tocó el turno a una iniciativa para proteger e inhibir el delito en contra de las personas adultas mayores, cuando sean objeto de violencia familiar, o los inherentes a delitos patrimoniales, muy comunes en este sector de la población.

Ahora fue el diputado Mario Vázquez Robles, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), quien presentó iniciativa de decreto ante la Diputación Permanente, a fin de que se agrave la pena de quien cometa violencia familiar en contra de adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Vázquez basó su propuesta en datos de la Organización Mundial de la Salud, que hablan de que durante la pandemia del Covid-19, se incrementaron los casos de violencia contra personas mayores de 60 años en sus entornos comunitarios.

En su exposición de motivos, informó que los delitos cometidos por violencia familiar y, muy particularmente, los relacionados a delitos patrimoniales en contra de las personas mayores, no se denuncian por miedo a quedarse solas, para no afectar a sus propios familiares o para no sufrir represalias.

La iniciativa busca reformar el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua a fin de incrementar la pena cuando se cometa violencia familiar contra persona mayor en situación de vulnerabilidad. Algo bueno debe resultar de esta propuesta, siempre y cuando no se quede en el cajón de las iniciativas y se haga cumplir una vez hecha la reforma.

Según datos del Inegi 2020, en el estado de Chihuahua hay 275 mil adultos mayores, y de estos 75 mil 647 (el 27.5 por ciento) se ubican en Ciudad Juárez, mientras que 73 mil 567 (26.7 por ciento) están en la ciudad de Chihuahua.

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Fuentes del sindicato municipal le comentan a Mirone que siguen los problemas en la prestación de los servicios médicos subrogados a la empresa chilanga Adaca Medical.

De acuerdo con estas versiones, se supone que el departamento de recursos humanos de Adaca quiere contratar médicos especialistas en diferentes ramas de la medicina y que no han podido amarrar uno solo, porque les estarían ofreciendo el sueldo mensual de 10 mil pesos, cifra que es inferior a lo que gana un médico general recién egresado. Así, los sindicalizados consideran que la empresa pretende sacrificar la calidad de la atención para no perder sus jugosas ganancias.

Cuestionado al respecto, Alfredo Carranza, representante legal de Adaca, negó rotundamente estas versiones, y dice que en ningún momento se han ofrecido tales cantidades de sueldo a un especialista médico, ya que él conoce perfectamente el mercado de la salud y los sueldos relacionados con este ámbito.

Sin embargo, desde el sindicato insisten en que no se está prestando un buen nivel de atención para los derechohabientes, ya que, como botón de muestra, el pasado 23 de enero, una empleada de 63 años de edad fue derivada del call center de Adaca, a la Clínica Médica Especializada, una de las subcontratadas por la empresa en cuestión, pero como en esta no tenían el equipo necesario para realizar unas transfusiones que requería la paciente, porque iba en estado delicado, la mandaron a Star Médica.

Ahí no habría terminado el viacrucis de la empleada, identificada únicamente con el apellido González, sino que sus parientes tuvieron que ir a tramitar la autorización de la Dirección Municipal de Salud y de Adaca, para que fuera recibida y atendida en el prestigiado hospital.

Al respecto, Carranza, representante de Adaca, dice que en estos momentos se experimenta un proceso natural de adaptación y ajustes para la prestación de los nuevos servicios médicos, ya que en algunos casos algunas personas quieren saltarse procedimientos e ir directo con un especialista sin haber visto primero a un médico general, entre otras situaciones que, considera, se irán acomodando conforme la información y los procesos vayan quedando más claros para los usuarios.

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Para presentar a Adaca como la mejor opción para la prestación de servicios médicos para los empleados del Municipio, hasta un conferencista enviaron el viernes de la semana pasada, para explicarle a los regidores todo acerca de sus servicios.

El galeno, que de entrada les aclaró a los ediles que no era el responsable médico de Adaca y que solo fue contratado para explicarles las bondades de un servicio médico subrogado con esta firma, al parecer no les despejó muchas dudas.

Por lo mismo, los regidores se fueron saliendo de la conferencia y, al final de cuentas, se quedaron únicamente los integrantes de la fracción morenista, así como el secretario del Ayuntamiento Héctor Ortiz y la directora de salud, Daphne Santana.

El abogado del Municipio les reprochó su salida, cuando les dijo que nada les parecía bien, sobre todo a los panistas.

Con más razón, los ediles inconformes justificaron su salida con el argumento de que “se   contrató con Adaca un servicio médico de calidad, no conferencistas rolleros”.