La precoz efervescencia política en Chihuahua rumbo al 2027 abrirá un capítulo más la próxima semana, cuando se anuncie el lanzamiento de “Amor por Chihuahua”, organización integrada por morenistas afines a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.

Ya está agendado el evento masivo para el jueves 27 de febrero, para presentar públicamente la plataforma pensada en el proyecto encabezado por Ariadna para lo que pueda venir. Lo mismo si es ella la apuesta o si va el equipo con otras opciones para la gubernatura.

Supo Mirone que prácticamente operará como una estructura territorial morenista alterna a la que encabeza la presidenta Brighite Granados de la Rosa. Como Brighite puso distancia entre Montiel y los suyos para alinearse al juego que traen Juan Carlos Loera y Andrea Chávez, no perdió tiempo la poderosa secretaria de Bienestar para idear un mecanismo propio de operación política.

La misma Ariadna es la invitada especial al evento de la organización que en el nombre sintetiza muy bien sus quereres. Así como en torno al alcalde Cruz Pérez Cuéllar se armó el Frente 4T o la División del Norte apuntaló a Juan Carlos Loera, “Amor por Chihuahua” trabajará el proyecto de Montiel.

Tampoco van a batallar para que funcione la organización. Muchos cuadros y militantes morenistas no han dejado de rendirle cuentas al equipo, aunque la presidencia formal esté en manos de Brighite Granados. Además, tienen la estructura de Bienestar para apuntalarse, con presencia, operadores y aliados en todos los distritos.

Ya dieron una probadita de lo que pueden hacer en todo el mes de enero y parte de febrero. Varios liderazgos del equipo montielista, por camino completamente aparte de la dirigencia estatal, armaron un megaoperativo de entrega de miles de cobijas por todo el estado.

Figuras muy activas como Ulises Ramírez y Miguel Rubio (el exalcalde de Aldama) trabajaron en toda la región centro y sur del estado. Dejaron evidencia en redes sobre esa chamba, donde ya estrenaron manta y hasta hashtag de #AmorPorChihuahua. Lo mismo hizo la exdiputada América García en todo el noroeste, antes de ser nombrada como directora regional de Bienestar en Nuevo Casas Grandes.

Muchos otros liderazgos más se dieron vuelo en pleno invierno en la Sierra Tarahumara, toda la región preferida de la secretaria Montiel. Hubo ahí mucha lana para las cobijas que se repartieron a todo el que atendió el llamado morenista. Ni ese dinero ni ese producto pasó por las manos de Brighite Granados que en ese mismo tiempo hizo recorridos en municipios, pero para iniciar la campaña nacional de afiliación y credencialización.

No llevó Brighite cobijas por delante, como sí lo hicieron los operadores adelantados de “Amor por Chihuahua”, quienes tampoco se quitaron sus chalecos guindas de Morena, cuando aprovecharon el viaje para anotar los datos de los beneficiarios. Ya se puede adelantar de qué base están partiendo si hablamos de su padrón. También quedó el registro de esa actividad en varias publicaciones.

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Los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana son conquistas ganadas a pulso frente a la ancestral cerrazón y falta de escucha por parte de quienes son autoridad y deben tomar decisiones de interés público e impacto para toda la población.

Por eso es preocupante lo que está ocurriendo en la Dirección de Participación Ciudadana, cuyo titular, Sebastián Aguilera, pareciera trabajar no para favorecer esa participación, sino para bloquearla.

Al menos así lo sienten las Organizaciones de la Sociedad Civil que han trabajado por años en esta agenda por una democracia participativa, bien apalancada en la transparencia y la rendición de cuentas.

Primero fue el tema de las Audiencias Públicas. Al menos cuatro fueron solicitadas por colectivos que querían explicaciones de cuatro distintos proyectos. Aguilera nomás fue intermediario para hacer las solicitudes, las cuales fueron bateadas por todos los funcionarios. 

El director de Participación Ciudadana se quitó la bronca señalando que no era su decisión, pero igual, en nada ayudó su gestión para hacer que los titulares de las dependencias atendieran las peticiones ciudadanas.

Después, se presentó la descortesía en contra del Consejo Consultivo de Participación Ciudadano del cual el funcionario es secretario técnico. Pudiendo haber realizado la sesión ordinaria mensual antes del 12 de febrero, Aguilera hizo la convocatoria para ese día, nada más para declarar la sesión sin cuórum.

Para esa fecha ya estaba vencido el periodo de tres años para el cual habían sido designados Abelamar Chacón, Laura Antillón y Claudia Arreola. Pero nada dijo ni nada previó Aguilera, convocó a todos nomás para decirles que los tres ya no eran consejeros y que se cancelaba la sesión. Al final de ese fallido encuentro, tampoco quiso dar la voz, y de fea manera, a un ciudadano que pidió tomar la palabra.

Luego, ya cuando se realizó la sesión el pasado viernes, también intentó negar la participación de consejeros con el argumento de que no se habían registrado previamente, cuando anteriormente ese no había sido impedimento para participar. De esa sesión, varios integrantes ciudadanos del Consejo salieron echando chispas, ante el trato que consideraron grosero por parte del funcionario.

La Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil tuvo que salir a dar posicionamiento público sobre el tema para señalar que “se trata de una actitud poco respetuosa y profesional” del funcionario, además de demandar que la renovación de las consejerías vacantes se realice de forma escalonada “y no abruptamente como ocurrió el pasado miércoles”.

“Lamentablemente, observamos con preocupación que prácticas como la descrita son recurrentes en espacios que deberían promover y garantizar el derecho humano a la participación. Como ejemplo podemos señalar las recientes negativas a la realización de Audiencias Públicas y frecuentes obstrucciones a la participación ciudadana en el Cabildo”, expuso el colectivo en una carta abierta.

El caso es que el novel funcionario ya se echó encima a las organizaciones más combativas, justo las que hicieron posible que existieran por disposición legal los instrumentos de democracia participativa, todo el andamiaje que dio pie la creación de la propia Dirección de Participación Ciudadana.

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En el proceso para elegir consejeros del Club Campestre se puso interesante la medición de fuerzas entre las dos planillas: Tu Voz y Renovación y Experiencia.

Le fue bastante bien el fin de semana a la planilla Tu Voz, cuando montó en los jardines del Club un ring de lucha libre. No es que se quisieran agarrar a guamazos con sus adversarios, fue ese el espectáculo principal de promoción entre los socios, rumbo a la elección del 25 de febrero.

Uno de los apoyadores, Oswaldo Kuchle se puso guapo y patrocinó la función con ese espectáculo-negocio que conoce muy bien como promotor.

Hubo comida y bebida sin límite y en general no faltaron patrocinios con quienes apoyan a la planilla, como Fernando Fuentes, el dueño de Gazpro que ya patrocinó algunas obras en la actual administración, o los expresidentes del Club, Marko Otero y Hugo Venzor.

Tuvo muy buena convocatoria el convivio bajo las carpas patrocinadas por Alejandro Seade. Fue un ambiente estrictamente familiar y varios de los consejeros candidatos pudieron aventarse su respectivo speech.

Las fotos del evento ahora son usadas como parte de la propaganda para pedir el voto para “que nadie nos quite lo que merecemos”.

Por el lado de la planilla Renovación y Experiencia, gestada ante las molestias con los manejos de las tres últimas administraciones, tendrán su propio convivio-mitin el próximo sábado. Ya vieron qué pudo hacer Tu Voz, así que van por superar el reto para ganar simpatías y, lo más importante, el voto de los socios.

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En muchos sentidos se está haciendo historia en torno al primer proceso para elegir jueces y magistrados estatales por medio del voto popular, lo mismo que está ocurriendo a nivel federal.

Por primera vez, el Tribunal Estatal Electoral le entró de lleno al proceso en curso y resolvió ya 27 impugnaciones.

Específicamente hablamos de Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía (JDC). Se trata del mecanismo de control constitucional de los actos u omisiones de las autoridades electorales que busca tutelar los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Es el recurso que están utilizando los aspirantes que consideraron que fueron rasurados indebidamente por los Comités de Evaluación que se instalaron en cada uno de los tres poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo). Los comités (integrados cada uno por cinco personas) son responsables de filtrar en primera instancia el cumplimiento de requisitos de la convocatoria y luego hacer las evaluaciones de idoneidad para seleccionar los mejores perfiles. También les corresponderá hacer las insaculaciones para definir los nombres de quienes pasarán a las boletas electorales.

El Tribunal bateó un par de las impugnaciones, o sea que validó las decisiones de los Comités respecto a quienes no cumplieron requisitos o no entregaron la documentación requerida.

Sin embargo, en el resto, o sea la gran mayoría de los medios de impugnación, ordenó a los Comités de Evaluación respectivos (del Judicial y del Ejecutivo) emitir una nueva determinación donde fundamenten y precisen las razones jurídicas para excluir a los aspirantes dentro de sus listados de personas que cumplieron con los requisitos de elegibilidad.

Ya habíamos dicho aquí que el trabajo de parte del Poder Legislativo había sido más incluyente porque casi no rasuró nombres, distinto a lo que pasó en los comités del Ejecutivo y Legislativo.

Precisamente está ocurriendo que la gran mayoría de los recursos JDC se enderezaron en contra de los dos Poderes señalados.

Algunos de los aspirantes presentaron demandas por separado contra los comités del Ejecutivo y el Judicial, otros lo hicieron en una sola impugnación.

Deberá el Tribunal apurarse a sacar todos los pendientes, porque el proceso de evaluación para sacar los mejores perfiles debe continuar a marchas forzadas. Todo el trabajo de los comités deberá concluir el 21 de febrero.