Es larga la cadena de omisiones en torno al crematorio del horror descubierto en esta frontera.

Aparte de la deshumanización o hasta del comportamiento sociópata de las personas propietarias o que trabajaban en el lugar donde se almacenaron los 383 cuerpos, hay una increíble serie de negligencias de múltiples autoridades que permitieron, por omisión o corrupción, que eso pasara, por lo que bien podría hablarse aquí de otro crimen de Estado.

En esta historia de abulia acumulada, hay un hecho fundamental que se debe recuperar para dimensionar la falla estructural de los responsables gubernamentales de verificar el correcto funcionamiento de cualquier establecimiento y en particular de uno que tiene que atender reglamentaciones sanitarias.

En junio de 2020, el crematorio de la colonia Granjas Polo Gamboa fue clausurado por la Dirección de Protección Civil Municipal, luego de atender una denuncia de vecinos por una supuesta cremación clandestina de cadáveres.

Desde entonces se quejaban de los olores nauseabundos y de los humos que permanentemente salían de su chimenea. Los periodistas de Norte Digital tomaron entonces las imágenes del humo del incinerador y percibieron los olores en campo.

El 7 de junio fue la primera visita de un grupo de periodistas que atendió la queja ciudadana, sin que se conociera qué pasaba ahí adentro. Desde entonces estaba en el patio la misma carroza negra en la que ahora se encontró un cuerpo abandonado.

El 8 de junio, acudió personal de Protección Civil al lugar y estuvo varias horas en el exterior sin tener acceso al inmueble y esperando que llegara o saliera del lugar alguna persona que los atendiera por parte del negocio que ahí operaba.

Colocaron en las puertas anuncios de una visita de inspección con número de oficio 3521, firmada por el titular de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza.

En esos dos días, Norte Digital pudo documentar que entraban y salían camionetas no rotuladas, presumiblemente con cuerpos, tal como habían denunciado vecinos. Hay fotografías de una camioneta ingresando y una van en su interior con el nombre en un cristal de Funerales Paraíso.

La clausura se dio el 9 de junio, presumiblemente después de una inspección al inmueble. El oficio llevaba el número 3542 y el sello el 058. También llevaban los documentos la firma de Matamoros Barraza. El motivo fue la “falta de medidas de seguridad”.

En ningún momento en esos días, se vio allí a personal de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coespris).

Sin embargo, en entrevista telefónica, el director de Protección Civil señaló que, aunque hubo clausura, también hubo acuerdo con Coespris y los operadores del crematorio que se negó a identificar para permitir la quema de “siete, ocho” cadáveres que había en el interior y limpiar el lugar para poder entrar al negocio, dado que “el olor era insoportable”.

Así que Coespris tenía el antecedente sobre la operación de ese crematorio desde el 2020.

Por lo visto, ni Protección Civil ni esa instancia de control sanitario hicieron inspecciones a fondo o si las hicieron y encontraron las irregularidades, no actuaron en consecuencia.

El segundo día en que algunos periodistas estuvieron en el lugar, el 8 de junio, cuando los inspectores de Protección Civil dejaron el sitio luego de colocar citatorios y avisos de inspección, del interior del crematorio salió una persona adulta mayor, que trabajaba como el operador del incinerador. Él hizo las primeras revelaciones impactantes de lo que ya pasaba ahí adentro.

Dijo que había unos cien cuerpos acumulados. Con la pandemia de Covid 19, el crematorio había sido rebasado. Estaba por renunciar, ya que un ayudante había sido despedido y él no podía llevar todos los cuerpos al crematorio.

No únicamente por el peso, también por el estado de descomposición. Utilizó una expresión a la que recurren quienes trabajan en funerarias o incluso agentes policiacos cuando tratan o encuentran un cadáver en putrefacción: “es un caldito de arroz”. Se deshace y abundan los gusanos en su interior.

Antes de la pandemia, él y su ayudante quemaban de cuatro a diez cuerpos a la semana. En ese momento, no era ni media semana y ya habían cremado 47. Servía el horno, pero no el cuarto de refrigeración, por eso los olores que se percibían a la distancia.

De escalofrío también lo que contó en cuanto a la solución que su patrón le dio cuando señaló su imposibilidad para cargar los cadáveres: le entregó una sierra para mutilarlos.

Por eso adelantó que ya no seguiría en ese trabajó y regresaría a la gasolinera donde antes laboraba.

¿Qué pasó después? Ya nada se supo. Hasta cinco años después, cuando otra denuncia vecinal reportó al 911 lo mismo: movimiento de cadáveres y olores nauseabundos.

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En la audiencia de formulación de imputación a los dos detenidos por el caso, el dueño identificado como José Luis A.C., y su trabajador, Facundo Teófilo M.R., se enunciaron las omisiones documentadas en las que habría caído la Coespris, previo al macabro hallazgo.

Esa instancia no había inspeccionado el crematorio desde el 7 de marzo del 2022. Así lo hizo saber al agente del Ministerio Público, el titular de Coespris, Luis Carlos Tarín Villamar, a través del oficio 2403/2025, según lo que se dio a conocer al Tribunal de Control.

Se supone que esa verificación sanitaria (de hace tres años y tres meses) se realizó como parte de una comprobación de correcciones de irregularidades derivadas de un acta anterior.

Si acaso se hizo la inspección física en esos dos momentos, ¿cómo es que no se detectó el acumulamiento ilegal de cadáveres?

Esa información enviada en documentos oficiales contrasta con las declaraciones en la conferencia de prensa realizada un día después de que se hizo público el hallazgo, cuando Tarín dijo que el crematorio se había inspeccionado en febrero de este año y que estaba funcionando de acuerdo con la norma.

Aseguró que se hacían revisiones “muy seguido”, e incluso mencionó y confirmó el antecedente de 2020, ya que dijo que el establecimiento fue sancionado ese año, aunque no especificó de qué manera.

El viernes 27 de junio justificó la presencia de decenas de cadáveres, porque “el trabajo” había sobrepasado a los responsables del negocio.

En la audiencia también se indicó que Tarín presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal y pidió la intervención de esa autoridad, reconociendo que la situación en el crematorio Plenitud rebasaba sus facultades.

Evidentemente, la Coespris había sido rebasada, pero, por lo conocido hasta hoy, desde que se archivó aquel expediente del 2020 al que nadie dio seguimiento.

No queda claro si los traslados de los cuerpos hasta el crematorio, los hacían los establecimientos funerarios que contrataban el servicio de esa empresa, o el propio crematorio los recogía, pero es increíble que nunca hayan verificado el manejo que se hacía de los cuerpos y la disposición u origen de las cenizas que las funerarias entregaban a las familias. Cobraron, y caro, por ese servicio.

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Tampoco es creíble que el movimiento de vehículos en el crematorio, el manejo de cuerpos, el tema de los olores o de los humos cuando sí había incineraciones, jamás se haya detectado en los patrullajes policiacos de todos los órdenes de Gobierno en aquella zona.

Nadie detectó nada y tuvo que haber denuncias públicas, tanto en el 2020 como en el 2025, para que hasta ahí llegaran los agentes municipales primero, y luego los estatales. El crematorio nunca dejó de recibir cuerpos en todo ese tiempo y jamás se reportó alguna otra intervención policial.

En el oficio 2401/2025, entregado a las autoridades prejudiciales por el titular de Coespris, se informó del hallazgo de los cuerpos, así como de restos corporales, ropa, fauna nociva y documentación de los años 2022, 2023, 2024 y 2025.

La Coespris reportó que, ahora sí (después de al menos cinco años de operar de manera ilegal) se procedía a una suspensión total de la instalación crematoria, debido a un manejo inapropiado de cadáveres, malas prácticas de higiene, falta de funcionamiento de dos cámaras de refrigeración y el horno crematorio fuera de operación.

Las fotos tomadas por Fiscalía que se filtraron a medios, muestran los cadáveres en distinto grado de descomposición amontonados, apilados como cualquier desecho, carcomidos, con objetos encima, con escurrimientos en los pisos, mesas y paredes que parecen nunca haber sido sometidos a procesos de limpieza y desinfección.

Las instalaciones no contaban con servicio de energía eléctrica, tampoco con agua potable y gas.

En la exposición de la representación social ante el juez de Control, cuando se hizo la imputación de los dos detenidos, se detalló que entre los cuerpos en descomposición había fauna nociva, como ratones, y que el sitio no contaba con un control sanitario, lo que representa un riesgo de salud para la población juarense, principalmente para las personas que viven o trabajan cerca del negocio.

“Los cuerpos estaban en completo estado de descomposición, sin ningún control sanitario. La acción recayó en almacenar los cadáveres (…) y las condiciones insalubres, indignas, una falta de respeto a los restos cadavéricos, roedores encima de los cadáveres, un riesgo sanitario para la comunidad, sin una medida para prevenir afectaciones para la salud pública”, explicó el agente del MP.

En esa audiencia, los detenidos fueron acusados de ocultar los cuerpos sin autorización y conservarlos ilícitamente. A los dos se les impuso la medida cautelar de prisión justificada por un plazo de un año.

José Luis A.C., de 37 años, dijo que es dueño, junto con su familia, del crematorio en el que empezó a participar en 2020. Después de la muerte de su padre, Luis Arturo Arellano Barnola, en 2023, se quedó al frente del negocio.

Él mismo dijo que el empleado, Facundo Teófilo, estaba encargado del crematorio desde hace cinco años, dato que coincide con las declaraciones que en 2020 hizo el operador anterior a Norte Digital, cuando se realizó la anterior clausura que resultó simulada.

Entre todos los antecedentes leídos ante el juez, también se señaló que había un dictamen de impacto ambiental vencido desde el 2023.

Ese dictamen, otorgado el 22 de febrero del 2022, corresponde a la Dirección de Ecología Municipal, a cargo de René Díaz Gutiérrez.

Tampoco esa dependencia vio nada ahí cuando hizo la inspección y nunca volvió al lugar, aunque estuvo funcionando otros tres años más. Todo ese tiempo operó sin permiso ambiental vigente.

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Cuando el fiscal formuló la acusación, habló de la conducta delictiva que se prolongó desde el 7 de marzo del 2022 al 27 de junio de 2025, aunque por el antecedente del 2020 y las declaraciones que ahí realizó un trabajador (que no es el mismo que ahora fue detenido), el acumulamiento y ocultamiento de cuerpos viene de más atrás.

Los hechos fueron clasificados como el delito contemplado en el artículo 202, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, y el ilícito federal establecido en el apartado 462, fracción I, de la Ley General de Salud.

“Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de 30 a 90 días multa, a quien”, indica el artículo 202. En la fracción I dice: “oculte, destruya o sepulte un cadáver, feto o restos humanos, sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan el Código Civil o las leyes especiales”.

En cuanto a la norma federal, el artículo 462 señala que “se impondrán de seis a 17 años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a 17 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate”, a quien “ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos”.

Precisamente porque hay materia que tiene que ver con la Ley General de Salud y otras reglamentaciones para el manejo de cadáveres, es que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se suma a la lista de dependencias gubernamentales omisas.

Tiene responsabilidad, aunque la legislación delegue facultades en materia sanitaria a la Comisión Estatal. Como instancia superior responsable de hacer cumplir los máximos ordenamientos federales, no puede desatenderse.

Aquí, ninguna representación federal ha dicho nada sobre cómo se asegura que las instancias estales cumplan con sus obligaciones de ley en la materia.

Por lo visto, hay un gran vacío que no se ha regulado debidamente para evitar que pase lo que acá ocurrió frente a esa cadena de omisiones.

Incluso, podríamos hablar de obsolescencia de la norma. Resulta que existe un Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos que se emitió en febrero de 1985.

La última reforma data de marzo de 2014, hace 11 años, aunque no se tocó lo relativo a la disposición de cadáveres.

Así que más allá del castigo que merecen los operadores de la empresa crematoria, no son los particulares o las empresas los únicos responsables de ese trato indigno e inhumano que recibieron los cuerpos y del daño moral que enfrentan sus familiares.

Hay negligencia criminal y falta de la debida diligencia en las representaciones de distintas dependencias en los tres órdenes de Gobierno. El Estado mexicano en su conjunto. Pudieron haber evitado que creciera a esos niveles dantescos el manejo de los cuerpos, pero todos fueron omisos en sus revisiones y protocolos.

El nivel de violaciones de derechos humanos es tal, que seguramente podría proceder una denuncia ante organismos internacionales. Todo el entramado institucional le falló otra vez a los juarenses y hay omisiones que se convierten hoy en crimen de Estado.