La Junta de Coordinación Política (Jucopo) que en el Congreso del Estado encabeza el panista Alfredo Chávez, le deberá entrar esta semana a resolver el atorón en la elección de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Luego del revés que sufrieron el bloque mayoritario y la aspirante Georgina Bujanda cuando no lograron obtener el voto 22, necesario para la mayoría calificada, lo que sigue ahora es volver a presentar una terna, originada del mismo listado de 25 aspirantes que atendieron la convocatoria y cumplieron todos los requisitos de elegibilidad.

La legislación marca claramente que se debe recurrir al mismo listado, con el candado de que al menos dos sean nombres que no hayan ido en la terna fracasada. Dice “al menos”, así que bien pueden ser los tres nombres nuevos. Aunque, ciertamente, abre la posibilidad de que uno de los nombres repita.

Después de eso, en caso de que otra vez alguno de los tres nombres de la terna no lograra el consenso de la mayoría calificada, no dice nada más la ley. No marca otra salida, por lo que la única posibilidad, sería que de nuevo se lanzara una convocatoria.

Claro, también puede pasar que decidiera la Jucopo no moverle a ninguna convocatoria nueva y dejar que el actual encargado de despacho, Alejandro Carrasco, siguiera en el cargo, lo que parece no venirle nada mal al bloque del PRIAN que se siente conforme con el interino. Incluso podría decirse que Carrasco es su Plan B, no por nada lo sobrevaloraron a la hora de darle calificaciones y lo colocaron en el segundo lugar de la lista. No lo metieron en la primera terna, quizás para reservarlo para la segunda.

Sin embargo, Carrasco también fue ya descalificado por Morena, justo por el tema de las calificaciones a modo. También, porque los guindas insisten en que la CEDH debe de ser presidida por una mujer, luego de siete gestiones encabezadas, todas, por hombres.

El Grupo Parlamentario de Morena no se quedará de brazos cruzados si en la Jucopo intentarán nadar de muertito, tampoco si fuera Carrasco la apuesta en la segunda terna que, conforme a la ley, debe de presentarse. Nunca le darían el voto 22.

Así que en esos escenarios parece que no queda otra que el arreglo político en la Jucopo, con un nuevo perfil que sí genere el consenso que marca la ley para la designación en el Pleno del Congreso del Estado.

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Entre los grupos vecinales y distintos actores que siguen el proceso del Presupuesto Participativo, ha generado mucha polémica el proyecto 833.

Resulta que los promotores andan en el negocio del transporte en plataformas como Uber y Didi. El número 833 es nombrado como “Viajemos Seguros”, y busca equipar 500 vehículos con GPS, botones de pánico y cámaras conectadas al CERI para crear una red digital de monitoreo.

No suena nada mal la protección para conductores y para usuarios de aplicaciones, menos cuando hay un largo historial de víctimas de la violencia, cuyos hechos, además de enlutar familias e impactar a la comunidad, generalmente quedan impunes.

Sin embargo, quienes han cuestionado el proyecto, lo que señalan es que la inversión municipal iría directamente sobre un bien privado, no público, en este caso los vehículos de las plataformas, además, para impulsar un negocio, igualmente, de carácter privado.

Por lo pronto, ya supo Mirone que quienes hacen contraloría social y promueven la participación Ciudadana desde la Asociación Civil Plan Estratégico de Juárez, llevarán las observaciones y los cuestionamientos respecto a ese proyecto a la sesión del próximo jueves de la Comisión de Participación Ciudadana, la que coordina el regidor panista, Alejandro Jiménez.

En general, en este proceso electivo hay bastante inquietud porque distintos actores políticos o funcionarios públicos están apareciendo como “padrinos” o “madrinas” de algunos proyectos.

Está interesante porque de alguna manera se aviva la participación, pero hay quienes consideran que esa situación genera un piso disparejo en la elección, sobre todo en los casos en que los padrinazgos vienen de los propios funcionarios municipales, que de alguna manera se colocan en un conflicto de interés.

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El Consejo Nacional de Morena se compone por 364 integrantes, de los cuales de los cuales 200 son electos en el Congreso Nacional Ordinario y 100 lo componen los 32 presidentes, secretarios generales y secretarios de Organización de los Comités Estatales, así como el presidente, secretario General y secretario de Organización del CEN de Morena.  Los otros 64 integrantes son gobernadoras, gobernadores, dirigentes nacionales y otros referentes eméritos.

Todos estuvieron ayer en la sesión realizada en Ciudad de México, donde finalmente fue leída la carta de la presidenta Claudia Sheinbaum en la que solicitó reglas claras para que no se adelanten quienes aspiran a los cargos de elección popular en el 2027, particularmente en torno a las gubernaturas en juego en 16 estados.

No hay que olvidar que el tema lo puso la presidenta sobre la mesa, a partir de la polémica que se generó por la presunta campaña adelantada de Andrea Chávez en Chihuahua, quien además fue acusada de recibir financiamiento ilegal para desplegar sus unidades médicas.

También se aprobó ayer por el Consejo, que Morena desterrará desde ya y rumbo al 2027, el nepotismo para las candidaturas, luego de que los legisladores mandaron la prohibición expresa de heredar candidaturas a familiares hasta el 2030.

Le tocó a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, resumir después del consejo los lineamientos que también buscan que los gobernantes guindas se comprometan a la austeridad republicana y que se destierren colusiones con la delincuencia organizada y de cuello blanco.

“Que se respeten los tiempos de los procesos internos y electorales, que las campañas sean a ras de tierra, casa por casa, convenciendo al pueblo, y no haciendo derroche de recursos económicos en espectaculares”, lanzó Alcalde respecto a la esencia de lo solicitado por Sheinbaum.

A partir de ahí, se marcaron cinco lineamientos relacionados con la austeridad republicana y la vocación de servir, donde se habla de la sobriedad, la humildad y la honestidad.

Se establecieron conductas contrarias a estos principios, como el uso indebido de recursos públicos, la renta de aviones privados, de vehículos blindados, de turismo político injustificado, de ostentación de joyas, ropa de marca, autos, restaurantes de lujo, de prepotencias o humillación, o la realización de eventos ostentosos, ya sean públicos o privados.

Así que allá anduvieron, para escuchar los lineamientos que deberán acatar, distintas figuras morenistas por Chihuahua, como la senadora Andrea Chávez, el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, el senador Juan Carlos Loera, la dirigente estatal Brighite Granados de la Rosa y el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Chihuahua, Benjamín Carrera.

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“Pedimos que se nos escuche, que se reconozca el sufrimiento que hemos vivido y que se actúe con responsabilidad para garantizar nuestros derechos; no queremos seguir viviendo en el olvido ni en la incertidumbre”, dijeron ayer quienes participaron en el Encuentro Estatal de Personas Desplazadas por la Violencia.

Ahí estuvieron en la Plaza Hidalgo y también se manifestaron frente a la Torre Legislativa, las y los integrantes de distintas comunidades indígenas que son víctimas de desplazamiento forzado y que luchan por visibilizar el problema que por varios años no ha sido debidamente atendido por ninguna autoridad, de ningún nivel de Gobierno.

“Queremos reconstruir nuestras vidas, con seguridad, dignidad y paz. Es hora de que las autoridades asuman su deber y respondan con hechos, para que nuestras comunidades puedan sanar y volver a florecer”, insistieron quienes participaron en el encuentro que duró dos días en la ciudad de Chihuahua.

Es una verdadera tragedia lo que les ha ocurrido a familias de La Sierrita, El Vergel y Coloradas de la Virgen , en Guadalupe y Calvo; en El Manzano, municipio de Uruachi o Monterde en Guazapares. Lo mismo que en comunidades de Parral y Balleza.

Algunas fueron desplazadas desde hace más de 15  años, a causa de la disputa violenta entre grupos armados que toman el control del territorio y los vuelven víctimas de distintas violencias.

Las y los desplazados han sufrido el asesinato de familiares y vecinos, reclutamiento forzado de los jóvenes, golpizas, amenazas, violaciones, quema de viviendas, criminalización, burlas y despojo de tierras, además de desapariciones.

El caso es que no han encontrado justicia y tampoco pueden recuperar su vida. Ahora exigen a la autoridad que se garanticen condiciones de seguridad para todas las familias y que se investigue, detenga y procese a los responsables de toda la violencia que han sufrido.

Piden un retorno seguro, y si este no es viable, que se les reubique en una vivienda o terreno donde puedan sembrar, con un espacio suficiente, y donde puedan vivir conforme a sus tradiciones.

Por lo pronto, exigieron una mesa de trabajo con el Gobierno en un plazo no mayor de 15 días. Como ya va siendo tiempo de que se les escuche y se les atiendan sus demandas.