Muy corta se quedó la síndica municipal, Ana Carmen Estrada, ahora que le correspondió cumplir con la ley y entregar su primer informe trimestral de actividades.
Tenía curiosidad Mirone sobre qué reportaría en su función de vigilar el uso correcto de los recursos públicos en el Gobierno Municipal, por aquello de que forma parte del mismo grupo morenista en el poder y trae proyectos políticos comunes.
Como era de esperarse, no le dio patadas al pesebre y se evidenció como una síndica pasalona, si hablamos de fiscalizar las obras municipales e inhibir cualquier riesgo de corrupción en el manejo de los dineros y los bienes que les pertenecen a todos los juarenses.
Ni una sola observación tuvo, para ningún funcionario, aunque se supone que por medio de la Dirección de Auditoría Jurídica y Obra Pública, se inspeccionaron 81 proyectos de obra pública.
En su informe, básicamente identificó en 56 páginas (de la 51 a la 107) datos de los contratos de obra pública, como el valor de los mismos, los procedimientos de contratación y los trabajos ejecutados.
Nada encontró irregular y nada señaló. Aunque fuera una mínima recomendación. Ana Estrada se limitó a señalar que los auditores bajo su cargo inspeccionaron los proyectos en el sitio de su ejecución, además de publicar una lista pormenorizada de cada contrato. Puros datos. Ninguna valoración de los auditores.
Tampoco en cuanto al trabajo de Auditoría Contable. Únicamente presentó un análisis de los estados financieros de los organismos o institutos descentralizados. Aunque identificó a cada una de las entidades, no informó los montos de los recursos autorizados y ejercidos durante el periodo “revisado”.
Reportó además que hizo la revisión de los ingresos y egresos municipales, pero nada observó, ni siquiera en los procesos en los que se otorgan descuentos a los contribuyentes que pagan licencias, permisos e impuestos.
En cambio, en el documento de 107 páginas impresas por ambos lados, sí dedicó un espacio a identificar las reuniones de las Comisión del Ayuntamiento a las que asistió en los últimos tres meses. Parece que hace más trabajo de regidora (lo fue en el trienio pasado), que de síndica.
No nada más en las cuestiones de fondo se vio mal. También en la forma. Únicamente entregó versiones impresas de su informe a los regidores, además del alcalde. Pero ni subió el reporte a la página oficial del Gobierno Municipal. Tampoco entregó información alguna a los medios. No pareció preocuparse por la difusión de su informe.
La única parte que reportó observaciones (al menos sobre las malas condiciones de la infraestructura), está en la parte de una auditoría al estado de las instalaciones bajo la administración del Instituto Municipal del Deporte de Juárez.
Los auditores dieron cuenta del deterioro encontrado en múltiples inmuebles como el estadio de beisbol Jaime Canales Lira, Estadio 20 de Noviembre, Lienzo Charro López Mateos, Unidades de Tenis de El Chamizal, Parque Municipal Extremo, Ciclopista Pablo Darancou, Gimnasio Josué “Neri” Santos, Gimnasio Auza Prieto, Parque Deportivo y Recreativo Revolución, Alberca Semiolímpica Lolita Gómez, Gimnasio Municipal Ignacio Allende, Gimnasio Municipal Urbano Zea, Polideportivo La Montada, Gimnasio Municipal Fernando Tiscareño, Gimnasio Municipal Kiki Romero, Polideportivo Revolución.
No se tiró a fondo, pero ahí quedó en listado, de perdida, lo que se ve mal en infinidad de inmuebles deportivos municipales.
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Por distintos rumbos han rebotado los comentarios en torno al nombramiento del exdiputado morenista, Benjamín Carrera Chávez, como delegado en Chihuahua de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del Gobierno Federal.
Así que no todo lo que ocurre en el estado con el Gobierno federal pasa por Ariadna Montiel, la secretaria de Bienestar a la que le da por sentirse dueña de la política de la 4T en Chihuahua.
Carrera terminó excomulgado del equipo montielista, aunque prácticamente durante sus dos periodos en el Congreso del Estado se cuadraba a los designios de la poderosa secretaria.
Fundador de Morena, hizo valer sus méritos propios y su conexión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum (con quien le unió su perfil de académico e investigador, además del activismo político) y podrá despachar en los temas que son de su especialización profesional.
Carrera se separó del grupo que controla el Congreso del Estado, al mismo tiempo que se dio el quiebre de la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, con la jefa Montiel. Tanto Benjamín como el todavía diputado Óscar Avitia, le dieron calorcito a Granados y coincidieron en esa escisión para librarse de los afanes controladores de Ariadna.
En esa reconfiguración terminó Carrera más cerca del proyecto político conjunto de Juan Carlos Loera y Andrea Chávez, igual que pasó con Brighite Granados (sobrina del senador), pero sin duda que tiene su propio peso y trae su propia jugada personal en el espacio de Sader.
Por lo pronto, dejará la oficina como representante del Comité Estatal del Morena en Juárez, cargo que le había asignado en agosto de este año precisamente Brighite, ya cuando agonizaba la anterior Legislatura estatal.
Carrera es profesor investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y tiene estudios en materia de economía agropecuaria, con un doctorado en Problemas Económico Agroindustriales por la Universidad Autónoma Chapingo. Es investigador nacional Nivel 1 en el SNI del Conahcyt.
Carrera ya fungió entre 2007 y 2008 como subdirector de Análisis Sectorial en la Dirección General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), lo que hoy es la Sader.
También fue administrador del Centro de Reproducción y Transferencia de Tecnología Ovina de Chihuahua, entre los años 2006 a 2007.
“Agradezco la confianza que me brinda la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Será para mí un gran honor y un orgullo servir al campo de Chihuahua como representante estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México”, escribió el exdiputado en su perfil.
Ni una felicitación se compartió ahí de quienes antes eran sus amistades en el Congreso. Sí se sumó a los comentarios de parabienes el diputado federal Daniel Murguía.
Quien no faltó con su propia publicación fue la presidenta de Morena. “Felicidades a mi amigo Benjamín Carrera por su nombramiento como representante estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México. Tu nombramiento es un reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sabe que eres un ejemplo de liderazgo y compromiso con nuestro movimiento”, escribió Granados de la Rosa.
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Activistas, derechohumanistas, además de víctimas de exclusión, discriminación y violencia, exhibieron de forma pública esta semana los conflictos que enfrentan para obtener atención médica de cualquier institución de salud de Gobierno; también lo hicieron por aquellas personas que ya ni siquiera tuvieron oportunidad de manifestarse porque fallecieron debido a la falta de tratamiento clínico.
No es cosa fácil enfrentar enfermedades que requieren de tratamientos altamente especializados y medicamentos que cuestan un ojo de la cara, porque ni siquiera los ciudadanos que cuentan con seguridad social tienen garantizada la atención que requieren, ya que al sector salud siempre le falta un veinte para completar el peso.
Los manifestantes hicieron un recorrido que partió del Hospital de la Mujer y del Hospital General para llegar a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde externaron las penurias que muchas personas pasaron antes de morir y las que enfrentan en la actualidad otras para ser atendidas.
A Mirone llegó el testimonio de una mujer relativamente joven, quien se enfrentó de pronto a una difícil realidad al serle detectado un tumor en uno de sus riñones que tuvo que serle extirpado, ya que la maligna protuberancia invadió casi en su totalidad a ese órgano.
El diagnóstico fue hecho por especialistas particulares, cuyo servicio fue costeado con sus ahorros, ya que no contaba con seguridad social porque su modo de supervivencia era el comercio informal, al igual que el de miles de fronterizos que no encuentran un empleo que satisfaga sus necesidades; de ahí sacaba para mantener a su familia, que cuenta con dos hijos menores de edad.
Ante la gravedad de su caso, decidió adherirse al programa MediChihuahua, auspiciado por el Gobierno del Estado, pero debido al burocratismo para ser atendida y ante la urgencia del caso, su familia la apoyó para que, otra vez, se atendiera en un hospital privado, donde la operación para extirparle el tumor con todo y riñón le costó alrededor de 150 mil pesos.
Una vez superado ese trance, los mismos especialistas privados le aconsejaron que se inscribiera a algún programa público de salud, ya que requiere de un tratamiento que inhiba el crecimiento de más tumoraciones.
La razón es que ese procedimiento tiene un costo altísimo, de alrededor de 100 mil pesos, y se requieren al menos 12 sesiones. Aparte del oneroso costo, son sustancias que difícilmente consiguen los particulares y las instancias oficiales tienen mejor oportunidad de acceder a ellas.
Al principio, encontró la atención que requería en el Hospital General y recibió la primera sesión, programándole la segunda para el siguiente mes. Sin embargo, cuenta la paciente que, días antes de que se llegara la fecha, recibió una llamada del personal de la institución para decirle que no había medicamento, que esperara y en 15 días hablara para ver si ya había disponible para aplicárselo.
Sus esperanzas iniciales de sanar se fueron estrepitosamente al piso, ahora reza para que pronto se cuente con la dosis que requiere para enfrentar su condición y, por desgracia, solo el servicio de salud pública estatal es su opción para salvarla de, otra vez, ese terrible padecimiento.
Aunque ella no estuvo en la manifestación, dice sentirse insegura, temerosa y desesperanzada, igual que los participantes en la protesta, ante la indolencia oficial y el desdén con el que le dijeron que no podría continuar su tratamiento como es requerido.
Precisamente, los manifestantes exigieron respeto y dignidad para los pacientes, acceso a servicios de salud física y mental, así como a los medicamentos que salvan vidas y que se destinen recursos suficientes para este rubro que sean ejercidos con responsabilidad por parte de las instituciones de salud.
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En santa paz se llevaron las cosas en el Congreso del Estado a la hora de aprobar las Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2025 de los 67 municipios del estado.
Desde que se revisaron y aprobaron en comisiones las tablas de valores que son base para el cobro del Impuesto Predial, se vio el acuerdo entre la mayoría del PRIAN con la oposición morenista.
Nadie la pegó de gritos en la actualización de las tablas, pese a que ello implica un incremento efectivo en el pago del impuesto. Chihuahua panista quería su actualización, igual que Juárez morenista, así que optaron por el acuerdo que de nuevo se reflejó ayer en la votación ante el Pleno.
O sea que fue pura escaramuza la que en Juárez hizo el regidor panista Alejandro Jiménez, quien acusó trato inequitativo con las cuentas del predial porque habrá mucha variación en el incremento real con la actualización, en algunos casos de hasta 60 por ciento, pero sobre todo porque hubo colonias en las que no se aplicó ni la actualización mínima que implicaba incrementos del 9 por ciento.
El PAN en la Torre Legislativa, avaló finalmente todas las actualizaciones, incluyendo la de Juárez.
En general, hasta ahorita no se ha puesto tan candente la discusión del Paquete Fiscal 2025. Falta ver a la hora de que se pidan las reasignaciones presupuestales. Se supone que todo mundo había dicho que a Juárez se le haría justicia en el 2025. A ver si es cierto.
En la sesión de ayer, los diputados aprobaron también que los Ayuntamientos amplíen su Presupuesto de Egresos en la misma proporción que resulte de los ingresos estimados, obligándose a cumplir con las disposiciones que les sean aplicables.