Desfalco público, complicidad privada

En la obra del centro de convenciones dejada a medias en terrenos aledaños al exhipódromo hay un desfalco de ochenta millones de pesos del que nadie quiere hablar.

Lo vienen diciendo en círculos empresariales y ya es chisme conocido entre los pudientes, pero nadie se atreve a acusar abiertamente.

Ni siquiera la secretaría de la Función Pública ha tenido las capacidades técnicas e investigadoras para descubrir el atraco.

Hubo desfalco, nadie lo duda, pero hace falta probarlo frente a un juez.

Para eso es indispensable la voluntad política del gobernador Javier Corral, de sobra mostrada  en los expedientes abiertos contra César Duarte y sus exfuncionarios.

Pero a la administración de Corral no parece correrle prisa por revisar el tema del Centro de Convenciones.

En la fiscalía hay una querella entre las dos constructoras que intervinieron en la obra. Muchos millones en juego. Abogados caros en ambos bandos.

Se señala directamente al ex secretario de obras públicas Everardo Medina Maldonado –el güero Medina le dicen sus amigos-  pero hasta la fecha no se ha informado de ninguna orden de aprehensión girada por un juez.

Parece que la plancha de concreto en la Vicente Guerrero y Antonio J. Bermúdez no es lo suficientemente extensa para que la Fiscalía la tome como evidencia.

Han de creer que los juarenses son ciegos o idiotas.

Empresarios probos, empresarias inmaculadas

Los empresarios que participan en el Fideicomiso Paso del Norte, creado para la construcción de un Centro de Convenciones no han incurrido en ningún fraude o delito penal. Ellos y ellas son inmaculadas: no tienen mácula, no tienen mancha.

Han sido los gobernantes, gobernadores y alcaldes, quienes han movido la obra a capricho y malgastado recursos públicos, unos, y no entregado contribuciones de los juarenses a que los obligaba la ley, los otros.

Los empresarios sólo han sido observadores de la mala práctica, promotores e impulsores del proyecto. Eso le dijeron al reportero de Norte por lo menos cuatro hombres y mujeres, representantes de cámaras empresariales o impulsoras “pro bono” del proyecto, que ya no mencionaremos por su nombre.

Nadie puede acusarlos de fraudulentos, desde un punto de vista estrictamente penal, pero sí de solapadores.

¿Les importa la ciudad? Les importan sus inversiones. Ni siquiera han sido capaces de dignificar la escuela primaria Federico De la Vega, allá en las lejanías de la Talamás Camandari.

¿Sabrán siquiera que alrededor de esa escuela existen miles de viviendas abandonadas, no solo porque sus propietarios las dejaron solas huyendo de la violencia, sino porque no ha habido un solo gobierno que asuma la responsabilidad de llevarles servicios públicos, seguridad y desarrollo?

Se han concentrado en atraer al capital foráneo, bienvenido porque genera empleo para miles, pero ellos, los empresarios locales, solo protegen sus negocios, ignorando indolentes la pobreza que ahoga a cientos de familias.

¿Quién los tiene ahí? preguntan insensibles mientras expanden sus chequeras a costa del trabajo de miles y se van a vivir a El Paso, sintiéndose extranjeros de alcurnia en una tierra de pobres que aunque les de vergüenza, siempre les ha dado de mamar de sus empobrecidas ubres.

Una presidenta que no era presidenta

Desde el año 2015 Guadalupe De la Vega promovió la construcción de un centro de convenciones y fue referida en decenas de publicaciones como la presidenta del Fideicomiso Paso del Norte, creado para tal fin. Jamás salió a aclarar el detalle de que nunca fue nombrada presidenta y que su compadre Carlos Murguía Chávez era, y es hasta la fecha, el verdadero presidente del organismo.

Pero cuando Norte de Juárez exhibió todo el desorden que se traen tanto los gobiernos por el dispendio de recursos, como los propios empresarios, incluida ella, por no poner en orden los fideicomisos (que hasta ahora dijeron eran dos y están enredados legalmente), entonces la empresaria aceptó recibir al reportero, pero no para darle una entrevista en la que se le ofreció el espacio para externar su punto de vista con total libertad.

Sino para reclamar airadamente que se le estaba acusando de un fraude que ella no había cometido.

La entrevista no se realizó. Nada de lo externado en ese encuentro frente al periodista será expuesto en esta entrega. La ética no es negociable.

Pero ante los cuestionamientos a la credibilidad del trabajo realizado existe la obligación de informar a los lectores de Norte que todo lo publicado en el reportaje Centro de Convenciones el Gran Fraude II, está basado en documentos que integrantes del mismo Fideicomiso hicieron llegar a esta redacción.

Nada fue inventado o manipulado por el periodista para afectar a nadie en lo personal.

Se trató y se sigue tratando de un tema de interés público, porque son muchos millones de pesos los que se han mal usado y hasta la fecha no hay nadie que responda por ellos.

No es Guadalupe De la Vega, ni Carlos Murguía, Manuel Sotelo, Miguel Fernández, Martín Alonso Cisneros, Gabriel Cantú, Raúl De León Apráez, quienes deben responder por ese desfalco. Eso está más que claro.

La pregunta es ¿por qué sabiendo del manejo espurio de tantos millones de pesos, que podrían usarse para construir escuelas, un hospital de oncología para pacientes con cáncer, ninguno de esos “líderes” empresariales han hecho un pronunciamiento público exigiendo cuentas claras a los gobernantes?

Van a decir que no tienen obligación legal de hacerlo y van a tener razón. Pero las necesidades de esta frontera hoy como desde hace muchos años, están más allá de la cuestión legal. Aquí impera la rebatiña y el dispendio sin consecuencias. Aquí hay más que se dedican a destruir que a construir. Es verdad.

Los poderosos aplauden que los medios de comunicación hablen de lo bueno que están haciendo en sus haciendas, pero pegan el grito en el cielo cuando se les exhibe por ineptos.

Es verdad que Juárez no merece medios de comunicación amarillistas que vendan su línea editorial a cambio de un convenio de publicidad oficial o de un contrato anual con un consorcio multimillonario, al que no se le pueda tocar porque se afecta el “interés comercial”.

Pero también es cierto que esta frontera, madre hospitalaria y cálida para quienes la buscan, no merece gobernantes corruptos, como tampoco una clase empresarial voraz que se dedica a promover un centro de convenciones, cuando en las calles impera el hampa y el abandono. Hipócritas.

Ningún interés puede estar por encima del interés público.

¿Cuándo uno de esos pudientes hombres y mujeres de dinero se han acercado de noche a una colonia sin alumbrado para sentir el miedo de caminar a oscuras y así entender la naturaleza exacta de la carencia? ¿Cuándo han visto a los niños jugar entre las vallas de madera fabricadas con palets de desecho en los frentes de sus casas, allá en el sur oriente, Anapra o la Juanita Luna?

Calles sin pavimento, colonias sin drenaje ni agua potable, escuelas abandonadas a su suerte en el frío invierno y en el sofocante verano.

Norte de Juárez se declara abiertamente a favor de las causas de los juarenses más desprotegidos. Nunca más un periodismo que se pliegue al poder empresarial o político.

El Centro de Convenciones es un fraude social y todos quienes lo han propiciado, son cómplices.