Representantes organizaciones campesinas de distintos signos partidistas exigieron a los gobiernos estatal y federal la suspensión del proyecto de importación de productos agrícolas y pecuarios sin cumplir con medidas fitosanitarias para mitigar la inflación.
Agrupados en el nombre “Unidos por el campo”, organizaciones como Agrodinámica, CNC, Frente Democrático Campesino; El Barzón, Unión Campesina Democrática, Unifrut, Productores lecheros de Meoqui y Frente Campesino de Chihuahua expresaron su preocupación por la apertura comercial sin revisión sanitaria.
Señalaron que esa importación forma parte de las medidas para combatir la inflación y la carestía emprendidas por el Gobierno Federal.
En ese sentido, alertaron sobre el peligro de que los productos a importar no pasen por los filtros de la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios (Cofespris) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senacica).
Señalaron que el problema no son los productores, sino toda la cadena de intermediación la que hace que los alimentos suban de precio como ha ocurrido durante todo el año.
Por ejemplo —menciona el documento firmado por todas las agrupaciones—, el litro de leche fresca al productor se le compra a $10.00 pesos y se vende al consumidor a $26.00 pesos.
El frijol se compra a $16.00 pesos el kilogramo al campesino, pero el precio al consumidor es de $34.00 pesos; el maíz se adquiere al productor en $6.5 pesos por kilogramo y el kilogramo de tortilla cuesta $26.00 pesos en el mercado.
“El margen de intermediación entre lo pagado al productor y lo pagado por el consumidor es muy alto”, afirman.
El campo de Chihuahua está sumido en una grave crisis a causa del aumento de los costos de producción y la ausencia de programas de fomento agropecuario.
Ante esa situación, “nos ha llevado a constituir este amplio movimiento de productores chihuahuenses”.
Los líderes campesinos se reunieron este martes en el Mezanine del Congreso del Estado con representantes y acordaron solicitar una reunión con la Junta de Coordinación Política del órgano legislativo para plantear sus demandas.
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