Decenas de personas se quedaron esperando el transporte público este martes, después que Gobierno del Estado retiró de circulación unidades que habían empezado ayer a dar el servicio apenas este lunes, informaron habitantes y activistas de distintas comunidades del Valle de Juárez.
En una conferencia de prensa convocada en el Museo de San Agustín, los pobladores lamentaron que personas se hayan tenido que quedar esperando el servicio.
Hubo quienes se tuvieron que movilizar caminando entre pueblo y pueblo, otras se quedaron varadas en la plaza de Zaragoza o Práxedis, señaló Alejandro Mono González, habitante del poblado de Caseta o Dr. Porfirio Parra.
De acuerdo con el quejoso, el Gobierno decidió retirar las unidades del concesionario por un tema de burocracia, en lugar de privilegiar el derecho humano a la movilidad de las personas.
“Ahora el Gobierno se está haciendo el ofendido y públicamente se dice que no hay un permiso, pero las concesiones están”, refirió.
Cuestionado sobre cuál sería el argumento oficial, el también activista dijo desconocerlo, pero señaló que desde ayer presenció cuando le quitaron placas a un vehículo.
“Parece como que se tomaron las cosas personales, parece un juego de poder o de egos”, expresó.
Se pronunció porque la lucha comunitaria empuje al Gobierno a considerar que el servicio allá, es una necesidad real.
Advirtió que van a dar seguimiento a una queja que se puso en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) hace tres semanas.
Comentó que después que ayer se había reanudado el servicio, que estuvo suspendido por varios años, la gente estuvo muy contenta pero después de que lo volvieron a frenar, muy descontenta.
Prevén manifestaciones y bloqueos
Cuestionado sobre las acciones que tomarán, adelantó que la lucha seguirá sobre la mesa de negociación, pero también en las calles y no descartó que puedan escalar a manifestaciones en Pueblito Mexicano o incluso en la toma del puente internacional.
González pidió a las autoridades estatales, no ser indolentes frente al problema y, si no ayudaron en el proceso, que no estorben.
De acuerdo con León De la Rosa Carrillo, habitante de San Agustín, la ausencia de transporte público es una limitante para la vida, para el acceso a servicios de salud, al trabajo y a la educación.
“Nos están violentando las condiciones de vida, al no respetar nuestro derecho a la movilidad, con un transporte público digno, accesible y estable”, comentó.
Lamentó que ayer, por primera vez en cuatro años, se les haya ofrecido un transporte digno, práctico y que llevó a un número importante de pasajeros, y que por un trámite burocrático, que no tiene que ver con licencias, permisos o concesiones, se haya suspendido.
“Siempre nos habían dicho que los concesionarios no querían activar la ruta por la inseguridad y porque no era redituable, y ahora que un concesionario está dispuesto a invertirle, el gobierno lo interrumpe”, criticó.
Tiradas a la orilla de la carretera
También participante en la rueda de prensa, Leobardo García Galindo, del colectivo denominado “Por el regreso del Porve”, reiteró que, debido a la decisión del Gobierno, hoy hubo personas que se quedaron tiradas a la orilla de la carretera y en las plazas.
Otro de los ciudadanos inconformes, que se identificó como Ernesto Robles, sostuvo que, en aras de una solución, el concesionario está dispuesto a que el servicio se preste por una ruta que no afecte al BRT.
“El concesionario está dispuesto a una ruta que no afecte al BRT, pero el Gobierno no coadyuva a la solución”, indicó.
Manifestó que al concesionario que no cumpla con sus obligaciones se le debe retirar la concesión porque es obligación de la autoridad vigilar que dé un buen servicio.
Remarcó que entre los principales afectados están los adultos mayores, quienes para ir a una cita médica deben pagarle a un vecino hasta 240 pesos e invitarle el almuerzo.
También citó a los alumnos que se han tenido que quedar a dormir en Juárez para asistir a una clase o que se ven forzados desertar de la escuela.
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