Antes de que lo mataran, el activista rarámuri Julián Carrillo Martínez se fue a un cerro para tratar de pedir ayuda con un teléfono celular satelital que le había dado la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto como “protección”.
Julián estaba incluido en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde el 20 de febrero de 2014.
La llamada no sirvió de nada. Sus perseguidores lo encontraron y lo acribillaron con armas de grueso calibre.
El hecho ocurrió el domingo 25 de octubre de 2018 en la comunidad Coloradas de la Virgen. Se localiza en el lejano municipio de Guadalupe y Calvo.
Dos años antes, en febrero de 2016, le habían matado a un hijo.
Ennegrecido el cielo de la defensa indígena en Chihuahua por años de impunidad y hostigamiento, el caso de Julián cimbró por enésima ocasión las estructuras de Gobierno, permisivas y ausentes ante el reclamo social.
Detrás de Julián quedaba una historia de lucha por el bosque y los derechos de las comunidades indígenas rarámuris, tepehuanas, pimas, guarojías y tarahumaras, pisoteadas por caciques y narcotraficantes durante décadas.
Sentencian a uno de los asesinos; comunidad sigue pidiendo garantías
Ayer un tribunal de enjuiciamiento de Parral dictó sentencia condenatoria contra uno de los asesinos de Julián. El mismo que también mató a su hijo Víctor Carrillo Carrillo, en febrero de 2016.
Con todo, las organizaciones defensoras de derechos indígenas siguen demandando que las autoridades den garantías. No solo piden la reparación del daño a la familia y a Coloradas de la Virgen, sino que no se repitan hechos como estos.
Aseguran que los crímenes contra el activista rarámuri y su hijo muestran un contexto de violencia y acoso permanente contra habitantes de la Sierra.
Es por eso que en la audiencia de individualización de penas el próximo 11 de marzo solicitarán, junto a la Fiscalía de Derechos Humanos, medidas de reparación integrales y a favor de todas la personas integrantes de la comunidad que han sido desplazadas a causa de la violencia.
Además –informaron en un comunicado– pedirán medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y sobre todo de no repetición.
La sentencia llega más de dos años después del homicidio; sin embargo, las organizaciones sociales que acompañaron el caso y la lucha social de Carrillo lo vieron como un avance.
“Las organizaciones Alianza Sierra Madre (Asmac) y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) reconocen la colaboración y el trabajo de la Fiscalía Especializada en Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada en este que fue el primer juicio que ha llevado esta Fiscalía”, señalaron.
Defensa territorio de pueblos indígenas, el motivo del asesinato de activista rarámuri
Sobre el contexto en que ocurrió el homicidio, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos publicó el mismo día del hecho que pobladores indígenas de Coloradas de la Virgen mantenían un litigio ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5.
El proceso era para pedir el reconocimiento como legítimos propietarios de su territorio ancestral. El territorio incluye una porción del bosque en los límites de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa.
“Julián Carrillo y otros activistas habían pedido la nulidad de permisos de aprovechamiento forestal que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó a pobladores mestizos en el territorio indígena”, refirió la organización. La declaración se basa en las denuncias de Alianza Sierra Madre y las asociaciones que la integran.
El asesinato ocurrió -precisaron- luego de que el Tribunal Superior Agrario resolvió un litigio similar a favor de la comunidad rarámuri de Choreáchi, aledaña a Coloradas de la Virgen, y cuya demanda acompañaron los mismos abogados que asesoraban al activista.
Fiscalía de Derechos Humanos, aún sin pronunciamiento
En el mismo boletín, las organizaciones señalaron que el tribunal de enjuiciamiento en Parral había emitido el fallo condenatorio contra uno de los autores materiales que participó en los homicidios de Julián y su hijo Víctor.
“El Tribunal consideró que existieron elementos suficientes para probar la acusación presentada por la Fiscalía de Derechos Humanos y las asesoras jurídicas de las organizaciones de la sociedad civil que representan a la comunidad”.
“Esto por la pruebas presentadas en el juicio oral que comenzó el pasado 2 de febrero y culminó el día de ayer”, apuntó el comunicado.
Destacó la importancia de los diversos testimonios y pruebas que permitieron conocer a los jueces el contexto en el que ocurrieron los hechos.
Es decir, en el marco de la defensa de la tierra, territorio y recursos naturales de la comunidad indígena de Coloradas de la Virgen. Carrillo Martínez tenía un liderazgo importante como comisario de Bienes Comunales.
Al cierre de esta nota la Fiscalía de Derechos Humanos no había difundido comunicado oficial. En él que se espera que se den a conocer datos del imputado y la investigación.
En la audiencia del 11 de marzo se determinará la penalidad y reparación del daño al que habrá de condenarse al responsable.
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