La denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado, el 26 de junio, en contra de funcionarios municipales, excluyó a la Sindicatura municipal como el órgano que pudiera sancionar a aquellos empleados que contrataron servicios de publicidad y comunicación a la empresa de la familia del alcalde. No obstante, será el mismo Armando Cabada quien emita los castigos de sus subalternos.
Ante esa situación, la síndica Leticia Ortega Máynez señaló que buscará los cauces institucionales ante la ASE, con la finalidad de conocer y sancionar a los funcionarios de la administración en quienes recaiga la responsabilidad de las conductas irregulares, identificadas en la revisión de Cuenta Pública 2017 del Gobierno de Juárez.
Héctor Acosta, titular de la Auditoría, informó a Norte Digital que desde el 26 de junio presentó una demanda en el despacho del presidente municipal Armando Cabada Alvídrez, a fin de que este instruyera al órgano de control interno del Ayuntamiento para que aplique el tipo de sanción a la que se harán acreedores los funcionarios, por las irregularidades dictaminadas en el proceso de adjudicación de contratos.
Acosta explicó que las irregularidades se cometieron en el primer semestre de 2017, en un periodo de cambios legislativos en materia de anticorrupción, de tal manera que aplicaron la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos vigente para esa fecha.
Si las irregularidades se hubieran cometido en el segundo semestres de 2017, la ASE habría dado vista al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
En una controvertida decisión, el Cabildo ya había dejado en claro que la Contraloría municipal es quien funge como el “órgano de control interno”.
El titular de esta dependencia es un funcionario designado por el presidente para que ejerza las funciones de fiscalización para la Presidencia Municipal.
Un regidor, el responsable del contrato
El 12 de febrero de 2019 el Cabildo designó al regidor independiente Carlos Ponce Torres para separar al presidente municipal de la celebración del contrato con la empresa televisora propiedad de su familia y de esa manera excusar al alcalde de su conflicto de interés.
Desde entonces la síndica advirtió que de acuerdo con la reglamentación, la cual citó puntualmente, los servidores públicos pueden excusarse para no incurrir en conflicto de interés haciéndolo del conocimiento del órgano de control respectivo o del superior jerárquico, pero acotó que el órgano de control es la Sindicatura no la Contraloría municipal, que depende del presidente, y que este no tiene superior jerárquico en la administración, por lo que el acuerdo es nulo de origen y los involucrados pueden incurrir en una irregularidad.
Máynez Ortega señaló que en el caso de la denuncia de la ASE para que el alcalde instrumente el procedimiento es igualmente improcedente, ya que la Sindicatura por ley, 142 bis de la Constitución Política del Estado, establece que la Sindicatura es el órgano de control interno.
“El órgano de control interno es la Sindicatura aunque el propio alcalde, durante su primer periodo de gobierno 2016-2018, interpuso una controversia constitucional que, mientras no se dirima el caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las disposiciones continúan vigentes” señaló Máynez.
Comentó que el ASE instruyó al presidente para que canalice la demanda al órgano de control interno y que la Sindicatura, como tal, desde el 26 de junio no ha recibido la notificación para sancionar.
“Esto significa que no me reconocen como órgano de control interno, pero vamos a seguir los cauces legales e institucionales para que pueda cumplir con las atribuciones de la Sindicatura”, dijo.
Las irregularidades involucran el manejo de 50 millones de pesos.
La denuncia de la ASE establece, en el caso del Ayuntamiento, a tres casos específicos donde encontraron irregularidades en la asignación de contratos. Funcionarios de las áreas de Tesorería municipal y probablemente Oficialía Mayor son quienes aparecerán como responsables.
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