Diputados de los partidos MORENA, Encuentro Social y PRI se enfrascaron en una guerra de declaraciones y desmentidos, luego de que ayer se dio a conocer que fueron turnadas a la Auditoría Superior del Estado (ASE) presuntas irregularidades en la asignación de contratos publicitarios a la familia del alcalde Armando Cabada Alvídrez.
El primero en prender la mecha fue el coordinador de la fracción del Partido Encuentro Social (PES), Misael Máynez Cano, quien afirmó que se habían dado acuerdos en lo oscuro entre el delegado federal Juan Carlos Loera De la Rosa y el alcalde juarense, para que el primero influyera en la fracción de MORENA a fin de que la cuenta pública fuera bajada y no se hicieran observaciones.
“Es un cobarde. Sabía cual era el tema de mi reunión con los diputados: buscar austeridad debido a los excesos del Congreso. No tiene una sola prueba que sostenga sus dichos, lo reto a que lo pruebe”, espetó Loera De la Rosa en entrevista con Norte de Juárez, ante la acusación pública que le lanzó ayer el coordinador de Encuentro Social.
“Debo decirles que estamos siendo objeto de una serie de negociaciones oscuras por parte del delegado federal del gobierno de la Presidencia de la República, para negociar a favor del presidente municipal de Juárez, Armando Cabada, para que no se suban las cuentas públicas que ya están dictaminadas y firmadas por los diputados de la Comisión de Fiscalización del Congreso”, acusó la víspera Máynez Cano.
Este viernes en la sede del Poder Legislativo en la capital del estado, el propio presidente de la Comisión de Fiscalización, Miguel Ángel Colunga Martínez, también le entró al quite, desmintiéndolo.
“No ordené ni mucho menos, como algún diputado dijo en la tribuna; yo creo que aprovechó él para agarrar ahí plataforma. Yo jamás hice alguna llamada y mucho menos bajar los dictámenes”, refutó.
“Los dictámenes ya están hechos y tienen que pasar por el pleno forzosamente, no hay otra forma, lo que la comisión dictamine, eso pasa al pleno y el pleno tiene la libertad de aprobar o no aprobar”, agregó.
Consultado por Norte de Juárez, el líder estatal del PRI y también miembro de la Comisión de Fiscalización, Omar Bazán Flores, refirió que los dictámenes sí estaban en el orden del día “y después nos comentó el presidente que se habían bajado y por eso el tema”.
Tanto Loera De la Rosa como Colunga Martínez coincidieron que todo fue una intriga armada por una “perversa red” al interior del Congreso.
Contratos televisivos
Lo cierto es que la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Chihuahua emitió el jueves un dictamen que involucra al gobierno del Municipio de Juárez en la comisión de supuestas irregularidades, relacionadas con transacciones de contratos con un valor aproximado a los cincuenta millones de pesos.
El dictamen relativo al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, refiere que la administración independiente debió abstenerse de la contratación de servicios de publicidad con la empresa moral Intermedia de Juárez, conocida como Canal 44, toda vez que familiares en primer grado del propio alcalde de Juárez, son socios de la empresa televisora, contraviniendo así diversas disposiciones y normativas legales.
En relación a la contratación de servicios de difusión, información y espectáculos culturales, la observación 023 señala que se contrataron los servicios de la misma televisora hasta por 8.5 millones, pero declararon improcedente el ejercicio del recurso porque la misma persona moral cobró servicios por 2.1 millones de pesos, entre enero y febrero de 2017, sin el respaldo de un contrato. El dictamen sugiere que se habrían instrumentado licitaciones modo.
Al respecto el alcalde Armando Cabada pidió hoy a los medios locales poner las cosas en perspectiva, reiterando lo que había informado a Norte de Juárez anoche respecto a que las irregularidades solo implicaban .75 por ciento de los recursos ejercidos.
Sostuvo que no violó la ley ya que ésta considera excepciones que le permitieron contratar servicios a la empresa propiedad de su familia, tales como el hecho de que cada medio de comunicación es un prestador de servicios único y especial, de tal manera que no puede recurrirse a otras ofertas para sustituir los servicios requeridos.
Señaló que la empresa televisora de su familia vende publicidad a las autoridades municipales desde hace treinta años y que desde entonces los montos contratados se han reducido drásticamente.
Otras observaciones
Los auditores determinaron además que existen elementos en contra del procedimiento mediante el cual se compró gasolina, diésel, llantas, herramientas y equipo para el Taller Municipal por un monto de 11.5 millones de pesos.
Identificaron que se cumplió con el proceso de licitación pública, pero el contrato se adjudicó de manera improcedente a las empresas Motopro S.A. de C.V. y a la persona Hiram Ignacio Castro, toda vez que por ley tenían que haber cancelado el procedimiento porque todas las ofertas superaron el monto concursado o techo presupuestal.
Sin embargo, a través de la Oficialía Mayor, contrataron las compras con las empresas referidas, sólo con un acta de fe de erratas realizada el día posterior de la fecha del dictamen y fallos del 22 de mayo que superaron los recursos disponibles.
La irregularidad es que prácticamente adjudicaron el contrato con una maniobra administrativa fuera de tiempo.
Finalmente observaron que el mismo ente de gobierno contrató sin concursar los servicios por 24.9 millones de pesos, con la empresa Recycling S. de R.L. de C.V., sin haber justificado el supuesto de ley que permite que bajo ciertas variables, los contratos pueden adjudicarse directamente.
Los diputados firmaron para que la Auditoría Superior del Estado de curso a los procesos administrativos y penales que en su caso conllevan las observaciones sobre las irregularidades cometidas en la administración independiente dentro del ejercicio fiscal 2017.
El dictamen de la auditoría y fiscalización de la cuenta pública del Municipio de Juárez, cuenta con el aval de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, integrada por los diputados Miguel Ángel Colunga Martínez (Morena), presidente; Carmen Rocío González Alonso (PAN), secretaria; Omar Bazán Flores (PRI), vocal; y Misael Máynez Cano (PES), vocal.
Sobre esto el presidente municipal Armando Cabada informó este mismo viernes que su gobierno ya envió al Congreso del Estado todo el soporte documental para responder a las observaciones que le realizaron.
