El gobernador Javier Corral se prepara para dejar su cargo sin esclarecer el destino de más de 7 mil millones de pesos durante su administración.
Pagos indebidos a servidores públicos despedidos, muertos o en campaña, pagos a maestros de escuelas que no existen, exceso de pagos a contratistas en obras hidráulicas de la JCAS, falta de aplicación de recursos de los programas federales enviados al estado, pagos a sobreprecios en la compra de medicamentos, equipo de policía que se reportó pero no se compró y la desaparición de recursos para desastres naturales son algunos de los malos manejos que dejará la actual administración estatal a su sucesora Maru Campos en Chihuahua.
Las irregularidades que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó durante la administración de Corral suman 7 mil 032 millones 910 mil 496 pesos. Se cuentan probables malos manejos de los recursos destinados dentro de programas como el Seguro Popular, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica, el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
Norte Digital revisó el apartado de “Datos Actualizados” de la ASF, luego de que el medio de comunicación Animal Político diera a conocer algunos datos. Se comprobaron las múltiples observaciones que hizo la fiscalizadora federal al Gobierno del Estado y que todavía se mantienen sin aclarar.
Las irregularidades de Corral en 2019
Por ejemplo, en 2019 existen observaciones por el gasto de 14 millones 695 mil 517 pesos, por no ajustarse a 97 claves de medicamentos en cantidad de piezas y precio unitario a las autorizadas por la Unidad de Planeación y Desarrollo de Salud o 13 millones 173 mil 889 pesos por recursos no reportados al 31 de diciembre de 2019 de las Participaciones a las Entidades Federativas.
Tampoco se conoce el destino de 31 millones 793 mil 253 pesos que se usaron para realizar 2 mil 813 pagos indebidos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a 135 trabajadores adscritos a 20 centros de trabajo sin descripción en el Catálogo General de Centros de Trabajo, de los cuales contaron con 141 plazas. Faltan 2 millones 152 mil 287 pesos que se transfirieron a la cuenta dispersora de nómina; le pagaron a 49 personas a pesar de que ya no trabajaban ahí.
Hay que sumar 38 millones 825 mil 036 pesos por efectuar mil 533 pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto operativo a 70 trabajadores que no realizaron funciones destinadas a la educación básica y normal.
De ese año, 21 millones 513 mil 743 pesos no se sabe dónde están. El Gobierno del Estado no dispuso de la documentación comprobatoria y justificativa original del gasto transferido a los ejecutores del FISE 2019.
La ASF instó al Gobierno del Estado a aclarar el destino de 182 millones 964 mil 648 pesos, al no proporcionar la documentación completa para acreditar gastos por “servicios personales”. Ese monto proviene de los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas.
¿A dónde fueron a parar más de 5 mil millones?
El año con las observaciones más escandalosas fue 2018. Solamente en ese ejercicio fiscal no se sabe el destino y uso de 5 mil 230 millones 232 mil 312 pesos.
Entre las observaciones más robustas se encuentra la aclaración de 4 mil 793 millones 199 mil 426 pesos por concepto de falta de presentación de información contractual de proveedores y contratistas del ejercicio de los recursos de Participaciones Federales 2018.
Además hay otros 30 millones 094 mil 878 pesos por los recursos del FISE 2018, que se destinaron a erogaciones que no disponen documentación que lo acrediten ni comprueba qué esas obras se encuentren terminadas. Se suman 13 millones 096 mil 103 pesos por no disponer de la documentación comprobatoria del gasto con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero.
Además, faltan 9 millones 766 mil 096 pesos: por bienes empaquetados en almacén, 6 millones 083 mil 431 pesos; por bienes no localizados, 3 millones 574 mil 864 pesos, y bienes defectos, 107 mil 800 pesos.
Hay un pago de 27 millones 250 mil 176 pesos por realizar 2 mil 335 pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a 114 trabajadores adscritos a 20 centros de trabajo no localizados.
Destaca el caso de 648 mil 340 pesos por realizar 245 pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a 4 trabajadores que tuvieron un cargo de elección popular durante el ejercicio 2018.
Falta de documentos
Por no presentar la documentación comprobatoria del servicio de pruebas de laboratorio clínico a los afiliados del Seguro Popular, relación de pacientes atendidos, número de afiliaciones y constancias de los servicios realizados se perdieron 25 millones 358 mil 975 pesos. Por lo tanto, no se pudo constatar la atención de salud a los afiliados del sistema.
O como se volvió algo común en la administración estatal, no se comprobaron 52 millones 151 mil 120 pesos de 3 mil 817 pagos con recursos el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a 147 trabajadores que contaron con 168 plazas, adscritos a 6 centros de trabajo. Sin embargo, no se acreditó que hubieran realizado funciones destinadas a la educación básica y normal.
2017, el año en que se perdieron los recursos
Durante 2017 la ASF no encontró los recursos que estaban dirigidos al Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Por si fuera poco, descubrió que con esos recursos pagaron el servicio eléctrico y combustible a unidades particulares. En contraste, no se reportaron los gastos en la compra de alimentos para los planteles.
Destacan 20 millones 302 mil 499 pesos por destinar recurso del programa Escuelas de Tiempo Completo 2017 en pagos por conceptos de adquisición de alimentos para escuelas de tiempo completo sin haberse acreditado al 31 de diciembre del 2017.
También en obras públicas hay un gasto de 9 millones 343 mil 398 pesos por concepto de recursos pendientes de ejercer en fondos metropolitanos de Juárez y Chihuahua. Se refieren a la “rehabilitación del colector Teófilo Borunda, entre las calles Francisco Villarreal Torres y bulevar Manuel Gómez Morín».
2016, el año de arcas vacías para Corral
Un caso especial es el de 2006, debido a que Corral Jurado solo se encargó de los gastos de prácticamente el último trimestre del año. Incluso, la queja más grande en ese entonces fue que las arcas del estado se encontraban vacías; sin embargo, sí había recursos federales que no se ejecutaron al cierre del año en varios programas. Muchos de esos gastos se mantienen sin comprobar hasta la fecha.
Entre los gastos se incluyen 62 millones 029 mil 280 por recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016 del Fondo Metropolitano; por otro lado, hay 155 millones 248 mil 887 sin aplicar del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados no devengados al 31 de mayo de 2017. Además, se suman 52 millones 152 mil 610 pesos por no aplicar todos los recursos disponibles al 31 de diciembre para Escuelas de Tiempo Completo.
Hay otros 98 millones 702 mil 079 pesos no ejercidos a 31 de diciembre de 2016 del Programa de Fortalecimiento Financiero de Inversión.
El pago, otra vez, de 50 millones 986 mil 829 por efectuar pagos a personal que no se localizó en los centros de trabajo. Al momento de la visita no se justificó su ausentismo.
También hay observaciones por 81 millones 424 mil 776 pesos por no aplicar los recursos correspondientes a la Cuota Social y Aportación Federal 2016. La comprobación no se hizo al 31 de diciembre del 2016 o más tardar 30 de junio de 2017.
Destacan 43 millones 652 mil 222 pesos por concepto del impuesto sobre la renta a los trabajadores no esteradas al Servicio de Administración Tributaria.
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