La falta de coordinación y articulación sigue siendo el talón de Aquiles de los gobiernos federal, estatal y municipal para el combate a la delincuencia organizada y poder bajar los índices de violencia.
Este mes ya suman 104 homicidios en la frontera y aún no hay señales de que los grupos delictivos que provocan la mayoría de esos crímenes se estén replegando.
La manera en que los gobernantes han decidido responder a la crisis son reuniones a puerta cerrada donde se toman decisiones estratégicas en materia de seguridad y al final se emite un escueto posicionamiento ante los medios.
Hace poco más de dos semanas lo hicieron con la presentación del Plan Especial Juárez -del que aún se desconocen los cien puntos que lo integran. Ayer repitieron la fórmula en la primera reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal región noroeste, que no solo fue opaca sino descoordinada.
Solo asistieron cuatro alcaldes y alcaldesas: de Los Cabos, Baja California sur; de Cajeme, Sonora; de Chihuahua y de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los otros cuatro municipios presentes optaron por mandar representantes.
De Mexicali, Baja California, llegó el coordinador jurídico; de Navolato, Sinaloa, el secretario técnico; de Culiacán, Sinaloa, el secretario del Ayuntamiento; y de Tijuana, Baja California, el secretario de seguridad pública. En total solo estuvieron 8 de los 10 que conforman la conferencia. No hubo representantes de Mulegé, Baja California sur, ni de Hermosillo, Sonora.
Por parte del Gobierno estatal, la representación recayó en el fiscal general César Peniche, pero la prioridad que le dio a su presencia, no alcanzó para que se quedara hasta la rueda de prensa en donde se darían a conocer las conclusiones.
De ese nivel la atención a una reunión en la que -así lo informaron- se definieron las prioridades que cada uno de los municipios presentes va a aportar en el diseño de la estrategia de seguridad pública que se presentará en el Consejo Nacional el próximo mes de junio. También, así de apresurado.
La región noroeste es una de las cinco demarcaciones en las que el Gobierno de la República dividió el país para atender el más grave pendiente que tienen todos los gobernantes a lo largo y ancho del territorio: la seguridad.
Por parte del Gobierno de México estuvo presente el director del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, con la representación oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Luis García López Guerrero.
El funcionario federal tenía tanto apuro por irse que programó su vuelo apenas para salir a paso veloz de la rueda de prensa, mientras afuera las minivans que movían a la comitiva estorbaban los únicos lugares para discapacitados asignados en la entrada principal del edificio Benito Juárez.
De acuerdo con García López Guerrero, entrevistado a regañadientes en su apresurada salida, el Gobierno federal busca construir una nueva estructura de combate a la delincuencia basada en la prevención, modificando sustancialmente el modelo policial e implementando la guardia nacional, pero también tomando en cuenta lo que puedan aportar autoridades locales.
Ese fue el sentido de dividir el país en cinco regiones y que de cada una salieran diferentes propuestas.
“Expusimos cuál es el modelo y cómo lo estamos trabajando, escuchamos y tomamos nota de cada uno de los presidentes municipales y del fiscal general para ir enriqueciendo el modelo y llegar al Consejo Nacional con una política pública ya muy acabada”, afirmó.
En el detalle de la estrategia -añadió- está incluido dignificar y dar mejor trato a los policías.
“Con ello vamos a mejorar mucho la situación de inseguridad que existe hoy en el país”.
El planteamiento del responsable del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación ciudadana, coincidió -aunque en un tono más terso- con lo dicho a Norte por el secretario técnico o coordinador de seguridad del gobierno de la República en Chihuahua, Fernando Ávila González.
Hace dos semanas -un par de días antes de la visita del secretario de seguridad pública y protección ciudadana Alfonso Durazo Montaño- Ávila afirmó que después de acompañar a las autoridades locales en las mesas de coordinación para la paz los primeros meses de este año, está claro que ni el gobierno del estado ni el municipal estaban entendiendo lo que planteaba el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para pacificar al país.
El propio alcalde Armando Cabada en una entrevista posterior respondió que no compartía la postura de Ávila.
Sin embargo, ayer lunes, Cabada elogió que ahora sí se estuviera tomando en cuenta a los municipios para el diseño de la nueva estrategia.
“Porque somos los primeros que respondemos en todo y normalmente éramos los únicos que nos dejaban en el escalón, sobre todo en la toma de decisiones sobre las políticas públicas en materia de seguridad pública”, expresó.
Habló incluso de que a la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador había que “darle tiempo para madurar”.
La reunión se llevó a cabo de manera privada y de nuevo no hubo ninguna participación -ni como observadores- de organizaciones de la sociedad civil, ni de organismos estatales, nacionales o internacionales de derechos humanos.
Tal como ocurrió en la presentación del Plan Especial Juárez el 3 de mayo -del que aún no se informa que haya sido aprobado por el Gobierno de la República- en esta ocasión la información de lo que trataron los alcaldes o sus representantes, se mantuvo oculta.
Al final solo informaron las conclusiones que servirán de base para las propuestas que plantearán en el Consejo Nacional:
- Verificar la oportunidad de mejora en los exámenes de control de confianza (único filtro para evitar que policías o sus jefes sean cooptados por la delincuencia organizada).
- Mejorar capacidades e infraestructura de las policías (capacidad de respuesta ante el embate de los grupos criminales).
- Apoyo especial a municipios pequeños que tienen policías con grandes necesidades.
- Proponer que se modifique la ley de portación de armas de uso exclusivo del ejército (para que los delincuentes que incurren en portación ilegal de ese tipo de armas no alcancen libertad bajo fianza).
- Impulsar un modelo nacional de policía, con estandarización de protocolos y modelos de actuación
- Puesta en operación de la Guardia Nacional.
En un comunicado oficial emitido después del evento se informó que en días pasados las entidades que integran la región noroeste habían logrado la aprobación de mil 560.18 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), y 365.54 millones de pesos del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg), ejercicio fiscal 2019.
Ni en la rueda de prensa ni en el comunicado se especificó cómo se distribuirán esos recursos entre los diez municipios que integran la región.
Para consultar información sobre el comunicado del Gobierno de México relacionado con la policías municipales, da clic aquí
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