La administración del exgobernador César Duarte Jáquez simuló contratos con empresas fantasma para desviar 542 millones de pesos de recursos públicos. El dinero de la «nómina secreta» presuntamente se usó en sobornos a políticos, empresarios, periodistas, sacerdotes, líderes de opinión entre 2012 y 2015.
De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Hacienda del Estado, el modus operandi de los desvíos a favor de exfuncionarios y personalidades políticas está plenamente documentado.
Entre dichos personajes se encuentran la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, quien supuestamente recibió 7.4 millones de pesos cuando fue diputada local. También se incluye al hoy senador Cruz Pérez Cuéllar, implicado en la disposición de casi 10 millones de pesos.
De acuerdo con la Operación Justicia para Chihuahua, se detectó que en los ejercicios fiscales del 2012 al 2015 de la administración estatal, se emitieron 103 cheques a favor del Gobierno del Estado o Secretaría de Hacienda, por un total de 542 millones 365 mil 800 pesos, informó la secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz.
Los cheques estaban endosados para su cambio por medio de una empresa de traslado de valores. Finalmente, trataron de justificar el gasto del dinero en efectivo mediante la simulación de contratos y órdenes de compra.
Los descubrimientos se realizaron a raíz de la presentación de una denuncia a cargo de la Secretaría de Hacienda de la actual administración. Hacía referencia a la emisión de los 103 cheques por diversos montos, desde 250 mil pesos y algunos hasta de 15 millones 120 mil pesos; el total era de 542 millones 365 mil 800 pesos.
Nómina secreta: hay evidencia de 470 recibos firmados
Además, la Secretaría de Hacienda presentó otra denuncia. En ella se indica que en el periodo de 2014 al 2015, la propia Secretaría (en la pasada administración) emitió cheques por 172 millones 633 mil 330 pesos.
Los cheques se convirtieron en dinero en efectivo por una empresa que entregó los recursos a 34 personas. Únicamente 14 eran servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, quienes dejaron como evidencia 470 recibos firmados.
De las investigaciones se deriva que ya se tiene iniciado un procedimiento administrativo contra 14 ex servidores públicos del Ejecutivo estatal, quienes firmaron recibos por un monto total de 45 millones 686 mil 186 pesos.
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