Hace 24 años, por iniciativa de un grupo de empresarios se promovió la idea de construir un centro de convenciones para esta ciudad.
Todos ellos hicieron su labor, convencieron a los representantes de organismos empresariales de participar y persuadir a los propietarios de bienes comerciales e industriales a contribuir un 3% adicional en el pago de su impuesto predial, de esa manera se materializaría el proyecto.
Fue así como en 2004 organismos empresariales, junto con autoridades municipales, acordaron crear un fideicomiso privado para administrar esos recursos, que garantizarían la construcción del mismo, posteriormente en 2012 lo elevaron a fideicomiso público.
Sin embargo, a lo largo de esos 14 años, los presidentes municipales no cumplieron con el contrato legal establecido, recaudaron 94.5 millones de pesos pero no entregaron 55 millones de esos al fideicomiso, ¡Se quedaron con ese dinero!, violentaron la Ley, cometieron fraude.
Los alcaldes TRAICIONARON la confianza de los contribuyentes. Otra traición la cometieron los gobernadores José Reyes Baeza y César Duarte que se gastaron más de 200 millones de pesos de recursos públicos en un proyecto que cambiaron de sede en cuatro ocasiones, sólo por capricho, todo con la anuencia y complicidad de los dirigentes del fideicomiso.
La otra TRAICIÓN provino de los representantes de los organismos empresariales, responsables de la administración del fideicomiso, porque todo lo permitieron y jamás elevaron la protesta, mucho menos recurrieron a la acción legal para exigir el cumplimiento del compromiso adquirido, por el contrario se hicieron de la vista gorda.
Se coludieron con Baeza y Duarte, solaparon incluso que este último cambiara, en al menos dos ocasiones el lugar en que sería edificada la obra. Fueron cómplices de la supuesta realización de proyectos que no contaban con los requisitos que demandan construcciones de esa embergadura, al permitir que se iniciaran obras que no tenían proyectos ejecutivos, arquitectónicos, de obra, etc.
Fueron cómplices porque toleraron el dispendio de los recursos de los ciudadanos, también toleraron la corrupción al no ser vigilantes . No asumieron su responsabilidad, aunque su participación es voluntaria no los exime de esa omisión.
Han pasado 14 años y esos mismos organismos pretenden continuar en el camino de los excesos, han despilfarrado 300 millones de pesos en su proyecto fallido y ahora quieren 395 millones más.
Por cuatro años consecutivos sus dos presidentes, el legal y el de facto, Carlos Murguía Chavez y Guadalupe de la Vega, respectivamente, han tenido atorado el proyecto y no han sido capaces de rendir cuentas a quienes confiaron en ellos para la realización de la obra. De la Vega no acepta las cuentas que le entrega Murguía por no estar auditadas, mientras Murguía permanece pasivo.
En este caso afloran indicios suficientes como para disolver el fideicomiso, las irregularidades demuestran que la razón de su existencia ya no se justifica, han fallado por 14 años, no han construido el centro de convenciones y sí han tolerado el despilfarro y el mal manejo del dinero de los ciudadanos.
Es hora de eliminar este fideicomiso, basta de sangrar a los contribuyentes de buena fe, si insisten en continuar con el proyecto entonces que lo hagan con los recurso de sus miembros.
No se debe tolerar la ausencia de rendición de cuentas ni la impunidad.
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