El movimiento Revocación de Mandato JRZ presentó ante el Instituto Estatal Electoral una queja contra el alcalde de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, por una serie de actos de hostigamiento y desalojo en contra de ciudadanos voluntarios que llevan a cabo el proceso de recopilación de firmas para pedir la revocación del mandato.
Hasta las 8 de la mañana de este martes 22 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral había validado 17 mil 846 firmas de las 54 mil 895 que se necesitan para acompañar la solicitud de revocación, en un periodo de 3 meses. Pendientes de validar se encuentran aún otras 4 mil 100 credenciales de elector. Es decir, que posiblemente la próxima semana podrían alcanzar la mitad de la meta.
El líder del movimiento, Jesús Saláiz, explicó que “nuestros grupos de voluntarios han sido amedrentados constantemente por autoridades municipales, enviando patrullas de Seguridad Pública y Vialidad para retirar a los voluntarios de espacios públicos, a quienes les han tomado fotografías y a sus vehículos, en un claro acto de intimidación por parte de la autoridad municipal”.
Saláiz mencionó también que “estamos ante un claro intento de las autoridades locales de provocar miedo no solamente a los ciudadanos que acuden a dar su firma de respaldo, así como también en contra de los voluntarios”, expuso.
“Lo que quieren lograr es que la gente no salga a firmar para que el proceso de recopilación de firmas no se lleve a cabo, aún cuando la Ley de Participación Ciudadana nos ampara”, añadió.
El líder del movimiento revocatorio dijo que “este tipo de agresiones a quienes participamos en un proceso democrático, nos obliga a exigir a la autoridad municipal que en lugar de amedrentar, amenazar y desalojar los espacios públicos donde están instaladas las mesas de recepción de firmas, cumplan con su deber de protegernos a los ciudadanos, pues esa es su obligación”.
Asimismo, el grupo ciudadano presentó el pasado lunes ante el Instituto Estatal Electoral una relatoría cronológica de los distintos incidentes en los que integrantes del movimiento han sido obligados a retirarse de parques, banquetas y otros espacios públicos, incluido el estacionamiento de la presidencia municipal.
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