El alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, dio a conocer la invalidación de los artículos constitucionales 142 bis, 170 y un párrafo del 178, en los que otorga a la sindicatura facultades que la convierten en órgano interno del Municipio, aunque el documento de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todavía no se publica.
Cabada Alvídrez consideró que la síndica, Leticia Ortega Máynez, es parcial en la realización de auditorías del manejo de la cuenta pública, por proceder de un partido político y no tener el perfil técnico y profesional para hacerlo.
“No es un asunto personal, que quede muy claro, así es lo que indica el tribunal, pero la verdad es que ya tenemos experiencia en esto: cuando el síndico es del mismo partido político es un tapete y si es de oposición, es para golpeteo político”.
El alcalde dio a conocer el tema en rueda de prensa, acompañado del secretario del ayuntamiento, Maclovio Murillo, y el anterior funcionario en el mismo cargo, Roberto Rentería Manqueros.
Cabada Alvídrez aclaró que está a favor del Sistema Estatal Anticorrupción, pero en contra de la forma en el procedimiento por el cual se nombró titular del órgano de control interno del Gobierno municipal.
Señaló que el Congreso del Estado se atribuyó facultades para nombrar titular de este organismo, con lo que violó el derecho constitucional, por lo que ahora será el Gobierno municipal quien nombre nuevo encargado.
Rentería Manqueros indicó que los razonamientos de la SCJN es que es necesario que el perfil quien ocupe el cargo debe tener una carrera a fin de las responsabilidades que desempeña.
“Es necesario un contador, pero no cualquier contador, sino uno que pueda revisar procedimientos jurídicos en áreas contables, pero también de aplicar auditorías contables, que pueda supervisarlas”, expresó el exsecretario del ayuntamiento.
Cabada Alvídrez aseguró que la Contraloría municipal ha desempeñado estas funciones con profesionalismo en cada una de las dependencias del Gobierno municipal.
“Siempre ha sido así, lo ha hecho siempre, incluso por órdenes mías, pero se habrá de asignar un equipo autónomo de profesionales que realicen las actividades profesionales, porque es facultad de nosotros, dijo.
Ortega Máynez confirmó la resolución de la SCJN y dijo que mantiene su obligación institucional de vigilar la hacienda y el patrimonio municipal, con las facultades y atribuciones conferidas por la Constitución Mexicana, la local y el Código municipal.
Informó que la controversia constitucional fue interpuesta por la presidencia municipal, desde la administración pasada, en julio de 2017 y que los artículos invalidados solo aplican para Juárez, en el resto del estado permanecen vigentes.
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