Una adolescente de 17 años fue reportada como desaparecida en Ciudad Juárez. La denuncia se presentó el 20 de agosto y, después de activar los protocolos correspondientes, la Fiscalía Especializada de la Mujer informó que fue localizada sana y salva. Hasta ahí, una buena noticia.
Después aparece la frase con la cual suelen cerrarse estos casos: la menor declaró ante el Ministerio Público que su ausencia había sido “totalmente voluntaria”.
¿Y qué significa exactamente eso? No lo sabemos. Tampoco se explica por qué fue personal del DIF, y no su familia, quien interpuso el reporte. No se informa cuánto tiempo estuvo ausente, dónde fue encontrada, si estaba sola, acompañada o bajo el influjo de otra persona. Mucho menos se indica si existía un conflicto familiar, institucional o sentimental.
Tratándose de una menor de edad, la reserva de su identidad resulta indispensable. Nadie sensato pediría convertir su vida familiar en espectáculo público. Pero proteger datos personales no significa esconder la información estadística ni redactar boletines tan escuetos que terminan diciendo mucho y explicando poco.
Hay una diferencia notable en la comunicación de la autoridad. Cuando una mujer es víctima de violencia, secuestro o asesinato, los boletines suelen ofrecer cronologías, lugares, operativos, diligencias, lesiones, hipótesis y posibles responsables. En cambio, cuando la ausencia fue voluntaria, la información se reduce generalmente a tres fórmulas: “sana y salva”, “no fue víctima de delito” y “se ausentó voluntariamente”.
Pareciera existir una consigna, pero no podemos afirmarlo porque no conocemos una instrucción interna que así lo ordene. Lo que sí puede comprobarse es una práctica reiterada de comunicación asimétrica: abundancia de detalles cuando existe violencia y vaguedad cuando no se acredita un delito.
Los medios toman el boletín, lo reproducen y la rueda continúa girando. El resultado es una percepción pública incompleta. Conocemos ampliamente las historias trágicas, como debe ser, pero ignoramos cuántas movilizaciones concluyen con la localización de personas que decidieron irse sin avisar.
En abril de 2022, la Fiscalía informó que, dentro de un registro histórico de 58 años, había recibido 16 mil 270 reportes de mujeres ausentes y localizado a 15 mil 743. Es decir, alrededor del 97%. Pero nunca aclaró cuántas fueron víctimas de algún delito y cuántas se ausentaron voluntariamente.
Tampoco existe una cifra pública, actualizada y verificable para los últimos cinco años. No sabemos cuántas mujeres y adolescentes fueron reportadas, cuántas regresaron, cuántas fueron localizadas por las autoridades y cuántas declararon haberse marchado por decisión propia.
La diferencia es fundamental. Una desaparición relacionada con trata, secuestro, violencia familiar o asesinato no puede colocarse estadísticamente en el mismo cajón que una ausencia voluntaria. Ambas obligan inicialmente a buscar con urgencia, porque al momento del reporte nadie sabe lo ocurrido. Pero una vez localizada la persona, la autoridad sí conoce la diferencia y tiene la obligación de registrarla e informarla.
Además, que una adolescente diga que salió voluntariamente no significa necesariamente que todo lo ocurrido después también lo fuera. Puede marcharse por decisión propia y terminar expuesta a manipulación, explotación o violencia. Por eso se requiere información cuidadosa, no conclusiones apresuradas.
El problema es que la Fiscalía no responde satisfactoriamente las peticiones de información y sus boletines tampoco proporcionan el contexto necesario. Se produce entonces un círculo muy conveniente: la autoridad controla los datos, publica solamente generalidades y los medios terminamos repitiendo sus fórmulas como escribanos de guardia.
No se pide conocer nombres, domicilios ni intimidades familiares. Se pide saber, por año y municipio, cuántos reportes hubo; cuántas mujeres fueron localizadas con vida; cuántas declararon una ausencia voluntaria; cuántas fueron víctimas de algún delito y cuántos expedientes permanecen vigentes.
Esa información permitiría dimensionar el fenómeno, evaluar la eficacia de los protocolos y diseñar medidas preventivas. También ayudaría a que cada reporte fuera atendido seriamente, sin alimentar prejuicios ni falsas generalizaciones.
No se trata de minimizar las desapariciones verdaderas ni de responsabilizar a quienes se ausentan. Mucho menos de retrasar una búsqueda mientras alguien decide si la persona “se fue porque quiso”. Toda ausencia debe investigarse inmediatamente.
Pero buscar con urgencia e informar con claridad no son obligaciones contrarias. La ambigüedad no protege a las mujeres. Protege, en todo caso, a una autoridad que evita explicar sus resultados y mantiene a la sociedad entre cifras incompletas, boletines repetitivos y preguntas sin respuesta. Protege o cubre a movimientos ideológicos que se verían beneficiados para llevar las estadísticas a donde mejor les convengan a sus interés.
Cuando los datos permanecen desaparecidos, también hay que activar un protocolo de búsqueda. Ahí, el meollo del asunto.
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