El Consejo del Programa Presupuesto Participativo solicitó a los representantes del Ayuntamiento su autorización para cambiar las reglas de participación ciudadana para el fondeo de los proyectos de obra comunitaria con recursos del 2023.
Regidores de la Comisión de Planeación decidieron que dictaminarán la propuesta hasta el próximo lunes, cuando vuelvan a sesionar, con el propósito de ahondar en su análisis, y en su caso para que sea votada en Cabildo para su autorización, el miércoles de la próxima semana.
El coordinador de Participación Ciudadana, José Luis Leyva González, y el coordinador de direcciones, Jorge Arturo Pérez Quezada, comparecieron durante la sesión de la Comisión bajo la coordinación del regidor Antonio Domínguez Alderete (Morena) y los regidores Enrique Torres Valadez (PAN) y Jorge Gutiérrez Casas (PRI).
Leyva habló en nombre del Consejo del Programa, integrado por 14 representantes ciudadanos y funcionarios, y dijo que con base a la experiencia de los dos años anteriores, es necesario implementar cambios en las reglas de la convocatoria para la recepción de proyectos de obra pública que los juarenses propondrán este año, con un valor de 305 millones de pesos, conforme a la Ley de Participación Ciudadana.
Leyva y Pérez propusieron derogar o implementar cambios significativos a la convocatoria que impiden la participación de las comunidades de los planteles educativos o escuelas; esto porque la Ley de Participación Ciudadana establece que los recursos son para resolver necesidades colectivas.
También pidieron cambios a la forma de distribución de los recursos en el territorio; de tal manera que la organización de la participación ciudadana ya no será en los seis polígonos en que se dividió a la ciudad, sino por los distritos electorales y la zona rural del Municipio.
Las autoridades planean destinar este año entre 30 y 40 millones de pesos en cada distrito y 7.8 millones en las comunidades rurales, informaron los funcionarios.
La sindica María Esther Mejía preguntó si las asociaciones religiosas estaban compitiendo por recursos, a lo que Leyva respondió que solo financiaron un proyecto a la asociación civil La Rodadora.
Los funcionarios señalaron que otros de los cambios importantes es que en consideración de que la mayoría de las asociaciones privadas tienen fines de lucro entre sus metas, tampoco podrán participar, como las escuelas, cuyos beneficios son a escala comunitaria y no colectivos, como lo exige la Ley.
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