La conclusión de esta historia es un reflejo amargo de la percepción que tanto los ciudadanos, como las propias autoridades de Seguridad Pública, tienen sobre la ciudad que habitan. Miedo, desconfianza y temor, son los ingredientes que llevaron al desenlace trágico que privó de la vida al joven de 19 años, Julián Alfredo Rodríguez.
La mañana del lunes, el suboficial de la Agencia Estatal de Investigación, identificado como Arturo Iván V.S. esperaba pacientemente en los pasillos de la Ciudad Judicial al juez de Control encargado de la causa penal 174/25, quien sufrió un percance que retrasó su audiencia de vinculación a proceso penal, programada originalmente para las 11:00 horas, pero que finalmente comenzó hasta las 15:00 horas con 20 minutos.
En la sala 22 de los juzgados estatales, apenas había un asiento disponible, por parte de la defensa, 3 abogados particulares defienden los intereses del imputado, mientras que en la mesa del Ministerio Público, había 6 abogados siguiendo detalladamente los pormenores de este proceso. Además de medios de comunicación, dentro del público también había algunos que fueron compañeros de Arturo Iván y que antes del juicio hicieron evidente su molestia por el proceso que se está llevando a cabo.
El primero en pararse al estrado fue el propio acusado de presuntamente haber asesinado a Julián Alfredo aquella mañana del 5 de enero. Su semblante reflejaba tranquilidad, pero aún así se notaba la tensión del momento, por lo que apretó la mandíbula con todas sus fuerzas, en un intento por demostrar la mayor cantidad de emociones. Al rendir su testimonio, contó los hechos desde su perspectiva.
Aquella mañana, Arturo Iván estaba dando apoyo a una compañera investigadora del área de Delitos Sexuales y Contra la Familia, que tenía que dar un citatorio judicial a la víctima de una carpeta de investigación que estaba llevando a cabo, a un domicilio ubicado en la calle 21 de Marzo.
Relató que mientras su compañera realizaba su diligencia, él se fue al otro lado a brindar seguridad. Con su arma larga en la mano, comenzó a parar a los vehículos, como mera medida de precaución, mencionó. En ese momento, observó un vehículo Mustang color azul, que circulaba por la calle y que “estaba patinando llanta”. El agente se sorprendió ante la acción y le pidió a los tripulantes del vehículo que se detuvieran y que bajaran de la unidad.
El Mustang se frenó y e inmediato el conductor comenzó a ir en reversa. El agente, al notar que sus comandos verbales y visuales fueron ignorados, disparó en repetidas ocasiones al vehículo; una vez al toldo y otras más a las llantas y rines.
Mientras presionó el botón de pánico para pedir ayuda a otras corporaciones, vio como el carro aceleró en su dirección, por lo que se hizo a un lado y notó que el Mustang le pasó a menos de 30 centímetros. Se incorporó y para evitar que el vehículo huyera, volvió a disparar, ahora en el vidrio trasero.
Posteriormente, el Mustang se impactó contra una camioneta estacionada y bajó un hombre con un pasamontañas, que forcejeó con el oficial, pero que se escapó, para terminar ser arrestado por agentes de la Policía Municipal que habían llegado a auxiliarlo.
A través de los videos que fueron compartidos por medios de comunicación y redes sociales, el agente confirmó su relato señalando los momentos y la forma en la que había actuado.
“Cuando el vehículo va hacía mí, temo por mi vida, vi una amenaza directa, si no me hago a un lado, me quita la vida. Repelí la agresión”, aseguró.
El código rojo y el pasamontañas
El pasamontañas que utilizaba el hermano de la víctima mortal de los hechos, así como el hecho de que durante la agresión los agentes estuvieran bajo código rojo, fueron aspectos que tomaron protagonismo en la audiencia que se llevó a cabo. El agente, contó que aquella mañana de domingo, brindaba apoyo de seguridad a su compañera, que también es su pareja sentimental, debido a que las corporaciones policiacas locales estaban en “código rojo”, que representa el máximo nivel de alerta.
Lo anterior, debido a las detenciones del pasado 28 de diciembre, en un domicilio ubicado cerca de la plaza comercial Plaza Juárez Mall, que desencadenó en amenazas directas a los agentes de seguridad pública. Para Arturo Iván, esta situación generó un estado de alerta mayor a las situaciones normales, estaban más estresados y atentos a cualquier situación. Según su propia experiencia como agente, la mayoría de las veces que habían sido víctimas de ataques, sus agresores cumplían dos características básicas: utilizaban algo que les cubría el rostro y prendas “tipo tácticas”. Mismas que, de acuerdo con su relato, el hermano de la víctima estaba portando, por lo que actuó en consecuencia y como si estuviera a punto de estar en un enfrentamiento armado. En algún punto de su testimonio, confesó que esperaba que los tripulantes comenzarán a disparar en su contra, pero nunca sucedió. No obstante, mencionó que el hecho de que quisieran atropellarlo, ya era una agresión directa a su integridad, “por lo que no tenía otra manera de actuar”.
Antes de que la defensa pudiara interrogarlo, el imputado se adhirió al derecho de no declarar en su contra, por lo que su testimonio terminó.
La siguiente en declarar fue la agente a la que estaba apoyando aquella mañana, Brenda, quien admitió su vínculo de parentesco como pareja sentimental y que fue para declarar en su favor. Su historia se apega a la de Arturo Iván, refirió que los tripulantes del vehículo trataron de atacarlo directamente y compartió que la alerta de código rojo representa para ellos un estado de alerta mayor. Agregó que, en el momento de los hechos, ellos vestían sus uniformes de la Fiscalía General del Estado y que era visible que eran agentes de una corporación de seguridad pública, pese a que nunca se presentaron o tuvieron alguna identificación visible.
Cuando terminó su testimonio, la agente pidió permiso para entrar como público, mismo que es concedido por el juez, quien le permitió sentarse detrás de su pareja, único lugar disponible. Al sentarse, su rostro tomó un color rojizo, mientras sus gestos y muecas demostraban la incomodidad e incredulidad del momento que vivía. Por su parte, otro de los compañeros de Arturo Iván, lanzó largos y sonoros suspiros al viento mientras bajó la mirada y se tomó constantemente el rostro con las manos.
Los demás testimonios de la tarde, peritos de criminalística, balística y medicina forense, establecieron el lugar, momento y cómo sucedieron los hechos en los que Julián Alfredo Rodríguez perdió la vida a manos del agente ministerial.
Entre la defensa y el Ministerio Público, surgió constantemente el debate de si la actuación del agente fue abuso de poder o legítima defensa. El argumento de los abogados defensores resaltó que los elementos de prueba mostrados en las audiencias demostraron cómo su cliente actuó en legítima defensa y que, al considerar en peligro su integridad, utilizó la fuerza letal como único recurso de sobrevivencia.
Agregaron que, al ser servidor público, su actuar estaba justificado dentro de distintos lineamientos judiciales, por lo que concluyeron que no se justifica la vinculación a proceso contra su cliente.
Por su parte, el Ministerio Público y el asesor de las víctimas, consideraron que el juez de Control estaba atestiguando un claro ejemplo de un “exceso de autoridad”. Si bien, no negaron que el agente pudo haberse sentido en peligro, su actuar fue excesivo debido a disparó directamente hacia los tripulantes del vehículo cuando estaban huyendo, es decir, cuando la agresión en su contra ya había sucedido y su vida ya no estaba en riesgo.
Cuando la desconfianza se encuentra con la inseguridad
Concluida la etapa de debate, el Juez de Control expuso su fallo del caso, dando la razón en algunos puntos a la defensa del imputado, como al Ministerio Público. Desde su perspectiva, no se puede negar que el agente, tomando en cuenta el contexto en el que se dieron los hechos, actuó de manera racional, en concordancia a lo que creía que estaba viviendo: un ataque en su contra. Incluso, señaló que había elementos legales que justificaban la actuación del agente al momento de los hechos.
Sin embargo, derivado de los testimonios de las víctimas, se puede advertir que el conductor del Mustang y sus tripulantes también se sintieron en peligro. El juez señaló que en las declaraciones de los tripulantes, solamente señalaron que mientras viajaban dentro del vehículo, observaron a un hombre con chamarra negra y un arma larga a mitad de la calle, mismo que estaba parando a los vehículos. En el contexto que se vive en esta ciudad, es altamente probable que el conductor haya pensado que su vida y su patrimonio estaban en riesgo, que estuvieran a punto de ser víctimas de un robo o un levantón, por lo que, aunque se resaltó que actuaron de manera imprudente al manejar y patinar las llantas a alta velocidad, el juez consideró que es una conducta entendible, dado a que también estaban tratando de protegerse.
Por lo anterior, es que el juez dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Arturo Iván V.S. por el delito de homicidio simple cometido contra Julián Alfredo Rodríguez, joven estudiante estadounidense de 19 años de edad. En este caso, se le concedió la atenuante de “exceso en el uso del poder”, máximo nivel de beneficios que se le concede a un procesado, por el que solamente podría pagar un cuarto de la pena que llegue a aplicarse en su contra, en caso de ser encontrado culpable.
En su explicación al imputado, el juez indicó que, en las siguientes etapas del proceso, podría recuperar su libertad, dado que hay elementos que, al ser revisados por un juzgador de segunda instancia, puedan determinar que el imputado actuó en legítima defensa. Por ahora, tendrá que pasar los próximos dos meses en prisión preventiva, en espera de que comience el juicio en su contra.
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