Por violaciones al derecho de la víctima y al debido proceso, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) apelará la decisión del Tribunal de Justicia de Chihuahua de autorizar el beneficio de la prisión domiciliaria al sacerdote Aristeo B.B., acusado de abusar y violar a una niña de 11 años.
“Estamos muy preocupados y sorprendidos por esta decisión, primero por la audiencia que se programó en día domingo, de forma privada y la víctima no fue notificada por el Tribunal, y enseguida porque no se presentaron argumentos que lo justificaran”, declaró a Norte la presidenta de la CEAVE Irma Villanueva.
La ley es muy clara que para cambiar una medida cautelar deben haberse modificado las condiciones de salud o de seguridad del acusado, cosa que no ocurrió, refirió Villanueva.
“La jueza que lo vinculó a proceso el 14 de febrero ya había determinado que no había elementos para otorgar la prisión domiciliaria y sin embargo, con los mismos argumentos, el juez de control decidió lo contrario”, cuestionó.
La condición de salud que alega la defensa es que el sacerdote padece hipertensión, sin embargo, de acuerdo con un médico especialista presentado por la parte ofendida, esa condición es perfectamente controlable con un tratamiento adecuado que puede ser llevado sin problema dentro del CERESO.
Además, para llevar la prisión domiciliaria, la defensa del acusado presentó una casa habitación dada en comodato por un matrimonio de la comunidad católica del mismo cura, situación que pone en evidencia un claro favoritismo del juzgador por tratarse de una organización religiosa, explicó la defensora de las víctimas.
“Las víctimas perdieron la confianza en el Tribunal Superior de Justicia que tal vez se dejaron presionar para esta decisión; es muy lamentable que hayan tenido consideraciones con el presunto agresor, permitiéndole llevar el proceso en casa y en cambio las víctimas tengan que estar en un refugio, resguardadas, porque tienen miedo de ser agredidas por los seguidores del sacerdote”.
Para Villanueva es necesario analizar el contexto de lo que ha pasado históricamente en el tema de delitos cometidos por religiosos, a quienes se les da un trato preferencial por la influencia moral que ejercen en la comunidad.
“Recordamos las primeras opiniones de la iglesia en Juárez en defender a priori a esta persona y diferentes manifestaciones de confiar en su inocencia; con todo ese contexto bien pudiera considerarse que hubo algún otro interés que influyó en esta decisión”, expresó.
Finalmente reflexionó sobre el argumento de sacarlo del CERESO por su edad, pues tenía 73 años cuando cometió la última violación; si se aplica ese criterio, todos los mayores de esa edad tendrían permiso para cometer el mismo delito y no ser encarcelados.
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