Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes denunciaron que, antes del incendio registrado en la estación migratoria de Janos, el Instituto Nacional de Migración (INM) mantenía a personas detenidas hasta por 15 días, en condiciones inadecuadas y en contra de los límites legales establecidos para la privación de la libertad por motivos administrativos.
También exigieron una investigación a fondo para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el incendio, durante el cual fueron evacuadas 33 personas que se encontraban en riesgo.
De entrada, recriminaron que el Gobierno federal mantiene una narrativa que criminaliza a las personas detenidas, con lo que incrementa la discriminación y la xenofobia.
“Este hecho ocurre en un contexto que no debe ser ignorado: en 2023, un incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, provocó la muerte de 40 personas; 27 hombres resultaron lesionados de gravedad y 15 mujeres sufrieron estrés postraumático sin ser reconocidas como víctimas. Por ello, nos preocupa que, ante un nuevo incendio en una instalación migratoria de Chihuahua, la respuesta institucional vuelva a centrarse en atribuir preliminarmente los hechos a un supuesto acto de vandalismo”, subrayó el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM).
En ese grupo participan varias organizaciones, entre ellas Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), que trabaja en el ámbito local.
Las agrupaciones señalaron que, desde 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que ninguna estación migratoria es apta para la detención de personas migrantes.
Hicieron un llamado para que el INM revise de manera inmediata las condiciones de seguridad, protección civil y atención integral de las personas en contexto de movilidad.
También demandaron que garantice condiciones adecuadas para proteger la vida, la integridad y los derechos de quienes se encuentran en las estaciones migratorias bajo su responsabilidad, mientras se avanza hacia la no detención por razones migratorias.
De manera específica, la Red Jesuita con Migrantes (RJM), sección México, denunció que hasta el momento no existe información pública sobre el lugar y las condiciones en que fueron reubicadas las 33 personas, ni sobre su estado de salud.
“Estos hechos no constituyen un accidente aislado. Desde hace semanas se tenía conocimiento de las condiciones inadecuadas de alojamiento en esa estancia; de detenciones prolongadas por hasta 15 días, contrarias a los estándares que rigen la actuación del INM y a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los límites de la privación de la libertad por motivos administrativos migratorios”, señaló la RJM.
El mismo organismo exigió una verificación inmediata de las condiciones de la estancia migratoria de Janos en materia de infraestructura, protocolos de protección civil, rutas de evacuación, servicios de salud, alimentación y acceso a la información, así como la adopción de medidas correctivas verificables.
Además, pidió respeto estricto a los plazos legales de la detención migratoria y avanzar decididamente hacia alternativas a la detención, considerando los estándares internacionales de excepcionalidad y los criterios de necesidad, adecuación, razonabilidad y proporcionalidad.
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La organización exigió una investigación independiente y transparente, la rendición de cuentas de las autoridades y el fin de la detención migratoria como respuesta automática
