Tras una audiencia que se extendió por siete horas, el juez de control Víctor Manlio Hernández Calderón autorizó la extinción de la acción penal y sobreseimiento en favor de Francisco Garduño Yáñez, tras haber cumplido las condiciones que se impusieron en su contra dentro de la causa penal 237/23, en la que se le acusaba de ejercicio indebido del servicio público.
El juez consideró como válidos los documentos que presentó la defensa del imputado, quien resaltó que Garduño Yáñez permaneció en el mismo domicilio y que ordenó el pago de las indemnizaciones a las víctimas, además de que se les garantizará atención médica por medio del IMSS.
Si bien, algunas víctimas, así como sus asesores jurídicos, señalaron que todavía no reciben algún tipo de atención médica, el juez puntualizó que a Garduño Yáñez no le competía garantizar dicha atención y que él cumplió con gestionar que hubiera un convenio entre INM e IMSS.
Respecto a las disculpas públicas, las víctimas señalaron no sentirse satisfechas, pero el juez mencionó que, pese a su sentir, se demostró que se habían llevado a cabo el acto público.
Además, la defensa del imputado demostró que se había capacitado a personal del INM en temas de derechos humanos y protección civil, además de que se habían hecho inspecciones en diversas estaciones migratorias.
En su resolución, Hernández Calderón puntualizó que Francisco Garduño Yáñez no fue condenado ni tampoco se discutió sobre su responsabilidad penal. Por consiguiente, se concedía que utilizara recursos del Gobierno para pagar las indemnizaciones para las víctimas.
Según los defensores del excomisionado, con esta decisión concluye la causa penal en su contra.
Mientras, el asesor jurídico de víctimas, Marcos Zavala, de la Fundación para la Justicia, puntualizó en que apelarán la decisión del juez y que todavía quedan pendientes diversos recursos, como juicios de amparo, para revocar la suspensión condicional del proceso.
La imputación en su contra tiene base en los hechos del 27 de marzo de 2023, cuando un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez del puente Lerdo dejó un saldo de 40 muertos y 27 lesionados.
Como titular de la dependencia, se le acusó del delito de ejercicio indebido del servicio público y omisiones en su responsabilidad para garantizar la seguridad de migrantes recluidos en esas instalaciones.
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