La Fiscalía General del Estado (FGE) no debe parar la investigación de un feminicidio, porque los asesinos siguen ahí afuera y las familias merecen que se castigue a los responsables, exigió Cinthia Marcela Martínez Montañez, en una protesta efectuada el fin de semana.
La hermana de Araceli Esmeralda -quien fue privada de la vida en 1995-, reprochó a la Fiscalía que, sabiendo que el caso estaba cerrado desde 2010, ninguna autoridad les informó el hecho en 15 años.
“Que la Fiscalía haga su trabajo; yo siempre les he dicho que el trabajo no está detrás del escritorio, afuera están los asesinos”, reclamó la joven.
Respecto a la demanda de la familia Martínez Montañez, la exdirectora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave) en el año 2020, Irma Villanueva, recordó que los derechos de las víctimas están en la Constitución desde 1994.
“Las víctimas tienen derecho al acceso a la justicia y dentro de éste, a ser informadas sobre el estado procesal en el que se encuentran sus expedientes”, refirió.
También tienen derecho a un asesor jurídico independiente del Ministerio Público, en el que ellas tengan confianza y que puedan enterarse de todas las etapas y diligencias del proceso, como puede ser el por qué se están decidiendo archivar un asunto, explicó.
“Tienen derecho a la información y que la información sea clara y sencilla, para que puedan entender y comprender lo que está pasando en los procesos”, indicó.
La también abogada e iniciadora de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosydhac) de Chihuahua, sostuvo que existen recursos legales que ellas pueden invocar para impugnar ante el juez resoluciones que no les sean favorables.
“Si no hay una notificación a las víctimas directas, eso es algo muy grave”, afirmó.
Inhumano lo que hace Fiscalía, dice exdiputada de Comisión de Feminicidio
La expresidenta de la Comisión de Feminicidio del Congreso del Estado, Leticia Ochoa Martínez, consideró indignante que las autoridades correspondientes no den seguimiento a los casos.
“Cómo es posible que sean tan inhumanos, que les lleven los casos ahí a sus oficinas y no les den la importancia que deben”, comentó.
Las investigaciones de feminicidios -dijo-, deben seguir hasta que se dé con los responsables.
“Cómo es posible que tengan tan poca sensibilidad, (…) creo que las autoridades son muy insensibles y es muy indignante y comprendo su molestia y su enojo”, remarcó.
De acuerdo con la familia de Araceli Esmeralda -quien habría cumplido 49 años el pasado 5 de abril-, hubo un sujeto identificado como presunto responsable del feminicidio, al cual se le giró una orden de aprehensión.
Pero en 2010 el caso fue cerrado y ya ninguna autoridad le dio seguimiento.
El siguiente agravio después de no capturar al sujeto, dijeron, fue que nadie les haya notificado la prescripción.
No fue sino hasta que acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), cuando lo supieron.
Por eso decidieron realizar la protesta el sábado 12 de abril en el mismo sitio donde ocurrió el feminicidio y que ellos han nombrado como La Cruz de Esmeralda.
“Estamos en Ciudad Juárez, estamos en 2025 y seguimos viendo como la Fiscalía sigue haciendo lo que quiere con las carpetas, sigue haciendo lo que quiere con las familias”, dijo Cinthia Marcela, acompañada por su madre Rosaura y otros familiares.
Anunció que como parte de las acciones que emprenderán está la búsqueda de apoyo para promover una reforma de ley donde los casos que no fueron tipificados del 2006 hacia atrás sean reconocidos como feminicidios.
En el estado de Chihuahua el Código Penal fue reformado para clasificar el homicidio de una mujer como feminicidio desde octubre de 2020.
Arrojar el cuerpo de una mujer después de privarla de la vida, es feminicidio
En el Código Penal Federal dicha reclasificación llegó en abril de 2023 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el artículo 325, que el delito de feminicidio consiste en la privación de la vida de una mujer por razón de género.
El ordenamiento incluye ocho causales que establecen cuando materializa el ilícito, en las cuales se incluye que el cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar público.
Araceli Esmeralda fue brutalmente asesinada el 3 de julio de 1995 y su cuerpo abandonado en un camino de terracería, un kilómetro al sur del entronque de la carretera a Casas Grandes y el eje vial Juan Gabriel.
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