La cuenta del proceso de renovación del transporte público juarense indica que, hasta ayer, se adquirieron camiones nuevos o que cumplen con el año-modelo establecido en la ley de un máximo de 10 años de antigüedad para 423 concesiones, mientras que se comenzó la notificación de cancelación de permisos a 234.
Además, este 20 de julio vence el plazo de 90 días para que otros 20 concesionarios, que fueron notificados de su obligatoriedad para renovar sus unidades, prueben que están realizando el trámite o enfrentarán la cancelación de sus permisos, informó el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda.
Datos que fueron proporcionados por el funcionario establecen que en esta frontera existen 891 concesiones de transporte público vigentes, pero solo 412 están trabajando y 479 están vigentes, pero sin operar, por lo que desde principios de este mes entraron en proceso cancelación 234 de esos permisos.
De las concesiones vigentes, únicamente 73 vehículos, que representan el 17 por ciento, cumplen con la edad establecida para dar el servicio.
El funcionario estatal informó que se está en proceso de verificación de la adquisición de 250 unidades que cumplen con el año-modelo, además de que otros empresarios le notificaron que compraron 148 camiones nuevos.
Ya comenzó, dijo, la notificación para la cancelación de 234 concesiones; sin embargo, este proceso deberá hacerse de tal forma que no colapse el sistema porque el problema no se resuelve con “una bola de cristal o una varita mágica”.
Añadió que existe una gran demanda del servicio y existe un grupo de concesionarios que tiene la oportunidad y la obligación de prestarlo.
“Lo que nosotros queremos es que el transporte esté mejor, no simplemente sentarnos en el escritorio a juzgar y ponerles adjetivos a los concesionarios… son de alguna manera una extensión del servicio público que se brinda desde el Gobierno y con esa lógica deberemos de trabajar mano a mano y codo a codo con los concesionarios para ir mejorando”, enfatizó.
Dijo que no se trata simplemente de “sacar el garrote” y comenzar a cancelar concesiones porque entonces se dejaría sin transporte público a la ciudad y quien pagaría las consecuencias serían los usuarios.
Se debe pensar en todo momento y poner en el centro de cualquier decisión o acción del Gobierno del Estado a los usuarios, hacerlo de otra manera destruiría el sistema que, más allá de cualquier consideración o adjetivo que se le pudiera poner, justo o injusto, es un servicio que funciona, agregó.
Consideró que hay que fijarse objetivos para que el transporte cada vez sea mejor, la demanda no debe ser simplemente llegar a destruir lo que se tiene, por eso primero se están cancelando las concesiones que simplemente no están prestando el servicio.
El siguiente paso, indicó, es terminar la revisión de cuáles incumplen con el año-modelo y empezar a cancelarlas.
“No adelantemos vísperas, creo que hoy, por primera vez en la historia de Ciudad Juárez, hay una decisión y un gran equipo de funcionarios dedicados a ponerle orden a este tema… no se trata de disparar críticas a diestra y siniestra”, enfatizó.
Mencionó que todos los días se suman concesionarios al proyecto de renovación del servicio, que es un indicativo de que se avanza en el sentido correcto.
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