Al menos 5 mil personas entre amas de casa, padres de familia, trabajadores y estudiantes, se ven afectadas cada día por la falta de transporte en el Valle de Juárez por lo que este viernes, representantes de dicha comunidad, entregaron un escrito de queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La situación es tal, que las personas llegan a gastar de 100 a 900 pesos para poder trasladarse desde alguna de las 22 localidades ubicadas entre los poblados de Loma Blanca y El Porvenir, al centro de Ciudad Juárez, señaló Alejandro González, del grupo Transporte del Valle de Juárez o Por el regreso del Porve.
Ante representantes de medios de comunicación que se congregaron para cubrir la entrega del documento en las oficinas de la CEDH, González señaló que el transporte en el Valle de Juárez ya era deficiente antes del BRT.
Recordó que hace cuatro años el camión de la ruta Juárez-Porvenir pasaba cada dos horas y las personas gastaban 30 pesos para llegar hasta el centro comercial S-Mart de la calle Altamirano.
Actualmente, no hay nadie que les preste el servicio, reprochó.
Cuestionado sobre por qué los concesionarios no les dan el servicio, refirió que lo que les ha dicho es que no sirve como negocio, porque la gente ha dejado de usarlo.
En ese caso, opinó, debería haber subsidio gubernamental o buscar otros concesionarios que estén dispuestos a prestar el servicio.
Incluso indicó que actualmente existen concesionarios que están dispuestos a dar el servicio, uno en minivans y otro con dos camiones, pero el actual titular de la concesión, no quiere.
“Ni picha, ni cacha, ni deja batear”, criticó.
Uno de los firmantes del documento, Leobardo García Galindo, quien vive en Práxedis G. Guerrero y es profesor jubilado, señaló que hay una ausencia total de transporte público para la gente que vive en el Valle de Juárez desde que se eliminó la ruta que existía Juárez-Porvenir, y que llegaba hasta el kilómetro 82.
“Hay mucha gente que no puede realizar sus labores cotidianamente, de una manera segura y rápida, por la falta de transporte”, lamentó.
García Galindo dijo que aunque hay varios concesionarios que tienen la obligación de dar el servicio, porque sus concesiones corresponden a esa ruta, no lo hacen, y Gobierno del Estado, de acuerdo con la ley, debería de quitárselas “para que entre otra gente a dar el servicio”.
Decidieron poner la queja en la CEDH porque se trata de un derecho humano y porque después de muchas pláticas con funcionarios estatales, no han tenido soluciones, remarcó.
“No hay quien responda para resolver la necesidad que tenemos de transporte”, insistió.
Este sábado, los manifestantes acudirán a una reunión con el subsecretario de Trasporte, en el centro comunitario de la etapa 3 de Riberas del Bravo, para plantearle sus demandas, indicaron.
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