Con el carácter de urgente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia constitucional del Gobierno del Estado de Chihuahua por el rompimiento del diálogo en materia de seguridad con la Federación, luego de que el gobernador Javier Corral expulsara al exdelegado Juan Carlos Loera de las reuniones.
El argumento en que se basa la controversia constitucional es que se violentan los principios fundamentales del federalismo.
El objetivo de la controversia, explicó el gobernador, es suspender el abandono del Gobierno federal y le mandate cumplir con su obligación constitucional de brindar seguridad a los chihuahuenses, a través de la coordinación con las autoridades estatales.
La SCJN admitió con carácter urgente para su tramitación la controversia constitucional 180/2020 contra la decisión del Gobierno federal de abandonar la coordinación con la entidad en materia de seguridad pública.
Los fundamentos de la controversia de Chihuahua
Por su parte, el consejero jurídico del Gobierno del Estado Jorge Espinoza Cortés explicó que la controversia elaborada por la oficina a su cargo se basa en tres temas principales:
1.- Sustentar la inconstitucionalidad de la decisión errónea del Gobierno federal de alejarse y abandonar la mesa de seguridad del Estado de Chihuahua.
2.- Buscar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspenda ese abandono y obligue al Gobierno federal a cumplir con su obligación de coordinarse con el Estado en materia de seguridad.
3.- Buscar que el Gobierno federal cumpla con su obligación constitucional de brindar seguridad a los chihuahuenses.
Espinoza mencionó que la controversia se destaca que la coordinación en materia de seguridad pública es una obligación de los tres órdenes de Gobierno, ya que está mandatada en la Constitución federal.
En el artículo 21 establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, de los Estados y de los Municipios, los cuales deben coordinarse, en los términos señalados por la ley, para fijar un sistema nacional de seguridad pública.
El pasado 22 de septiembre, por instrucciones del gobernador Corral, y como reacción a las diferencias políticas en el tema de la extracción del agua de las presas, expulsó al delegado federal Juan Carlos Loera de las reuniones de la Mesa para la Construcción de la Paz.
En respuesta, el Gobierno federal comenzó a realizar sus propias reuniones de evaluación, estrategia y seguimiento en las instalaciones de la V Zona Militar en la capital del estado. Mientras, en Palacio de Gobierno, las autoridades estatales continúan realizando sus sesiones de trabajo.
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