El Gobierno Municipal interpondrá recursos legales por un supuesto cobro injusto derivado de una sentencia en un predio en litigio en el Camino Real.
Tras un fallo por sentencia condenatoria de un juicio que inició en 2016, al Municipio se le condenó pagar 83.6 millones al propietario del inmueble. Lo anterior, por invadir un terreno particular en 2006 para construir un tramo del periférico Camino Real,
Sin embargo, la autoridad municipal consideró que la jueza Hilda Margarita Campos Alcantar dictaminó el caso con base en argumentos fraudulentos.
Incluso, debido al fallo, el Juzgado concedió al demandante embargar las cuentas bancarias del Municipio y propiedades para garantizar el pago.
Interpone Municipio acción de defensa por caso del Camino Real
«Para defender el patrimonio de los juarenses, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez ha iniciado las gestiones de acción de defensa, para interponer quejas administrativas y denuncias correspondientes, ante un cobro de un poco más de 83 millones de pesos, como pago por la ocupación irregular de un terreno por parte de administraciones pasadas, sobre el cual, se construyó una parte de la vialidad identificada como Camino Real.
Lo anterior, derivado de un claro abuso de poder, en el incidente de ejecución derivado del juicio ordinario civil 803/2016, en el que el Municipio de Juárez fue condenado por la Jueza Cuarto de lo Civil por Audiencias, Hilda Margarita Campos Alcantar con base a condenas que aún están en litigio. Y por eso, no tienen firmeza legal», señaló el Gobierno Municipal a través de un comunicado de prensa.
La visión del área jurídica del Municipio considera que la sentencia interlocutoria que determinó ese valor del predio a pagar se fundamentó en dictámenes fraudulentos, que jamás causó ejecutoría. Es decir, no adquirió firmeza y por consecuencia no era ejecutable.
«No obstante lo anterior, la citada juez ha iniciado la vía de apremio para ejecutar tanto la sentencia interlocutoria que jamás era ejecutable, como el convenio que fue celebrado para terminar el conflicto. En virtud del cual, una apoderada del Municipio pactó con la parte actora el pago de sólo 30 millones de pesos. Más la entrega de un predio como indemnización para terminar el conflicto», indica el documento.
Desde el 2006, el primer fallo dictado por el juez Cuarto Civil fue favorable al Municipio. Luego se ratificó en segunda instancia y el propietario tramitó un amparo que revirtió el primer fallo a su favor.
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