Tras el incendio en la estancia migratoria de Janos, donde evacuaron a 33 extranjeros y varias mujeres el pasado sábado, el abogado de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA)–con sede en la Ciudad Juárez– señaló que, aparentemente, los cambios en las estaciones temporales no se hicieron.
En entrevista con Norte Digital, Marcos Zavala dijo que, afortunadamente, en este último caso en el estado de Chihuahua sí les abrieron la puerta, porque, de no haberlo hecho, se estaría hablando de una tragedia similar a la del 27 de marzo de 2023, cuando fallecieron 40 migrantes y 27 resultaron lesionados.
Indicó que, después del incendio de Juárez y de que desde la sociedad civil se empezó a representar a algunos de los sobrevivientes o familiares de los fallecidos, el compromiso del INM fue hacer varios cambios en la atención a las personas en movilidad y, en concreto, en las estaciones migratorias. Sin embargo, todo parece indicar que las inconformidades continúan, porque las protestas aún ocurren.
Mencionó que el excomisionado del INM, Francisco Garduño, tuvo que cuidar que todas las estancias a nivel nacional cumplieran con medidas de protección civil y condiciones dignas; que no fueran prisiones, sino verdaderas estancias; que no mantuvieran incomunicadas a las personas y que existiera un control de detención y verificación migratoria.
Zavala agregó que, como Estado mexicano, se debe garantizar que las personas privadas de la libertad no permanezcan retenidas en estaciones migratorias durante más de 36 horas, que se cuente con medidas mínimas de protección civil y que las estancias sean dignas y estén apegadas a los derechos humanos.
Se debe tener un registro de la hora en que se les detuvo, de su estado de salud e, incluso, de su condición psicosocial, todo lo cual se establece en la Ley de Migración, anotó.
Subrayó que “otra vez vemos que a quienes quieren inculpar es a las personas migrantes, siendo que las personas migrantes no se metieron a las estancias migratorias. Ellos están retenidos administrativamente porque no han cometido ningún delito”.
Afirmó que en ningún sentido podría atribuirse a los migrantes la responsabilidad por ejercer actos de protesta ante la falta de condiciones dignas, el retraso de sus trámites o los obstáculos derivados, incluso, de actos de corrupción.
El abogado señaló que las personas privadas de la libertad que sí cometieron un delito tienen derecho a protestar porque no hay comida, atención médica o condiciones de higiene en un centro penitenciario. Con mayor justificación puede hacerlo una persona que solamente está cruzando, “de paso por nuestro país y que se le retiene por un tema administrativo en una estancia migratoria”.
Indicó que el caso de Janos cobra relevancia porque el excomisionado Francisco Garduño debe demostrar que las estancias migratorias “tengan ventiladores, aire acondicionado, que haya ventanas, que los hidrantes funcionen, que los extintores funcionen, que el personal tenga capacitación en protección civil, que las condiciones para evacuar y las salidas de emergencia sean las adecuadas, que no haya cosas inflamables o altamente inflamables y tóxicas dentro de la estancia, precisamente para que no las quemen”.
Señaló que, para la audiencia que se reprogramó para el 13 de octubre, se espera que Garduño rinda un informe pormenorizado de todas las estaciones migratorias del país para conocer “si ya se cumplen estas mínimas condiciones —y digo mínimas condiciones— para las personas que son retenidas en las estancias”.
Zavala aseveró que, si no cumplió con estas condiciones, al excomisionado del INM se le tendría que revocar el beneficio de la suspensión condicional y permitir que su proceso penal, el 237/2023, continúe para que enfrente un juicio.
“Él no quiere enfrentar un juicio. Él quiere salir por la puerta trasera con un beneficio que fue ilegalmente autorizado”, enfatizó.
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