Ante las críticas por inconsistencias y posibles violaciones a derechos humanos, el Ayuntamiento de Juárez abrió la revisión del Reglamento de Seguridad Vial y Movilidad, luego de que colectivos ciudadanos expusieran fallas en su contenido y aplicación.
Una comisión conjunta de regidores de Seguridad y Movilidad acordó la instalación de mesas de trabajo para revisar el reglamento, ya que, aunque entró en vigor en enero de 2025, contiene disposiciones contradictorias y otras que podrían violar derechos humanos.
Representantes de los colectivos Peatones Heroicos, Fundación Juárez Integra, Consejo de Movilidad Juárez (CMJ) y Plan Estratégico expusieron sus observaciones ante los regidores, quienes se comprometieron a emitir una respuesta derivada de un trabajo colegiado junto con funcionarios de la administración municipal.
Reglamento de Movilidad, bajo cuestionamiento por enfoque hacia discapacidad
Laura Antillón, de Fundación Juárez Integra, solicitó la modificación del artículo 106 del reglamento, el cual —señaló— se aprobó tras cambios en la legislación estatal, federal y constitucional que colocan en primer lugar la movilidad de peatones y medios no motorizados.
En materia de derechos de las personas con discapacidad, Antillón cuestionó que el reglamento establezca como sujetos prioritarios únicamente a niñas, niños y adolescentes, así como a personas con discapacidad, sin considerar el enfoque integral de derechos.
Además, criticó que la norma exija que las personas con discapacidad deban ser asistidas o acompañadas al transitar por el espacio público como medida preventiva, lo que calificó como una visión superada, ya que desde hace al menos 18 años el enfoque internacional dejó de ser médico para adoptar uno basado en derechos humanos.
También advirtió que el reglamento utiliza un lenguaje ambiguo al referirse a “personas con discapacidad física”, un concepto demasiado general que puede dar pie a interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad.
Explicó que los oficiales encargados de aplicar la norma no cuentan con la capacitación necesaria para diferenciar entre condiciones mentales, psicológicas o biológicas, y que, en muchos casos, las propias personas con discapacidad son plenamente independientes.
Señaló además que el reglamento instruye a los agentes a detener y remitir a estas personas, lo cual —dijo— “atenta contra los derechos de las personas con discapacidad, que no deberían ser sujetas a acciones coercitivas y arbitrarias”.
Por ello, pidió la revisión inmediata del reglamento y su modificación, al considerarlo paternalista y violatorio del derecho humano a la movilidad.
Agregó que el ordenamiento debe alinearse con la Constitución, la Ley General de Movilidad y la legislación municipal, recordando que las organizaciones trabajaron durante dos años en la armonización de estos marcos normativos.
Inconsistencias entre norma y realidad en calles de Juárez
Por su parte, Abelamar Chacón, de RegidorMX, señaló la falta de coherencia entre lo que establece el reglamento y su aplicación en la ciudad. Indicó que, aunque desde enero de 2025 el límite de velocidad es de 50 kilómetros por hora, la señalética aún marca 60 kilómetros por hora.
Esto, dijo, genera confusión y riesgos, ya que —de acuerdo con estándares internacionales— una diferencia de 10 kilómetros por hora puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Ciclistas exigen reconocimiento legal de atropellos
Durante la reunión, Ricardo Luna, integrante de un movimiento ciclista que visibiliza la inseguridad vial, pidió que el reglamento reconozca como atropellos —y no como colisiones— los incidentes en los que se ven involucrados ciclistas y vehículos motorizados, conforme a criterios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Informó que desde 2023 a la fecha su colectivo, conocido por colocar bicicletas blancas en sitios donde han ocurrido fallecimientos, documentó la muerte de 16 personas en incidentes viales.
Explicó que clasificar estos hechos como choques entre vehículos ignora la desigualdad en la capacidad de daño entre un automóvil y un ciclista.
Añadió que este enfoque, reconocido por autoridades federales, genera problemas legales y revictimiza a quienes, junto con los peatones, son los usuarios más vulnerables en la jerarquía de movilidad en México.
El urbanista Gabriel García, especialista en movilidad, también participó en la elaboración de la iniciativa ciudadana que impulsa estas modificaciones al reglamento.
Finalmente, los regidores Mireya Porras (PRI), Karla Escalante Ramírez (Morena), María Adame Alvarado (Morena), Luz Clara Cristo (Pueblo) y Eduardo Valenzuela (PT) se comprometieron a convocar a los actores involucrados para iniciar la revisión de la normativa vigente.
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