En próximos días llegará a Ciudad Juárez un “pelotón” de autoridades del Poder Judicial de la Federación para evaluar el trabajo del Juzgado Quinto de Distrito, actualmente a cargo del juez Gabriel Galván Morales, quien ha sido blanco de quejas, señalamientos y denuncias por parte del personal que tiene a su cargo.

El asunto está muy lejos de ser una visita de rutina. Ocurre después de que empleados del juzgado se reunieran con enviadas del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, ambos del Poder Judicial de la Federación.

Ese encuentro se celebró el pasado 29 de junio y, según cuentan, las dos representantes —Catalina Ramírez Hernández, del Órgano de Administración Judicial, e Indira Isabel García Pérez, magistrada del Tribunal de Disciplina— se llevaron la canasta llena de quejas.

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El documento enviado por el Tribunal de Disciplina Judicial —cuya copia obra en poder de este Mirone— no deja espacio para interpretaciones: vienen a revisar qué está ocurriendo en el Juzgado Quinto y cómo ha sorteado el temporal el juez Galván.

Se trata de un “Procedimiento de Evaluación de Seguimiento Especial”, una denominación que, por sí sola, revela que ya existían elementos suficientes para justificar una revisión extraordinaria del órgano jurisdiccional.

El documento no detalla cuáles fueron esos antecedentes, pero sí deja claro que la visita deriva de un procedimiento previamente iniciado. Es decir, la revisión no se limita al funcionamiento de la oficina judicial, sino que también alcanza el desempeño del propio titular, sobre quien se han concentrado los reclamos promovidos por la delegación sindical del Poder Judicial de la Federación en Juárez.

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Lo más interesante aparece casi al final del documento. La evaluación no se limitará a las inconformidades ya conocidas de los empleados, sino que abrirá la puerta a cualquier persona que tenga algo que decir sobre el juzgado.

Ahí está anunciado: el procedimiento habilitará un canal para recibir denuncias, quejas o comentarios, de manera escrita, verbal o electrónica, relacionados con el funcionamiento del juzgado y con el desempeño del juez Gabriel Galván Morales.

Eso significa que litigantes, abogados, funcionarios, usuarios del juzgado y cualquier persona vinculada con su operación podrán expresar lo mismo una inconformidad que un reconocimiento, si lo consideran pertinente.

Como quiera que se vea, se trata de uno de los momentos más delicados para esta etapa de la llamada “Justicia del Bienestar”. No todos los días un juez queda sometido al escrutinio de quienes trabajan con él y de quienes acuden diariamente a su tribunal. Y, en esta ocasión, el veredicto empezará a escribirse mucho antes de que exista una resolución formal.

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Hace rato que los organismos empresariales enfrentan una dura crisis de representatividad, y una manifestación pública de esas problemáticas internas acaba de presentarse con la ruptura de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El presidente de Canaco Juárez, Iván Pérez Ruiz, hizo el anuncio oficial de la salida bajo el argumento de que en el CCE se han negado sistemáticamente a modificar sus estatutos para hacerlos más inclusivos y democráticos, además de considerar que poco o nada obtenían los comerciantes organizados al seguir integrados a ese ente cupular del sector empresarial.

La concentración de poder y la búsqueda del control político y económico de los organismos empresariales para beneficio de unas cuantas figuras que se creen dueñas absolutas del gremio es lo que está en el centro de los pleitos y la desintegración.

Lo que se enteró Mirone es que, aparte de las múltiples historias de cerrazón y exclusión —hasta “Club de Toby” y misóginos les llamó a quienes controlan el CCE la expresidenta de Canacintra, Isela Molina—, hubo una gota que derramó el vaso para la salida de Canaco.

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Esa fue el aferramiento de Fernando Suárez Cerón para reelegirse como presidente en turno del Consejo Coordinador Empresarial, por otros seis meses.

La decisión generó inconformidad entre más de dos socios, no únicamente de Canaco. Pero lo que se comenta es que la tirada de Fernando, presidente de la delegación local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), fue quedarse al frente para llevar mano en la asignación de contratos estatales de obra pública, ya que hay un paquete millonario de proyectos y licitaciones en puerta.

El líder constructor pudo reelegirse gracias a que el presidente de los transportistas, Manuel Sotelo, le “cedió” su lugar, ya que para la presidencia rotativa existe un acomodo previo. Antes de esa jugada, que no gustó a todos, tanto la representación de Canaco como la de los hoteleros habían votado en contra de la reelección del presidente local de la CMIC.

Por cierto, es tan fuerte el interés económico por mantener el control al interior de los gremios empresariales, que mucho se comenta que Fernando Suárez no únicamente movió piezas para repetir al frente del CCE; también hace lo propio para que su hijo lo sustituya como presidente de los constructores.

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El caso es que hay buena sacudida en el sector empresarial y todavía viene un movimiento más, según le contaron a Mirone.

En unos días, si no es que en unas cuantas horas, también estaría anunciando su separación del CCE la Asociación de Hoteles y Moteles, que encabeza Rogelio González Alcocer. La organización, con más de 75 años de operación, estaría esperando únicamente que González regrese de un viaje para confirmar su salida.

Más atrás dejaron el CCE la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Asociación de Agentes Aduanales, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, por diferencias en la conducción del Consejo.

Definitivamente, se ha ido desgranando la mazorca mientras se manifiesta, de diversas maneras, la crisis de representatividad empresarial.

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De nueva cuenta es noticia Ciudad Juárez por la actuación criminal de quienes debían combatir el crimen.

Igual que ocurrió con los agentes federales en tiempos del malandro mayor, Genaro García Luna, cuando la guerra contra el narco —o contra una de las facciones, para ser más precisos— disparó aquí todos los delitos de alto impacto y quienes venían supuestamente a enfrentar a los delincuentes terminaron extorsionando y secuestrando.

Así ocurrió ahora con elementos de la Guardia Nacional. Cinco agentes serán procesados por secuestro exprés en perjuicio de diversas personas en condición de movilidad que eran “cazadas” en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez.

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Los agentes ya fueron vinculados a proceso y, por lo pronto, les fue relativamente bien, porque los jueces de Control desecharon la acusación de extorsión, delito por el que también los imputó la Fiscalía General de la República.

Se trata de dos eventos distintos: uno involucró a una víctima y un presunto responsable; el otro, a cinco víctimas y cuatro agentes involucrados.

Hubo testimonios y elementos de prueba, entre ellos capturas de pantalla de los depósitos realizados —al menos uno por 15 mil pesos— para que los agentes permitieran a las víctimas abandonar el recinto, precisamente el lugar donde cuatro de ellas sufrieron el secuestro, porque formalmente nunca estuvieron detenidas.

En el otro caso también se registró un secuestro exprés en el aeropuerto y, aunque inicialmente también fue acusado un taxista, la jueza de Control únicamente vinculó a proceso al agente que exigió a una persona migrante originaria de Chiapas el pago de 3 mil pesos a cambio de su liberación.

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Por lo pronto, todos quedaron sujetos a prisión preventiva como medida cautelar mientras concluye la investigación de la Fiscalía.

Lo que sí debe destacar Mirone es que el caso salió a la luz porque intervino el comandante o jefe de la Guardia Nacional en el aeropuerto, después de recibir la denuncia de una de las víctimas que logró escapar de sus captores.

Eran, pues, los agentes quienes traían el business y no su jefe, como denunciaban los policías federales que ocurría en aquellos tiempos aciagos, cuando muchos terminaban poniéndose la cachucha de criminales por órdenes o presiones de mandos corruptos. En esta ocasión, al menos por lo que se conoce hasta ahora, la podredumbre habría estado en quienes ejecutaban el operativo, no en quien terminó por destaparlo.

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La reforma electoral aprobada por el bloque oficialista —integrado por el PAN, el PRI y los partidos que lo acompañan, a donde quiera que vaya— nació impugnada desde su proceso de gestación y ahora enfrentará una batalla en los tribunales electorales, tanto locales como federales.

Y no es un partido el que encabeza la inconformidad, sino un frente de organizaciones civiles que ve en ella un regreso a prácticas propias de la década de los ochenta, las mismas que dieron origen al llamado “Verano Caliente”, cuya conmemoración cumple este año cuatro décadas.

No es para menos, sostienen los inconformes. La reforma desechó una propuesta previamente avalada por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que los regidores fueran elegidos de manera directa por la ciudadanía, como representantes de una demarcación territorial dentro de cada municipio.

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La justificación de la bancada panista fue que un esquema de esa naturaleza “ponía en riesgo la gobernabilidad”. ¿Dónde hemos escuchado antes ese argumento? Claro: en la célebre “cláusula de gobernabilidad” instaurada por los Gobiernos priistas durante la década de los ochenta.

Aquella figura permitía al entonces todopoderoso PRI quedarse con la mitad de las diputaciones de representación proporcional, aun cuando ya hubiera obtenido una amplia mayoría en las urnas.

Si hubo un partido que combatió ese mecanismo y defendió una representación más equitativa en los congresos, ese fue precisamente el PAN.

Hoy, paradójicamente, ese mismo partido —protagonista central de aquel “Verano Caliente”— desempolva el argumento de la gobernabilidad para cerrar la puerta a una demanda impulsada desde hace años por organizaciones de la sociedad civil.

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El escenario apunta ahora a una prolongada disputa constitucional, aunque Morena intenta abrir un frente adicional en las comisiones de derechos humanos, donde probablemente encontrará terreno pantanoso. Es sabido que esos organismos, por regla general, no intervienen en asuntos de naturaleza electoral, y tienen razones jurídicas para ello.

Si las acciones de inconstitucionalidad cumplen los requisitos legales, corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver el fondo del asunto.

El problema para los inconformes es el tiempo. La experiencia demuestra que los ministros suelen tardar meses —e incluso años— en resolver controversias de esta naturaleza. Para cuando llegue una sentencia, es posible que las nuevas autoridades municipales ya estén preparando su primer informe de gobierno.

Y si eso ocurre, los candidatos derrotados que accedieron a un cargo de regidor al amparo de la nueva legislación habrán pasado buena parte de la administración cobrando del erario municipal, mientras la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma apenas llegue a su desenlace. Para entonces, la gobernabilidad ya habrá cobrado su primera nómina.