A los 2 años comenzó su lucha: así enfrenta un niño un juicio tras abuso en Techo Comunitario

Un cúmulo de emociones fue vertido durante el juicio oral 313/24 en contra de Naomy Yamilé R. P., acusada del delito de violación agravada cometido mientras era asistente educativa en la guardería Techo Comunitario, cuya última audiencia se realizó esta semana.

El juicio oral se llevó a cabo en junio de 2025; lo presidió la jueza penal, actualmente retirada, Claudia Domínguez Curiel.

En aquella ocasión, la juzgadora resaltó que el Ministerio Público no había demostrado la responsabilidad de la imputada y, además, encontró evidencia suficiente de que dos peritos de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) podrían haber cometido el delito de “falsedad ante una autoridad judicial”.

Sin embargo, la parte acusadora utilizó un recurso de apelación ante una segunda instancia, solicitando la revisión del proceso penal, considerando que la juzgadora se había equivocado en su fallo.

El 9 de marzo de este año, la magistrada de la Cuarta Sala Penal Regional, Myrelle Oralia Lozoya, revisó el asunto y determinó que, efectivamente, la juez no había valorado correctamente las pruebas presentadas durante el juicio.

Ante esa situación, revocó el fallo absolutorio en favor de la imputada y la declaró penalmente responsable de haber cometido el delito de violación agravada en contra de un niño de 2 años.

Un mes después, la jueza Martha Elena Cervantes Parra recibió a las partes que habían sido llamadas a comparecer en la audiencia de individualización de sanciones, para definir la pena que debe purgar Naomy Yamilé por este juicio.

En la mesa de la defensa se encontraba uno de los abogados con mayor experiencia en este caso: Emmanuel Salvador Rangel, integrante de la Asociación de Abogados Penalistas, quien ha sido uno de los principales asesores jurídicos que ha encabezado la “batalla legal” de su representada.

Pese a ser nombrado en diversas ocasiones en otros juicios, esta fue la primera vez que compareció como encargado de la defensa y se mostró en contra de la decisión judicial que tomó la Cuarta Sala Penal Regional, por lo que interpondrá un recurso de amparo directo para que vuelva a revisarse el contenido del juicio oral.

Del otro lado, sentado junto a la agente del Ministerio Público que ha llevado diversas causas en contra de la imputada, se encontraba el padre de la víctima. Su exesposa también se encontraba en Ciudad Judicial, pero debido a que fue nombrada como testigo, tuvo que esperar a que terminara su declaración para poder escuchar los pormenores de la audiencia.

A los pocos minutos, la madre del pequeño de 2 años entró a la sala, directo al estrado de los testigos.

La esperanza en medio de la tormenta

La madre comenzó su testimonio haciendo un resumen de los hechos tras el juicio que se llevó a cabo en junio de 2025.

Aseguró que para su hijo fue algo muy positivo emitir su declaración ante la jueza, ya que fue el momento en el que ocurrió su “liberación”.

Gracias a que asimiló y contó los hechos que sufrió, la madre aseguró que el niño pudo comenzar a tener una mejoría considerable, principalmente en su estado mental; antes de declarar y, pese a haber recibido más de un año de terapia, seguía presentando dificultades para socializar.

Sin embargo, ahora el pequeño empieza a mostrar una mejoría considerable en diversos aspectos, como en su aprendizaje, desarrollo físico y habilidad para socializar y hacer amigos; comienza a crecer como un niño feliz.

No obstante, la madre señaló que la mejoría de su hijo fue una satisfacción que llegó después de haber experimentado momentos personales bastante oscuros.

Puntualizó que su salud mental y física se vio afectada durante estos años; que padeció insomnio, pesadillas, ansiedad y enojo, lo que impactó su vida cotidiana y provocó episodios de depresión tanto en ella como en el padre del menor.

Relató que enfrentar una situación tan delicada con su hijo provocó que su relación de pareja terminara y que, aunque mantienen un trato cordial para apoyarlo, nunca lograron retomar la vida que tenían.

De igual manera, describió esta experiencia como “devastadora”. Aseguró que, por lo cansado y tedioso que fue acudir en repetidas ocasiones a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y a los tribunales del Poder Judicial, desarrolló un repudio particular hacia el sistema judicial mexicano.

Incluso, confesó sentirse mal mientras rendía su testimonio.

La reparación del daño y las cláusulas de confidencialidad del IMSS

Para la defensa y el Ministerio Público, uno de los temas centrales de esta audiencia fue la definición del monto de reparación del daño al que se iba a condenar a Naomy Yamilé. La pretensión de la FGE era que se pagara una suma superior a los 100 mil pesos.

Lo anterior, debido a que el peritaje en psicología determinó que el menor sufría una afectación emocional grave y que, para tratarla, necesitaba un total de 90 terapias psicológicas especializadas, con un costo estimado de mil 200 pesos cada una.

Sin embargo, en el interrogatorio realizado por la defensa, la madre comentó que su hijo había llevado tratamiento psicológico por el que pagaba 250 pesos por sesión.

El defensor aseveró que el monto de la reparación del daño debería ascender a 22 mil pesos, ya que era el valor estimado que los padres del niño habían gastado durante un año en terapias.

Además, cuestionó a la madre acerca de un convenio que firmó con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo el concepto de “reparación del daño” por los hechos ocurridos dentro de una guardería subvencionada por la institución.

La mujer admitió que personal del IMSS se acercó a ella, así como a otros padres, para ofrecerles el pago de una suma de dinero.

Señaló que firmó un documento con el IMSS, pero que, debido a cláusulas de confidencialidad, no podía revelar detalles de la negociación, aunque aseguró que no tiene intención de interponer una demanda contra la institución.

Aun así, afirmó que está en su derecho de hacerlo, ya que el IMSS falló en la supervisión de la guardería, donde no solo su hijo fue víctima, sino que se trató de un patrón que se repitió en ese y otros centros.

“Tiene mucha responsabilidad en no tener cuidado con la supervisión de sus empleadas, porque fueron varias ocasiones en las que ella tuvo acceso a mi hijo y nadie la detuvo. Por eso hago responsable al IMSS. Ellos saben que no hicieron bien su trabajo”, mencionó.

Para sustentar la solicitud de una pena de hasta 50 años de prisión y el pago de más de 100 mil pesos, el Ministerio Público, tras una discusión con la defensa, llamó a comparecer a dos peritos de la Fiscalía General del Estado.

La primera, una analista táctica, presentó un informe en el que se detalla que la imputada tenía diversas carpetas de investigación en su contra por delitos sexuales.

La segunda, perito en psicología, explicó que el menor presentaba una afectación emocional grave derivada de los hechos, incluyendo Trastorno de Estrés Postraumático, lo que impactó su desarrollo y le generó miedo a convivir con mujeres, al asociarlas con el trauma.

Indicó que las 90 terapias eran una estimación general y que el tratamiento podría extenderse o requerir otras disciplinas.

Sobre el costo, mencionó que lo calculó con base en un tabulador del Diario Oficial de la Federación, aunque no logró precisar cómo determinó el valor de una terapia especializada.

Tras la presentación de los testimonios, la jueza escuchó a las partes por última vez. El Ministerio Público mantuvo su solicitud de pena máxima, mientras que la defensa argumentó que imponerla sería un “segundo reproche”, al no existir elementos suficientes para justificar una sanción mayor.

Como parte de la resolución, la jueza dio la razón a la defensa en cuanto a la pena, al considerar que las pruebas no eran suficientes para imponer una condena más alta, por lo que sentenció a la imputada a 16 años y 6 meses de prisión.

En cuanto a la reparación del daño, dio la razón al Ministerio Público, al acreditarse la afectación emocional grave del menor, autorizando el pago de 108 mil pesos.

Los procesos judiciales contra Naomy Yamilé continúan, ya que enfrenta dos juicios simultáneos (70/25 y 170/25) por el delito de violación agravada.

Mientras tanto, para las víctimas de este caso, todo indica que esta podría ser la última vez que pisan las instalaciones de Ciudad Judicial.