A través de un oficio firmado por más de 100 personas y dirigido a las autoridades estatales, especialmente a Luis Manuel Aguirre Aguilera, subsecretario de Transporte del estado, habitantes del Valle de Juárez exigen que se les vuelva a brindar el servicio de transporte público.
“Exigimos, de la forma más respetuosa, al Gobierno del Estado y al concesionario que respeten la ley y no vulneren el derecho a la movilidad de cientos de habitantes del Valle de Juárez que requieren urgentemente transporte hacia Ciudad Juárez”, indican en el oficio.
Expusieron que en las últimas semanas el servicio fue suspendido debido a las lluvias caídas en la región, lo que empeoró las condiciones de la carretera, saturada con fugas de drenaje, lo que la hizo intransitable.
Este retiro del servicio, señalan, imposibilitó el traslado de muchos usuarios del transporte público, dificultando su asistencia al trabajo y a las escuelas, además de la adquisición de bienes básicos para sus hogares; muchos pobladores tampoco pudieron asistir a citas médicas.
Su lucha, refieren en el documento, es por un transporte accesible para todas las personas del Valle de Juárez y que resulta doloroso saber que, después de ser abandonados por más de una semana, el sábado 3 de octubre de 2026, cuando se reactivó el servicio, se anunció un aumento de alrededor del 30 por ciento en las tarifas.
“Esto provocó que, el lunes 5 de octubre, las unidades que prestaban servicio en la ruta Juárez-Porvenir fueran incautadas por la Dirección de Transporte del Estado de Chihuahua, dejando nuevamente sin opciones de movilidad a cientos de usuarios”, se lee en el documento.
Sostienen que el derecho a la movilidad debe ejercerse de forma universal, considerando especialmente que quienes menos tienen también puedan acceder al servicio, por lo que el aumento súbito podría provocar el desuso y, posteriormente, la desaparición del mismo.
Además, agregan, la suspensión prolongada del servicio, así como cualquier incremento tarifario realizado al margen de los procedimientos establecidos por la ley, constituyen medidas que dificultan el acceso efectivo a la movilidad de las comunidades del Valle de Juárez.
“La interrupción del transporte no sólo afecta el traslado cotidiano de las personas, sino también el acceso al trabajo, la educación, los servicios de salud y otros derechos fundamentales”, indican.
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