Bonito embrollo en el que se meterán los partidos políticos con eso de que el órgano electoral les dirá a qué género debe corresponder la candidatura en al menos 23 municipios del estado.

Los partidos, todos, ya están comiéndose las uñas porque, en una de esas, les piden postular a una mujer donde ya tenían proyectado a un candidato bien perfilado o, en otras, donde de plano no tienen a quién presentar para la candidatura.

Se trata de una interpretación que se ha planteado al interior del Instituto Estatal Electoral (IEE) acerca de la aplicación de las llamadas “acciones afirmativas” para procurar la equidad en la participación política, tanto de género como de otros grupos sociales que han enfrentado dificultades para ocupar cargos de elección.

Uno de los casos emblemáticos es el de Juárez, donde nunca una mujer ha gobernado el municipio. Morena, al menos, ya la libró al postular a la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño y, antes de esa postulación, se contemplaba la posibilidad de registrar a la delegada del Bienestar, Mayra Chávez.

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El PAN ya la “armó” también. Según el coordinador parlamentario del blanquiazul, José Alfredo Chávez, “su dirigente” será la candidata, y esa no es otra que Daniela Álvarez. Falta saber quién le dio la facultad al diputado para andar asignando candidaturas.

El detalle está en otros puntos clave para inclinar la balanza en las próximas elecciones. Son municipios con una alta densidad de población, cuyos Gobiernos manejan un presupuesto nada despreciable y, para colmo, son cabeceras distritales.

Chihuahua merece un trato aparte, porque ya tuvo a una mujer al frente del municipio, con María Eugenia Campos Galván, entre los años 2018 y 2021, pero Morena no ha presentado siquiera una postulación.

En la lista de esos municipios donde el IEE exija, por decirlo de alguna manera, que registren a mujeres para la alcaldía, estarían Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo del Parral, los tres más poblados de la entidad después de Juárez y Chihuahua.

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Además, estarían Camargo, cabecera del Distrito XX, y Guachochi, del XXII, donde tampoco han tenido un gobierno municipal encabezado por una mujer.

El criterio aún está, digamos, en el “afilador”, pues falta ver si se aplica a los partidos políticos para que postulen a mujeres en los municipios donde nunca han postulado a candidatas a alcaldesas.

De ser así, librarían el criterio en algunos municipios, pero les quedaría al menos una veintena de espacios que deberán reservar y, en su caso, decirles a sus contendientes varones que gracias por participar y mejor la dejen para la próxima.

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Por andar en medio de los asuntos partidistas, ya no había volteado Mirone a ver las grillas internas del Poder Judicial, pero resulta que siguen los encontronazos. En la más reciente sesión extraordinaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el magistrado Rubén Aguilar Gil volvió a cuestionar las atribuciones del Órgano de Administración Judicial, el famoso OAJ.

Sin que el tema formara parte del orden del día, tomó la palabra ante el Pleno para “hacer un reconocimiento” al poder que tiene el órgano administrativo al interior del Poder Judicial.

“Quiero hacer una propuesta, para que se haga un cambio de nombre al Poder Judicial y que ya no sea Poder Judicial del Estado de Chihuahua; que ahora sea Poder Administrativo del Estado de Chihuahua”.

Con esa ironía, el exdiputado local por el PT e integrante del clan Aguilar expresó su inconformidad con lo que considera una intervención del OAJ por encima del Tribunal o de algunos de sus integrantes.

La magistrada presidenta, Marcela Herrera Sandoval, le recordó que, por tratarse de una sesión extraordinaria, las intervenciones debían apegarse al orden del día. Aguilar respondió que planteaba el asunto ahí “porque también es extraordinario las actuaciones del poder administrativo”.

Públicamente, ahí quedó el intercambio. No es la primera ocasión en que el magistrado expresa diferencias con el órgano administrativo.

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Más allá del intercambio en el Pleno, el fondo del diferendo está en las decisiones sobre presupuesto, plazas y proyectos de las salas, asuntos bajo la responsabilidad del OAJ.

Aguilar ha cuestionado la manera en que se ejercen esas atribuciones. Sus inconformidades, sin embargo, no bastan por sí mismas para establecer que exista un trato diferenciado o una intención de perjudicarlo.

Las versiones que llegaron a Mirone hablan de desacuerdos por recursos, autorización de proyectos y movimientos de personal. Para precisar su alcance hace falta conocer las decisiones concretas y los criterios administrativos que las sustentan.

El magistrado también ha denunciado presuntas irregularidades en Gestión Judicial, dependiente del OAJ. Esos señalamientos requieren sustento y respuesta de las instancias correspondientes.

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La discusión rebasa las diferencias de Aguilar con el órgano administrativo: toca la distribución de atribuciones dentro del Poder Judicial y la relación entre quienes administran los recursos y quienes imparten justicia.

Según los chismes que le llegan a este Don, otras magistraturas también tendrían inconformidades, aunque no las han expresado públicamente. Por ahora, esa versión tampoco permite medir qué tan extendido está el desacuerdo.

Hay otro asunto de fondo en torno al Órgano de Administración: ya se discute una reforma para recortarle poder. Pero esa grilla la dejamos para la siguiente entrega.

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Desde el Fideicomiso de Puentes Fronterizos le llegó a Mirone el reporte sobre un chismarajo interno que es de interés general porque retrata cómo se manejan los recursos humanos y los presupuestos públicos en tiempos electorales adelantados.

Resulta que una funcionaria de ese organismo descentralizado del Gobierno del Estado sufrió la mordedura de un perro pitbull cuando hacía un recorrido callejero como parte de una de las brigadas de la estrategia Toca-Toca.

Esa tarea involucra a empleados o funcionarios estatales o de organismos descentralizados, con fines estrictamente político-electorales, dentro de la estrategia que articuló el Sistema PAN para mandar a la talacha partidista a quienes están en la nómina pública.

Claro que cualquier trabajador estatal o servidor público tiene sus derechos a salvo para hacer labores partidistas. El problema aquí es que el incidente que mandó al hospital y le generó una incapacidad a la funcionaria ocurrió en día y hora hábil.

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O sea que andaba tocando puertas para identificar electores con simpatía azul, guinda o indefinida, bajo la fachada de promocionar logros del Gobierno estatal, llenando formatos que van a dar al escritorio y las computadoras de los estrategas y operadores panistas.

Eso hacía en horario laboral, en lugar de atender las funciones de su oficina.

Lo que supo Mirone es que la persona señalada es una jefa de departamento o coordinadora dentro de la Dirección de Operaciones, que está a cargo de Alonso Baca, uno de los cuatro directores que responden en el Fideicomiso al director general, Rogelio Fernández Irigoyen.

En el Fideicomiso andan muy activos en eso del Toca-Toca, igual o más que en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y varias dependencias estatales.

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Como ahí tienen convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que los empleados y funcionarios coticen y tengan servicio médico y seguridad social, le contaron a Mirone que el asunto se complicó porque no hallaban cómo manejar el incidente en cuanto al reporte de riesgo laboral.

La bronca cayó porque hubo reclamos de la persona que sufrió el ataque canino, pero ni modo que declaren que fue riesgo laboral cuando andaba ella haciendo una tarea que nada tenía que ver con su trabajo formal.

A ver cómo resuelven el entuerto, lo que implicaría dejar o esconder evidencia de un hecho que incluso podría ser constitutivo de delitos electorales o de corrupción, por desvío de recursos.

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Una demanda que presentarán en breve contra la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi) podría darle al traste a todo su esquema de comercialización, justo cuando tiene casas sin vender en diversos puntos del estado y pocos terrenos para fraccionar.

Resulta que varias organizaciones civiles presentarán denuncias contra Coesvi para revertir la venta de viviendas de Pensiones Civiles del Estado a una inmobiliaria.

Por lo pronto, han solicitado que se suspenda la subasta pública para vender las casas en paquete a empresas inmobiliarias que luego las venderán a particulares a precio de mercado.

Lo que buscan es que el organismo estatal dé prioridad a las familias de escasos recursos, antes de hacer “negocio” con las casas que construyó con recursos públicos.

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Según se enteró Mirone, el anuncio de que se emprenderán acciones legales para detener la “privatización” de las casas de Pensiones Civiles surgió en la más reciente reunión que sostuvieron las autoridades de los tres órdenes de gobierno con personas desplazadas de sus lugares de origen que se han instalado en Cuauhtémoc.

Como ya lo había contado Mirone, decenas de familias que llevan más de un año en Cuauhtémoc pidieron comprar las casas que Coesvi y Pensiones Civiles tenían en ese municipio sin vender.

El conflicto se desató cuando los organismos de Gobierno publicaron la licitación COESVI/SUBASTA/002/2026-BIS para vender el fraccionamiento ubicado en la colonia Pensiones Civiles del Estado, que incluía 167 inmuebles.

La empresa ganadora fue AGH Inmobiliaria, S.A. de C.V., por un monto total de 45 millones 623 mil pesos, según la versión oficial.

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Lo que buscan ahora los desplazados y otras organizaciones es que se detengan las futuras subastas y se revierta la de Cuauhtémoc, en la que la empresa antes mencionada compró 88 viviendas habitables, 48 viviendas en obra negra y 29 terrenos sin construcción.

A ese precio, dicen los desplazados, bien lo hubieran pagado y hasta le habrían subido un poco, a plazos cortos y con intereses razonables.

Aquí el detalle es que ya se juntaron dos problemas, a cual más inflamable: el reacomodo de los desplazados por la violencia y la urgencia del Gobierno del Estado por vender los lotes y casas que tienen años ahí, en calidad de inventario.