A partir del día de ayer los pobladores del Valle de Juárez, desde Práxedis y Guadalupe, hasta Riberas del Bravo, se quedaron sin transporte para llegar a Juárez.
El concesionario Star Soluciones en Transporte se declaró en imposibilidad financiera, para continuar dando servicio y la subsecretaría de Transporte estatal, admitió que, al momento, no había una alternativa de solución en el corto plazo.
“De momento se suspende el servicio; a 12 pesos ya perdimos mucho dinero, apenas estábamos viendo si funcionaba con los nuevos precios, pero nos lo impidió Transporte”, explicó el representante de la compañía, Salvador Lozano.
Desde el fin de semana dicho concesionario había empezado a cobrar 20 pesos, en lugar de 12, por trasladar a los pasajeros desde los distintos poblados del Valle, hasta la RCA, en la intersección de Paseo De la Victoria y Manuel Gómez Morín.
El problema fue que la decisión de aumentar ese cobro fue unilateral, como se supo temprano el mismo lunes, cuando inspectores de Transporte, detuvieron tres unidades del concesionario.
Consultado al respecto, el subsecretario de Transporte, Luis Manuel Aguirre, dijo ayer mismo que ya no había servicio y que estaban buscando alternativas para ofrecerlo.
Sobre la decisión del concesionario, señaló que él dejó de brindar el servicio, no obstante, las facilidades.
Aguirre hizo referencia a la ampliación del permiso provisional que le habían autorizado desde el mes de abril, luego de cuatro años que los pobladores ya no tuvieron acceso a transporte público.
El problema en aquella ocasión, fue que el concesionario decidió, de motu propio, llegar en su recorrido hasta la zona centro, haciendo base en el S-Mart Altamirano con mini vans de 16 y 18 pasajeros.
Las facilidades a que se refirió Aguirre ayer, fueron que después de incurrir en esa falta, se le dio un permiso especial a Star Soluciones, para que continuara dando el servicio, pero solo hasta la RCA.
También se permitió que cobrara tarifas más altas, en lo que se denominó servicio intermunicipal, aunque no estuviera establecido en la concesión.
No hubo una comunicación oficial del tiempo que duraría el permiso, pero sí hubo versiones que hablaban de un periodo de prueba de seis meses, que estaría terminando justo este mes de octubre.
El regidor del municipio de Guadalupe, Aldo Villegas, exigió ayer mismo que el Gobierno del Estado, dentro del ámbito de su competencia, buscara una solución.
“Hoy, con el retiro o decomiso de unidades, nuevamente existe el riesgo de que nuestras localidades, queden incomunicadas”, expresó.
“No podemos permitir que los ciudadanos -agregó Villegas- sean quienes terminen pagando las consecuencias, de un conflicto o de un proceso de regulación”.
Designado regidor por el partido Morena, Villegas dijo que, así como la autoridad es responsable de revisar y hacer cumplir la normatividad correspondiente, también es responsable de garantizar que las comunidades, cuenten con vías de comunicación y servicios que les permitan trasladarse.
Esto es necesario para que las personas puedan realizar actividades como trabajar, estudiar, acudir a servicios médicos y realizar actividades cotidianas, detalló.
Planteó que es necesario que se establezca una mesa de diálogo entre autoridades estatales y municipales, transportistas y representantes de las comunidades, para revisar tarifas y que se establezcan recorridos claros y una solución definitiva.
“Podemos discutir tarifas, podemos revisar permisos y podemos hacer cumplir la ley, pero lo que no podemos permitir, es que nuestras comunidades, queden incomunicadas”, remarcó.
De acuerdo con un documento difundido por el colectivo Por el regreso del Porve, compartido en redes sociales, en la zona hay una población de aproximadamente 17 mil usuarios de 21 comunidades, que requieren el servicio.
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