El Jueves Negro, a la hora del fallo: Fiscalía y defensa se juegan la última carta

Después de más de dos meses de audiencias, el juicio oral 8/2023 contra Jorge Antonio C. B. y Juan Carlos V., acusados por hechos relacionados con el Jueves Negro, entró este 18 de septiembre en su etapa final con la presentación de los alegatos de clausura.

La audiencia fue el reflejo de un proceso lento, marcado por discusiones jurídicas, desencuentros entre las partes y diferencias relacionadas incluso con la distribución de las sillas y el comportamiento de los participantes dentro de la sala.

El juicio se relaciona con los ataques registrados el 11 de agosto de 2022 en Ciudad Juárez, jornada conocida como Jueves Negro.

Según el Ministerio Público, Juan Carlos, alias El Zeky, habría ordenado desde el Centro de Reinserción Social número 3 diversos ataques contra la población, entre ellos el incendio de un camión de transporte de personal en la colonia Riberas del Bravo.

En relación con ese hecho fue detenido Jorge Antonio, luego de que las víctimas lo señalaron como uno de los hombres que presuntamente lanzó una bomba molotov contra la unidad.

El juicio llegó a los alegatos finales después de múltiples aplazamientos. Algunas audiencias fueron pospuestas por la ausencia de testigos y las más recientes se suspendieron para que los abogados defensores pudieran responder a la reclasificación jurídica propuesta por el Ministerio Público.

Durante sus conclusiones, la Fiscalía planteó incorporar los delitos de posesión de artefactos explosivos y homicidio calificado a la clasificación jurídica de los hechos originalmente presentados como terrorismo.

La defensa utilizó el periodo concedido por la jueza para localizar testimonios y documentos con los que intentó desacreditar tanto la reclasificación como las acusaciones formuladas contra Juan Carlos y Jorge Antonio.

El testimonio de El Gatillo

Durante el juicio comparecieron cerca de 80 personas para declarar sobre los más de 23 hechos registrados durante el Jueves Negro. Entre esos testimonios, uno adquirió especial relevancia para la Fiscalía General de la República: el de Carlos Adrián Gómez Juárez, alias El Gatillo.

Cuando ocurrieron los ataques, el joven tenía 17 años. De acuerdo con la acusación, habría sido contactado por El Zeky para transmitir instrucciones a Jorge Antonio y alertarlo sobre la presencia de policías en la zona.

Debido al fallecimiento del joven, su testimonio fue incorporado al juicio mediante la lectura de una declaración ministerial en la que relató cómo habrían ocurrido los hechos del 11 de agosto de 2022.

La defensa presentó el testimonio de la abogada que representó a El Gatillo, quien aseguró que la firma asentada en la declaración ministerial no coincidía con la que conocía de su representado.

También cuestionó que la declaración cumpliera con las formalidades exigidas para recibir el testimonio de una persona menor de edad.

Durante la audiencia se dio a conocer que también se había abierto una carpeta de investigación contra El Gatillo por los mismos hechos atribuidos a los dos acusados.

La defensa sostuvo que el joven rindió su declaración sin la presencia de un abogado y sin que se le informara sobre su derecho a no autoincriminarse.

Alegan que Jorge Antonio ya fue juzgado

La abogada Thelma Núñez, defensora de Jorge Antonio, sostuvo que no era necesario realizar un estudio exhaustivo de los hechos para emitir un fallo absolutorio.

Argumentó que el juicio viola el principio constitucional non bis in idem, que prohíbe juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos.

La defensora recordó que Jorge Antonio declaró durante el juicio que en 2023 enfrentó el proceso oral 180/2023 en la ciudad de Chihuahua.

En aquella ocasión, señaló, una juzgadora del fuero común en el Distrito Judicial Morelos lo procesó por daños, alteración de la paz pública y homicidio calificado, relacionados con el incendio de un camión mediante bombas molotov.

Finalmente, fue declarado culpable por el delito de daños y recibió una pena de un año, un mes y 15 días de prisión. La sentencia quedó firme el 24 de julio de 2024 y ya fue cumplida por el acusado.

Ante ello, Núñez sostuvo que la legislación obliga a decretar de oficio un fallo absolutorio cuando una persona es juzgada dos veces por los mismos hechos.

Respecto a la acusación por posesión de artefactos explosivos, la defensora afirmó que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no considera una bomba molotov como un objeto explosivo, sino como un artefacto incendiario.

Cuestionan legalidad de la principal declaración

Francisco Rafael Menes Meraz, defensor de Juan Carlos, centró su alegato en que la única prueba que, según dijo, señalaba directamente a su representado fue obtenida de manera ilegal.

El abogado sostuvo que El Gatillo rindió su declaración sin la presencia de un defensor y sin ser informado sobre su derecho a no autoincriminarse.

Dos meses después de esa declaración, agregó, el adolescente fue vinculado a proceso por los mismos hechos atribuidos a Juan Carlos y Jorge Antonio.

Menes también retomó lo declarado por la abogada de El Gatillo sobre la firma asentada en el acta de entrevista. Según la profesionista, era distinta de la utilizada por el joven en documentos que firmó en su presencia.

El defensor sostuvo que, aun si la declaración fuera admitida como prueba, no contiene información suficiente para demostrar la participación de Juan Carlos, pues no detalla cómo habría ordenado los ataques.

Por ello, afirmó que “no había otra salida más que dictar un fallo absolutorio” en favor de su representado.

Fiscalía defiende reclasificación y testimonio

En respuesta, el agente del Ministerio Público, Daniel Bohórquez, reiteró que la reclasificación jurídica se planteó a partir de las pruebas desahogadas durante el juicio.

Señaló que no compartía los argumentos de la defensora Núñez porque, aunque Jorge Antonio ya fue juzgado por el incendio del camión, el delito de terrorismo planteado en este proceso no se presenta como un episodio aislado.

De acuerdo con el fiscal, el ataque forma parte de un conjunto de 29 eventos que tenían como propósito causar alarma y miedo entre la población juarense.

Sobre los señalamientos del defensor Menes, Bohórquez argumentó que El Gatillo fue entrevistado como testigo dentro de una carpeta de investigación distinta y no como persona imputada.

Por esa razón, sostuvo, en ese momento no se aplicaron las formalidades correspondientes a la declaración de una persona acusada.

Al concluir sus intervenciones, los abogados defensores reiteraron que el Ministerio Público federal no logró demostrar plenamente la responsabilidad de los acusados y señalaron que la investigación presenta deficiencias y posibles violaciones a los derechos humanos.

Jorge Antonio, quien durante el juicio acusó a policías municipales de haberlo torturado y reiteró que ya había sido juzgado por el incendio del camión, tuvo la última palabra.

“Solo le quiero pedir, señora jueza, que se respete la ley y mis derechos”, expresó.

Alrededor de las 19:40 horas, la jueza Victoria Alejandra Espinoza Alaniz dio por concluido el debate y programó la continuación de la audiencia para el lunes 21 de septiembre a las 16:00 horas, cuando dará a conocer el fallo del juicio oral.