Tal parece que la carta enviada por la gobernadora María Eugenia Campos a la presidenta Claudia Sheinbaum llegó con un año de retraso.

Así se puede definir la comunicación entre los Gobiernos de México y Chihuahua. En el documento se solicita una reunión institucional para atender asuntos de gran calado que han provocado daños económicos y humanos durante el último año. Eran problemas que reclamaban atención urgente, pero el oficio llegó a las oficinas de la Presidencia de la República hasta el pasado 15 de septiembre.

La presidenta Sheinbaum informó que se reunirá con la gobernadora Campos en el aeropuerto de Ciudad Juárez hoy sábado 19 de septiembre. También mencionó que la Secretaría de Gobernación ya entabló comunicación con las autoridades de Chihuahua para atender los puntos planteados en el oficio de marras.

¿Ven qué sencillo era?

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Lo que pidió la gobernadora chihuahuense fueron, básicamente, cuatro cosas: una reunión del Gabinete de Seguridad —en la Torre Centinela—; atender la plaga del gusano barrenador del ganado; revisar los efectos que tendrá en Chihuahua el cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos, y sostener una reunión entre ambas mandatarias, a título institucional.

Nada que no hubiera podido ocurrir desde septiembre de 2025. A estas alturas, muchos de los temas por tratar ya estarían atendidos por ambos Gobiernos.

Lo que le han comentado a Mirone es que la relación institucional se mantuvo firme durante los últimos meses, a pesar de la crisis motivada por la presencia de cuatro agentes estadounidenses que participaban en labores de seguridad nacional en territorio chihuahuense.

La comunicación directa entre presidenta y gobernadora prácticamente se suspendió, pero las autoridades de sanidad animal de ambos gobiernos continuaron en contacto para atender el problema del gusano barrenador; la coordinación entre las fuerzas estatales de seguridad, la Sedena y la Guardia Nacional se mantuvo, y el Tratado Internacional de Aguas ya fue motivo de reuniones de trabajo.

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¿Qué le faltaba a todo ese trámite de normalidad gubernamental?

Cambiar el tono con el que se hablan las fuerzas políticas y, particularmente, la presidenta y la gobernadora.

Sin acusaciones de “traición a la patria” desde Palacio Nacional ni respuestas sobre un “narcogobierno de la muerte” desde Palacio de Gobierno, probablemente las cosas habrían caminado mejor.

Falta un año para que concluya la actual administración estatal y otro para que el Gobierno federal llegue a la mitad del sexenio. Los enterados esperan que el encuentro en el aeropuerto de Ciudad Juárez, aunque sea breve, marque por lo menos un cambio en el tono de voz.

Porque los problemas de Chihuahua no podían esperar un año. La grilla, por lo visto, sí pudo.

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En Janos no hubo 40 muertos, pero sí un local del Instituto Nacional de Migración (INM) con alrededor de 30 personas adentro, en calidad de recluidas —nadie ha explicado por qué—, y un conato de incendio que, por fortuna, no provocó otra tragedia.

Y fue por fortuna, porque ni el INM ni las coordinaciones de Protección Civil estatal, municipal o federal habían advertido públicamente sobre las condiciones de riesgo en las que se encontraba la estación migratoria situada en Janos. Mucho menos había abogados o activistas de derechos humanos que dieran cuenta de las condiciones en las que permanecían las personas recluidas.

Por eso, desde Chihuahua se lanzó un llamado de atención, que bien puede sonar a grito de auxilio, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que acuda a Janos y revise no solo las condiciones del lugar, sino también por qué había ciudadanos mexicanos detenidos ahí.

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Mirone tiene conocimiento de que ya se enviaron “mensajes” a la defensoría nacional para que gaste un poco de los recursos federales que recibe cada año y traslade a sus operadores hasta el fronterizo municipio de Janos.

Lo que ahí ocurrió es suficientemente grave como para ameritar una investigación y, hasta ahora, no se conoce una intervención formal de alguna autoridad defensora de los derechos humanos.

El detalle que piden atender, con más vehemencia de la que han mostrado algunos actores políticos de la entidad, es el de los derechos constitucionales de los ciudadanos mexicanos que se encontraban recluidos en una estación migratoria.

¿Por qué estaban ahí? ¿Bajo qué figura jurídica fueron retenidos? ¿Quién ordenó su ingreso? ¿Qué pretendía hacer el INM con ellos? ¿Deportarlos a su entidad de origen?

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Lo que piden ahora algunas organizaciones no gubernamentales es que el caso Janos no termine en el mismo rincón del olvido al que parece haber sido enviado el de la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde la tragedia fue de proporciones mayúsculas.

Quieren que sirva, además, para iniciar una investigación a fondo sobre cómo está operando el INM en otras estaciones y puntos de la frontera.

A Mirone le contaron que, por ejemplo, algunos migrantes mexicanos deportados desde Estados Unidos están siendo enviados a entidades del sur del país, aunque no sean originarios de esos lugares. Aunque procedan de un estado relativamente cercano a Chihuahua, los mandan hasta alguna entidad del sureste.

Nada de eso ha trascendido lo suficiente ni, hasta donde se sabe, ha llegado a los escritorios de la CNDH.

Ahora, las organizaciones dedicadas a atender migrantes —sin importar su lugar de origen— ya solicitaron su intervención.

En Janos no ocurrió una tragedia como la de 2023, pero sí hubo una advertencia. Esta vez, el fuego se apagó antes de cobrar víctimas. La siguiente podría no concederles la misma suerte.

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Una grilla silenciosa, soterrada, se mueve en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

En el centro del torbellino interno se encuentra el director general de Planeación y Desarrollo Institucional, el doctor Antonio de la Mora Covarrubias.

Siempre hay grilla cuando comienza el juego de tronos y siempre hay poder donde está la firma para ejercer recursos y autorizar proyectos institucionales.

Pues le llegaron a Mirone reportes y quejas sobre el ejercicio de ese poder por parte de De la Mora, quien ya les llenó el buche de piedritas a funcionarios de alto y mediano rango que tienen en sus manos la operación de la UACJ, pero se están topando con pared por los desplantes y los moños que, dicen, se pone el director de Planeación para soltar cualquier firma.

Hay hasta cierto desconcierto porque al planeador le concedieron funciones prácticamente de tesorero y quedó ampliamente empoderado en cuanto al control del dinero: contratos, asignaciones, compras y todo lo que se requiere para echar a andar cualquier proyecto.

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Nadie le regatea lo ordenado, sistemático y chambeador, características que lo llevaron a encumbrarse y a ganarse la confianza de la administración central. Pero a Mirone le cuentan que está pasado de lanza en las formas y está frenando proyectos por falta de oficio político.

Dirían que es un tanto cuadrado. El caso es que no deja fluir las autorizaciones ni los recursos por intentar imponer controles excesivos y, además, hacerlo de manera poco amable, por no decir otra cosa.

Los controles sobre el manejo presupuestal y los ajustes en los organigramas y las funciones ya habían dado de qué hablar en la UACJ durante la actual gestión.

Aquí lo había comentado Mirone cuando se le restó poder a la Dirección General de Servicios Administrativos, encabezada por Gerardo Sandoval, y la autorización de adquisiciones y contratos pasó a la Dirección General de Finanzas.

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Pero de nuevo hubo cambio de pichada. Desde las oficinas centrales decidieron no dejar todas las confianzas en la titular de Finanzas, Karla Salinas.

Había resquemores porque su esposo, Luis Alberto Villalobos Álvarez, docente e investigador de la UACJ, también había llegado a la Dirección Administrativa de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

Así que a Finanzas también le retiraron facultades. Ahora, según las versiones que circulan dentro de la Universidad, esa oficina prácticamente se limita a pagar lo que autoriza De la Mora.

A ver en qué termina el episodio con el director de Planeación, porque, por lo visto, el control del dinero, los contratos y las adquisiciones provoca quemaduras por todos lados.

Y mucha grilla, aunque se cocine a la sorda.

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En el ejido Benito Juárez ya saben cuánto cuesta una mina. Cuesta la vida. Ismael Solorio y Manuela Solís fueron asesinados el 22 de octubre de 2012 por defender el agua.

A casi 14 años, el ejido de Buenaventura vuelve a temblar porque el proyecto minero Cinco de Mayo, de la canadiense Apollo Silver Company, revivió y busca la aprobación de los ejidatarios.

En 2012, después de los asesinatos, la Asamblea de Ejidatarios hizo lo que ningún Gobierno se atrevió a hacer: prohibió la minería durante 100 años en sus tierras. En 2014, un Tribunal Agrario les dio la razón.

Aunque pensaron que aquello era definitivo, resulta que no fue así. El domingo 20 de septiembre habrá asamblea y nuevamente se someterá a votación la autorización previamente negada.

Se enteró Mirone de que hay polarización, demasiados intereses en juego y miedo por lo que pueda pasar.

“No queremos violencia. No queremos familias divididas. No queremos que nuestros hijos vuelvan a crecer con miedo. Y, sobre todo, no queremos otra tragedia”, fue el mensaje central que durante la semana fijó un grupo de ejidatarios.

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No únicamente existe preocupación por un eventual hecho violento. También se abrió el debate de fondo sobre el modelo económico extractivista y el daño ambiental que provoca.

Claro que hay quienes luchan para que se abra la mina y se generen otras oportunidades, pero el núcleo central del ejido insiste en que la historia siempre se repite: la verdadera riqueza se va al extranjero y en las comunidades únicamente quedan la degradación ambiental y los daños a la tierra y al agua.

Ya se la saben: llegan las empresas extranjeras —canadienses o gringas—, prometen desarrollo, compran a unos cuantos, dividen a la comunidad, secan el agua, se llevan el oro y dejan el hoyo, el arsénico… y los muertos.

¿Y el Gobierno? Bien, gracias. Ausente hasta que hay sangre. El Estado mexicano, ese que presume soberanía, no ha sido capaz de garantizarle al ejido que se respete su decisión de prohibir durante 100 años la minería.

No hay Semarnat, no hay Secretaría de Economía, no hay organismos de derechos humanos que se planten en Buenaventura antes del conflicto. Solo aparecen después, a levantar los cuerpos.

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Por eso, el ejido está pidiendo lo básico: que lo escuchen ahora, no cuando vuelva la violencia. Que las autoridades atiendan el conflicto de manera preventiva, imparcial y transparente.

Defender el territorio, insisten, no significa estar en contra del desarrollo, sino defender el derecho a decidir qué quieren para su comunidad.

Y únicamente quieren seguir viviendo en paz en su tierra. ¿Será mucho pedir?

Para los chihuahuenses, el agua vale más que cualquier metal, pero las mineras y los Gobiernos que les permiten entrar no piensan lo mismo.

El ejido Benito Juárez ya pagó con dos vidas este mismo conflicto. ¿Cuánto más quieren las autoridades que pague para escuchar su clamor y su advertencia?