Las dos figuras políticas más importantes para Chihuahua tienen un serio problema de comunicación y, por lo visto, quienes las rodean se empeñan en mantener el juego del “teléfono descompuesto”.

La gobernadora María Eugenia Campos Galván envió un oficio de cuartilla y media a la presidenta Claudia Sheinbaum para proponerle una reunión de trabajo durante su visita a Ciudad Juárez, programada para el 19 de septiembre.

Es decir, pretendió modificar la agenda presidencial a solo tres días hábiles del viaje. Eso supone mover horarios, equipos, mobiliario e, incluso, a los mandos militares y de la Guardia Nacional convocados para la Mesa de Seguridad.

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Quien conozca la vida institucional del país y, en particular, la operación de la Presidencia de la República, sabe que semejante maniobra resulta prácticamente imposible. Y Maru está rodeada de asesores que lo saben perfectamente: algunos trabajaron durante seis años muy cerca de un presidente. ¿No hubo quien intercediera para que ambas pudieran hablar antes y en mejores términos?

Los tres asuntos planteados por la gobernadora son de primerísima importancia: seguridad; la crisis sanitaria provocada por el gusano barrenador; y el cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos, que afecta directamente a Chihuahua.

Cada uno amerita largas sesiones de trabajo con especialistas, lo que difícilmente puede resolverse antes de un acto público previamente programado, y menos cuando la presidenta lleva un itinerario por distintas entidades donde podrían hacerle peticiones similares.

Visto así, uno no puede evitar cierta suspicacia: parecería que la carta está diseñada para recibir un no, con todo y el tono protocolario correspondiente, y para que la barra de hielo entre ambas administraciones siga creciendo.

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Pero el otro lado de la historia tampoco sale bien parado.

La presidenta llega a la frontera juarense sin una reunión prevista con las autoridades locales. Parece que alguien olvidó preparar las tarjetas informativas sobre la importancia de este estado, enclavado justo a la mitad de la larga, sinuosa y problemática frontera entre México y Estados Unidos.

Chihuahua es uno de los principales puntos del comercio bilateral y encabeza las exportaciones manufactureras que tantos ingresos generan al país.

También es estratégico para la exportación de ganado: cerca del 70 por ciento de los animales en pie que cruzan de México hacia Estados Unidos salen por Jerónimo, Chihuahua.

Y está el otro asunto, quizá el más delicado: el trasiego de drogas. Los cruces entre Chihuahua, Texas y Nuevo México ocupan un lugar central en una de las relaciones más complicadas que mantiene hoy México con Estados Unidos.

Parece que a alguien en la oficina presidencial se le olvidó armar esas tarjetas.

Al final, quienes terminan pagando el precio de ese distanciamiento institucional, de ese teléfono lleno de interferencias, son los habitantes de Chihuahua y, por supuesto, los del resto del país.

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A los aspirantes, a sus equipos, a la dirigencia estatal y a la militancia. A todo mundo le urgía, y le sigue urgiendo, la definición de Morena para la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en Chihuahua.

La lógica política les decía a todos que la definición debía darse antes de la visita presidencial a Juárez, para que las tensiones, las grillas y la incertidumbre quedaran superadas frente a la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Cuando se reactivaron las designaciones el lunes pasado, se creyó que todos los pendientes saldrían durante esta semana, pero nada más hubo comalada de dos días para completar un acumulado de 10 estados.

Siguen faltando siete, Chihuahua entre ellos. Se supone que saldrán la siguiente semana. Ya no hay de otra.

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Así que tanto el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar como la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño coincidirán el sábado 19 en el evento de la Plaza de la X para acompañar a la presidenta Sheinbaum, ambos en calidad de aspirantes. Martín Chaparro y los otros rellenos seguramente harán lo mismo.

¿Cómo le harán para contener a sus simpatizantes y evitar el duelo de porras o de banderolas? Todavía está por verse. Ambas figuras saben que, en el evento de la presidenta, los gritos con sus nombres les harían quedar mal. Lejos de ayudarles, les perjudicarían porque se verían fuera de lugar y nada institucionales.

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No es un evento partidista y Cruz y Andrea no están en funciones en sus cargos de elección popular, así que su presencia en la X deberá ser como la de cualquier otro ciudadano interesado en escuchar el informe anual para Chihuahua de su presidenta. Nada más.

Seguramente buscarán estar en primera fila. Las miradas y los reflectores los seguirán tanto como a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Le siguen llegando a Mirone reportes de uno de los temas de fondo que se puso sobre la mesa luego del inédito caso de la detención de un juez penal de Parral, quien será presentado ante otro juez penal tras cumplir con la separación definitiva del cargo vía renuncia.

El detenido, Manuel Jurado Torres, fue acusado de prevaricación agravada porque acomodó un caso de homicidio imprudencial —antes hubo una reclasificación del delito, que primero fue feminicidio— y le concedió al cliente de su amigo, abogado defensor del imputado, el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La revisión de medidas cautelares está en el centro de varias de las carpetas de investigación en poder de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) y se supone que pronto deberá haber noticias sobre la judicialización de algunas de ellas, de acuerdo con lo declarado por el fiscal Abelardo “El Bayo” Valenzuela la semana pasada.

El caso del juez Jurado es del Distrito Hidalgo, en Parral, pero al menos otros cuatro o cinco jueces penales del Distrito Morelos, en Chihuahua capital, son investigados por asuntos derivados de varias denuncias que cayeron en la Fiscalía Anticorrupción.

Desde julio escribimos aquí que los jueces penales estaban bajo la lupa porque empezaron a tumbar prisiones preventivas a diestra y siniestra, con tremendo tufo a corrupción; es decir, con dinero de por medio o, al menos, con tráfico de influencias en favor de litigantes “compas”, como ocurrió en Parral con Jurado.

La queja cayó por el Distrito Morelos, pero de seguro la forma de operar se repite por todo el estado.

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Tan crítica se puso la situación que hubo magistraturas que pidieron la intervención del Tribunal de Disciplina Judicial, que, por lo visto, se ha movido demasiado lento. Por lo que pasó y por lo que declaró El Bayo la semana anterior, las quejas también se convirtieron en denuncias ante la FACH.

Lo que se detectó en Chihuahua es que, por puritita coincidencia, se estuvieron programando las revisiones de medidas cautelares en fin de semana, precisamente para esperar a que los casos quedaran en manos de los jueces de guardia y no de quienes habían iniciado el proceso.

En el expediente de Jurado, lo que se comprobó es que se esperaron a que comenzara un periodo vacacional para pedir la revisión de la medida cautelar.

Por eso se habla de que el personal de Gestión Judicial está “hasta las manitas de irregularidades”, porque justo ahí es donde se opera el sistema de turnos y la coordinación de notificaciones.

Ahora sí que la transa o el enjuague está en las medidas cautelares como negocio acordado entre jueces y defensores, con la ayuda de Gestión Judicial. El juez Jurado trae otros dos o tres casos similares al que derivó en su detención.

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Las alertas que primero llegaron hasta los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, pasaron por el Tribunal de Disciplina Judicial y terminaron con la intervención de la FACH se generaron precisamente porque los patrones comenzaron a repetirse, ya como un modus operandi.

En este momento está por verse cómo se resuelve el caso de Jurado, pero, en realidad, lo que se conoció es únicamente la punta del iceberg.

Bajo el agua sigue el mayor problema, y tanto la FACH como el Tribunal de Disciplina Judicial tienen una asignatura pendiente si se trata de castigar delitos de corrupción o aplicar verdaderas medidas disciplinarias.

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La crítica más dura que se le ha hecho hasta ahora a la famosa Reforma Judicial que impulsó la 4T desde el gobierno de AMLO se escuchó este 17 de septiembre en el recinto del Senado de la República y frente a algunos de los más grandes estudiosos de las ciencias penales que tiene el país.

¿La hizo acaso uno de esos especialistas que llevan tanto tiempo señalando las garrafales fallas de la reforma de marras? No. ¿Alguno de los exmiembros de la ya “desmembrada” Suprema Corte de Justicia de antaño? Tampoco. Entonces, ¿algún integrante de la oposición, de las bancadas del PRI o del PAN, con o sin megáfono? Pues no, tampoco.

El golpe más duro, por lo preciso que fue, vino de un senador que llegó a ese cargo postulado por Morena y fue nada más que Javier Corral Jurado. Sí, el mismo que llegó al cargo gracias a que un pelotón de agentes de la Policía capitalina evitó que lo detuvieran los efectivos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

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¿Qué fue exactamente lo que dijo el exgobernador, expanista y, por lo visto, examigo de los morenistas que integran la bancada guinda? Lo que tanta gente advirtió desde antes de que se aprobara la dichosa reforma: que se iban a perder años de sapiencia, conocimiento y dominio de la técnica jurídica con el despido masivo de jueces, ministros y magistrados.

Al pronunciar el discurso con el que abrió la ceremonia en la que el Senado firmó un convenio con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el exgobernador dijo así, con toda precisión, que la elección judicial de 2025 provocó la pérdida de casi el 60 por ciento de los juzgadores locales que ya estaban capacitados y formados en ese proceso.

Duro y a la cabeza. ¿Y por qué lo dice hasta ahora? ¿Por qué no lo gritó a los cuatro vientos cuando veía cómo se desintegraba toda la institución, desde sus raíces hasta sus ramas? ¿Por qué aceptó ser candidato de un partido que —ya desde aquel entonces— traía entre ojos empujar, a como diera lugar, la designación de todos los integrantes del Poder Judicial por voto popular?

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El discurso pronunciado en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, durante el acto protocolario en el que se firmó el Convenio Marco de Colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), en realidad, no tuvo desperdicio.

Antes había dicho que la institución del amparo solía ser un instrumento accesible, pero que ahora requiere no solo licenciados, sino maestros y doctores en Derecho para poder presentar uno.

Lo bueno es que, por lo menos, se mordió la lengua: dijo también que el Senado escucha, pero luego no le hace caso a nadie. ¡Mira quién habla!

De que le pegó al centro del blanco en la crítica a la Reforma Judicial, ni quién se lo discuta. Lo que no se entiende es, entonces, qué hace donde está. Porque, así, con ese discurso, parece que es el senador que más molesta a Morena y que más necesita el PAN.