Una marcha no cura a un enfermo, no devuelve la paz a una ciudad ni resuelve por sí sola un conflicto laboral. Pero tiene una virtud que incomoda al poder: reúne en la calle a quienes ya se cansaron de escuchar que todo va bien. Este septiembre, el Gobierno de Claudia Sheinbaum recibió tres avisos difíciles de confundir con aplausos.
El domingo 13 del presente mes, miles de personas marcharon en Culiacán. Al cumplirse dos años de la crisis de violencia en Sinaloa, familiares de víctimas, empresarios y organizaciones civiles exigieron paz y justicia. Dicho sin ceremonia: quieren salir a caminar sin miedo. Una petición elemental que, cuando debe llevarse en una pancarta, se convierte en acusación contra quienes tienen la obligación de garantizarla.
En Oaxaca, la Sección 22 de la CNTE protestó durante la visita de la titular del Poder Ejecutivo federal. Sus reclamos sobre jubilación y condiciones laborales llevan años sobre la mesa. La protesta coincidió con la gira de rendición de cuentas y hubo enfrentamientos; eso exige esclarecer los hechos, no borrar las demandas.
Porque rendir cuentas frente a los propios simpatizantes es cómodo. Escuchar a quienes tienen una cuenta pendiente es otra cosa.
También el mismo domingo, personal de salud marchó en Xalapa. Denunció falta de medicamentos, material quirúrgico y otros insumos; señaló cirugías suspendidas y pacientes obligados a comprar lo que el hospital no les proporciona. El episodio tiene nombre propio: Roberto Ramos Alor, coordinador estatal del IMSS-Bienestar en Veracruz. Ante médicos residentes que reclamaban herramientas para operar, respondió “no opere, así de sencillo”. Luego ofreció una disculpa.
Bien por la disculpa; lástima que no se pueda esterilizar y llevar al quirófano.
¿Sirven estas protestas para algo más que reunir contingentes y tomar fotografías?
La historia dice que sí, aunque no promete milagros. El movimiento por la paz encabezado por Javier Sicilia en 2011 contribuyó a impulsar una ley que reconoció derechos de las víctimas. Eso fue un resultado institucional, aunque la violencia no desapareció por decreto.
En Oaxaca, la movilización de 2006 alcanzó una dimensión enorme, pero no consiguió la renuncia de Ulises Ruiz, una de sus exigencias centrales.
Marchar puede abrir una puerta; cruzarla y comprobar lo obtenido requiere organización, vigilancia, consistencia y tiempo.
Hoy hay una señal política que el Gobierno haría mal en ignorar. Una encuesta de Enkoll publicada antes de estas marchas situó la aprobación de Sheinbaum en 69 por ciento: alta todavía, pero diez puntos menos que un año atrás.
No sería honesto cargar esa caída a las protestas de este fin de semana. Sí sería ingenuo pensar que la acumulación de reclamos sobre seguridad, educación y salud carecerá siempre de consecuencias electorales. Tal vez el Gobierno ya calcula ese costo y decida responder; tal vez prefiera administrar el descontento con reuniones y promesas. Lo veremos en los hechos.
Las tres marchas ya lograron que sus demandas fueran escuchadas. Su éxito verdadero se medirá cuando la gente pueda caminar sin miedo en Culiacán, los acuerdos con los maestros se cumplan en Oaxaca y un médico tenga con qué operar en Veracruz. Si no ocurre, cada fotografía de un contingente será también el retrato de una obligación incumplida.
Hoy, 16 de septiembre, conmemoramos el llamado que Miguel Hidalgo y Costilla lanzó en la madrugada de 1810. Aquello fue un levantamiento, no una marcha pacífica, y no conquistó la Independencia de inmediato; inició una lucha que cambió al país. Nadie necesita una nueva guerra para recordar su lección más sencilla: cuando las autoridades no atienden a la gente, la gente encuentra cómo hacerse escuchar. Más le valdría al Gobierno cumplir antes de que el próximo festejo patrio vuelva a cubrir con pólvora lo que falta en calles, escuelas y hospitales. Y ese es el meollo del asunto.
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