El ataque a una aeronave de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en Ojinaga no puede desvincularse de dos hechos recientes que marcaron a la región noreste y, en general, a la política de combate al delito de la actual administración estatal.

La SSPE confirmó el dato que circuló en redes sociales desde temprana hora del sábado 12: una de sus aeronaves fue atacada a tiros por un grupo de civiles armados —así se refiere la dependencia a los atacantes— en la zona ubicada entre Coyame y Ojinaga, en el convulso noreste del estado.

Esto ocurre apenas cuatro días después de que fuerzas federales capturaron en Ojinaga a Epifanio “N”, alias La Pepa. La información oficial lo identificó como un operador regional de La Línea, uno de los grupos criminales que se disputan el control de la región.

Tampoco puede ignorarse que apenas esta semana se inauguró la famosa Torre Centinela, obra cumbre de la actual administración estatal, desde donde operará la plataforma de seguridad que lleva el mismo nombre.

Aún no termina la mudanza de las dependencias de seguridad pública que operarán en ese edificio, cuando el sistema ya recibió un ataque contra su división aérea.

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Ayer mismo, la SSPE emitió un comunicado en el que detalló algunos aspectos del ataque a su aeronave, entre ellos, que presenta varios impactos de arma de fuego, por lo que fue necesario regresar al aeropuerto de Chihuahua capital.

Lo más lamentable es que uno de sus efectivos resultó gravemente herido. Al momento del reporte se encontraba estable, aunque todavía en condiciones de riesgo.

La dependencia también desmintió que los atacantes hubieran utilizado un arma calibre .50, como señalaba la versión que circuló durante la mañana.

Que no hayan utilizado un arma de tan grueso calibre no disminuye la gravedad del hecho. Aquí ya se trata de un ataque contra una aeronave policial, ocurrido en una zona relativamente cercana a la frontera con los Estados Unidos de América.

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Sucede, además, cuando fuerzas estatales y federales se habían desplegado en la zona para buscar los resquicios de la red de operaciones de La Pepa y contener la oleada de violencia que afecta a ese corredor fronterizo desde el año pasado.

La captura de un presunto operador de un grupo criminal, con la colaboración de autoridades estadounidenses; el corte de listón de la Torre Centinela y el ataque a una aeronave de la SSPE.

Todo en un lapso de cuatro días. Difícil desligar un hecho del otro.

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Todavía no se arreglan con el PAN para ir juntos —o separados— en la próxima elección de gobernador, cuando el PRI ya les mandó un duro recado que ubica en su justa dimensión las aspiraciones del maltrecho partido tricolor.

Este viernes, en conferencia de prensa, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez Domínguez, dijo así, con todas sus letras, que les importaba más la elección para renovar la Cámara de Diputados que las locales.

Más claro, ni el agua de trapeador: la escasa musculatura que le queda al otrora partido fortachón la va a utilizar para resguardar sus ya de por sí reducidos espacios camerales en San Lázaro, para —dice Domínguez— enfrentar a Morena desde las alturas legislativas.

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Días atrás, Mirone tuvo conocimiento de que el PRI no se le iba a rajar a Marco Bonilla, porque existe un compromiso de Domínguez con el actual alcalde de Chihuahua por lo mucho que le ayudó a ganar el Distrito VIII en las elecciones federales de 2024.

La tónica podría ser, tal como se ha venido hablando en los radiopasillos del PRI, que podrían registrar a Bonilla como su abanderado al Gobierno del Estado, hacer candidatura común con el PAN y, en el resto de las elecciones —léase los 67 municipios, los 22 distritos locales y los nueve federales—, cada quien se rasca con sus uñas y, a ver si en una de esas, se pueden echar la mano. No más.

El propio Domínguez ya había advertido que tenían el tiempo encima para hacer una coalición electoral amplia, como la de 2024 —en la que el PAN ganó perdiendo, con más votos pero menos curules federales—, o armar una sola estrategia como partidos coaligados. El proceso ya inició, que no se nos olvide.

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Por lo demás, suena razonable lo que dice el líder priista, porque los resultados que ha obtenido el PRI en elecciones federales recientes son como para preocupar a cualquiera que esté al frente de ese partido, cuyos grupos parlamentarios bien caben en una selfie.

En 2024, el PRI obtuvo 170 mil 209 votos en las elecciones de diputaciones federales en Chihuahua, cantidad que le sirvió para aferrarse, a duras penas, a un tercer lugar estatal que quedó lejísimos de los primeros dos.

En términos proporcionales, el expartidazo se quedó con apenas el 10.6 por ciento de la votación, según datos del INE, apenas dos puntos arriba de Movimiento Ciudadano, que ya amenaza con mandarlo al cuarto sitio.

La preocupación de Domínguez es la misma que la del PRI nacional: cómo le hacen para ganar algo más que los ocho distritos de Coahuila y dejar de convertirse en un partido satélite dentro del bloque opositor.

Ni hablar, hay prioridades y, por lo visto, San Lázaro va por delante.

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A 115 días de que termine 2026, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado prácticamente bajó la cortina: comenzó a recoger lo no gastado y a cancelar nuevas operaciones hasta 2027.

Este sábado, la dependencia a cargo de José Granillo publicó unos lineamientos que suenan a portazo, porque dejan en claro las fechas límite para que hagan lo que todavía esté por hacerse y, si se pasan de ese día, deberán devolver el dinero a la caja del Gobierno del Estado.

¡En qué problemón van a quedar algunos! La cuenta regresiva inicia este lunes 17, tendrá otra fecha fatal el 14 de octubre y, de ahí en adelante, a sacar la nariz del agua nada más para sobrevivir lo que queda del año.

El documento muestra a la Secretaría de Hacienda entrando ya en modo de cierre presupuestal: congela nuevas contrataciones de determinados tipos desde septiembre, pone fechas límite a las licitaciones, cancela proyectos que no hayan comenzado para el 14 de octubre y, finalmente, recoge los recursos que queden sin comprometer para decidir si los reasigna.

Por ejemplo, el lunes 17 es la fecha límite para recibir contratos de servicios personales por honorarios y otras modalidades de colaboración remunerada. Es decir, en unos días comienza a cerrarse la puerta para nuevas contrataciones de este tipo.

Luego viene la siguiente fecha crítica: el 15 de octubre, último día para solicitar la publicación de licitaciones para asignar contratos de obra pública o prestación de servicios. Es decir, quien tenía el recurso y la autorización para llevar a cabo tal o cual proyecto, pero no lo ha licitado, se quedará con las ganas.

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Sin embargo, el verdadero “Día D” será el 11 de diciembre. Día “D” de “Devuelva lo que no se gastó”, porque, según los lineamientos, todos los recursos estatales no comprometidos deberán ponerse a disposición de la Secretaría de Hacienda.

Dicho de otra manera: ya no les van a pertenecer y, si dejaron algo “colgado”, quedará hasta el año próximo… o quién sabe hasta cuándo.

Lo que sigue después de estos lineamientos se pone realmente interesante, porque es cuando sabremos cuánto dinero recuperará Hacienda por gasto no ejercido y, todavía más, qué va a hacer con ese dinero.

Muy interesante, desde luego, será ver la cantidad que logre juntar porque, de alguna manera, será una regla para medir qué tan bien estuvieron utilizando el dinero público las diversas dependencias. Porque vale preguntarse: con tanta carencia que hay, ¿cómo fue posible que tuvieran dinero y no lo ejercieran?

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La otra pregunta es: ¿cuántas obras están en riesgo de cancelación? Si eran parte de un programa de obra y no se iniciaron, ¿qué les va a pasar a todos esos proyectos? ¿Se cancelan y ya? Al menos, un coscorrón al que no hizo bien la tarea.

Por último, la pregunta para pasar a la final del concurso: ¿qué hará Hacienda con el dinero recuperado?

Habrá que ver, primero, cuánto logra recuperar. ¿Mucho o poco? Ya veremos. Por lo pronto, las dependencias tuvieron ocho meses y medio para hacer su tarea y algunas no la cumplieron. ¿No va a haber algún tipo de tache?

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Hay casos que no terminan cuando un juez los da por terminados. Al contrario, en el del Gobierno del Estado contra Antonio Pinedo, apenas comienza la revisión de la actuación de quienes se dedican a fiscalizar, inspeccionar, integrar expedientes y, finalmente, acusar ante un juez.

Pinedo Cornejo, quien fungió como titular de la Coordinación de Comunicación Social durante la mayor parte del gobierno de Javier Corral, enfrentó una acusación por la asignación de un contrato de nueve millones de pesos, en un presunto acto de conflicto de interés.

La causa lo llevó a pasar meses en prisión y, en algún momento, hasta a quedarse sin moneda en la bolsa para continuar con su defensa. Sin embargo, logró obtener su libertad y ahora está prácticamente a las puertas del cierre de ese proceso. Hasta ahí, buenas noticias para él, pero también muy malas para toda la estructura que se encargó de llevarlo al banquillo de los acusados.

Porque, más allá de que un Tribunal Colegiado haya ordenado dejar sin efecto la vinculación a proceso y de que, finalmente, una jueza estatal haya dejado insubsistente el proceso penal, queda una pregunta bastante más grande que la suerte jurídica de Pinedo: ¿Qué pasó con la investigación que dio origen al caso?

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Y ahí es donde aparece un personaje que hasta ahora no había estado en el centro de la fotografía: Héctor Acosta Félix, auditor superior del Estado, quien habría detectado el “conflicto de interés” que dio lugar a toda la causa penal contra Pinedo.

Vale resaltar el dato, porque el expediente no nació ayer en la Fiscalía Anticorrupción, sino en la Auditoría Superior del Estado, la famosa ASE, que ha emprendido acciones sancionadoras a diestra y siniestra en los últimos años, a partir de las revisiones de cuentas públicas y auditorías especiales que practica año con año.

La revisión de la Cuenta Pública 2018 del Gobierno del Estado se realizó durante 2019, cuando Acosta ya estaba al frente de la ASE. De aquella fiscalización salieron las observaciones relacionadas con contratos de Comunicación Social que terminaron convertidas en una denuncia que llevó a Pinedo a pasar todo el calvario que, según parece, terminó esta semana.

Es decir: la Auditoría revisó, observó, señaló y denunció; la Fiscalía Anticorrupción investigó —desde la época de Corral, vale aclararlo—. Luego, el Ministerio Público acusó y el juez vinculó, de modo tal que Pinedo terminó en prisión preventiva.

Y ahora resulta que, de acuerdo con la versión de su defensa sobre la resolución federal, el conflicto de interés que constituía el corazón de la acusación no estaba acreditado y tampoco se habría demostrado el beneficio económico atribuido al exfuncionario.

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Si para Antonio Pinedo terminó el penoso peregrinar por instancias judiciales, lo que debe empezar ahora es una revisión a fondo de quienes se encargaron de integrar todo el legajo de “evidencias”.

Porque, si la acusación penal se vino abajo por falta de elementos esenciales, ¿quién revisa la revisión que originó todo?

Ahí está el verdadero “meollo del hoyo”: ¿quién fiscaliza al fiscalizador cuando el expediente que entregó no resiste el examen judicial?

El propio Acosta ha defendido durante años una ASE técnica, profesional y capaz de llevar sus observaciones hasta las últimas consecuencias. En el caso que nos ocupa, las últimas consecuencias fueron que el proceso contra el acusado terminó siendo dejado sin efecto.

No se trata de hacer leña de nadie, pero sí de hacer una revisión a fondo al que revisa.

Porque, de lo contrario, volveremos a ver a personas que anduvieron arrastrando la cobija por este juzgado y por aquel, enfrentando acusaciones que, al final, no pudieron sostenerse ante los tribunales.

Y entonces sí: ¿quién revisa al revisor?