Ya habíamos adelantado aquí que tanto el Gobierno Municipal como el Gobierno Federal le harían el fuchi a la inauguración de la Torre Centinela, y la ausencia del color guinda finalmente fue de lo más comentado del evento del miércoles, aparte de la tormenta que por poco hace agua la celebración.

De alguna manera se sintetizó ahí, en el corazón del Centro Histórico, el mayor punto de quiebre en la relación interinstitucional que, en materia de seguridad pública, se había mantenido blindada de cuestiones políticas.

No es cosa menor si se habla de la obra insignia de la administración estatal, precisamente en materia de seguridad, el tema que obligadamente llama a la coordinación de los tres órdenes de Gobierno.

Pero esa coordinación nomás estuvo en el discurso del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, el Capi Centinela que fue desairado por los jefes policiacos municipales y federales.

Ni siquiera se dejaron ver ahora los jefes de la Zona Militar y de la Guardia Nacional, quienes no habían fallado antes a las convocatorias emanadas de Palacio estatal.

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Tampoco Mayra Chávez, la delegada de los Programas de Bienestar que tiene asiento en las Mesas de Seguridad, pasó lista en Centinela; ni la delegada provisional de la Fiscalía General de la República, Andrea Guzmán Leyva, hizo acto de presencia.

El único que fue presentado formalmente en el evento como jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia en Chihuahua fue Armando Juárez Bejarano. Por lo menos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, tuvo esa representación.

Otra funcionaria que se dejó ver ahí, porque bien que le encanta andar de socialité, fue la delegada de Economía, Belinda Díaz. También se apersonó, aunque con más bajo perfil, la delegada de Migración. Quizás a ellas no les llegó alguna orden de boicot.

Por el lado del Gobierno Municipal, ahí sí que nadie se paró, desde el presidente municipal Héctor Ortiz hacia abajo, pasando por su jefe de Policía, César Omar Muñoz.

Bastante extraño resultó ver la presencia y escuchar el agradecimiento a los representantes de la Embajada y del Consulado de Estados Unidos, además de los funcionarios de los Gobiernos de Texas y Nuevo México, pero no de los Gobiernos local y federal.

Así que el calorcito en la noche lluviosa llegó de los funcionarios estadounidenses, además de toda la estructura estatal, la representación empresarial y la de los otros dos poderes, que estuvieron ahí, no al pie del cañón, pero sí de la Torre Centinela, al menos hasta que la tormenta los dispersó.

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Desde luego, tampoco podían faltar quienes traen su propio proyecto político cocinándose bajo las siglas del PAN: el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; la subsecretaria Austria Galindo; el representante de la gobernadora, Carlos Ortiz, y el recaudador de Rentas, Raúl García Ruiz, por citar a algunos de los funcionarios estatales que quieren boleto para el 2027.

En ese sentido, al que se le extrañó en Juárez, porque ahorita anda en plan de ir hasta a las quinceañeras cuando lo invitan, fue al alcalde de la ciudad de Chihuahua y ungido ya como coordinador político estatal del PAN, Marco Bonilla.

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Se acabó el “cochinito” que tenían los municipios del estado —y del país— para sacar dinero destinado a una de sus funciones más importantes: reparar calles.

Durante los últimos cuatro años recibieron más de 7 mil millones de pesos provenientes del programa de regularización de automóviles de procedencia extranjera que emprendió el Gobierno Federal en 2022.

Ese dinero no podía ser usado en otra cosa más que en dar mantenimiento a las calles y avenidas de las ciudades donde circularan autos de esos que llamamos “chuecos”. Nada mal les cayó a los municipios del estado, que desde hace décadas enfrentan el problema de tener miles de autos en circulación que no pagan ni las multas y, por si fuera poco, tampoco tienen una placa de identificación.

Pues bien, ese “chorrito” ya se acabó, y así lo establece el proyecto de Paquete Económico del Gobierno Federal para 2027.

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Como ya es bien sabido, la administración federal anunció que el programa terminaría junto con 2025, por lo que, a partir del 1 de enero de 2026, ya no se haría ni un solo trámite de regularización de autos “chuecos” —“chocolates”, les llaman en otras partes—, salvo los que quedaron pendientes del año anterior.

A razón de 2 mil 500 pesos por cabeza —perdón, por vehículo—, la caja registradora comenzó a sonar desde aquel 2022 y, durante el periodo de vigencia, se recaudaron 7 mil 400 millones de pesos en todo el país.

De ese total, Chihuahua fue el estado más beneficiado, con mil 126 millones de pesos, de los cuales los grandes “ganones” fueron la capital y Ciudad Juárez, aunque no los únicos, pues hubo decenas de municipios serranos que también se “rayaron” con ese programa. Lástima, eso fue todo por hoy.

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Como ya lo advirtió Mirone, el recurso que recibían los municipios por la regularización de autos chuecos ya no se contempla en la Ley de Ingresos ni en el Presupuesto de Egresos para 2027.

Los 452.95 millones de pesos acumulados hasta mayo pasado, según informó la Presidencia Municipal de Juárez, deberán salir de otra fuente, y no se ve de dónde.

El detalle es que ahora, terminado el “cochinito”, sigue ahí el “cochinero” que dejaron quienes permitieron el ingreso de miles y miles de automóviles extranjeros para que circularan por las calles sin hacer contribución alguna.

Los daños al pavimento y al equipamiento urbano que causan esos —y los demás— autos seguirán ahí, pero ya no el dinero para restaurarlos. ¿Qué sigue? Habrá que estar pendientes, porque en una de esas nos inventan un nuevo impuesto, un replaqueo o un incremento a alguno de los que ya nos cobran para cubrir ese boquete.

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Quien se confirmó ayer en sus afanes controladores fue la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes.

En la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se dio el arranque formal al proceso electoral 2026-2027, Ariadna, la del AMOR por Chihuahua, rindió protesta como representante de Morena ante la máxima instancia arbitral de las elecciones en México.

“Asumo la responsabilidad que significa dirigir a nuestro partido en esta etapa con convicción democrática y profundo compromiso con la transformación y con el pueblo de México”, escribió la dirigente, quien antes fue secretaria de Bienestar y tiene su especial querencia por Chihuahua desde que fue delegada partidista para la elección presidencial de 2018.

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Por la forma en que dirige en el estado su grupo político y por la manera como ejerció —o ejerce todavía— el poder en la Delegación de Bienestar de Chihuahua, se conocen acá sus tendencias controladoras.

Por eso, ahora que asumió la representación partidista de Morena ante el INE, sin soltar la presidencia de Morena, se confirma que le gusta tener el control absoluto de las decisiones, prácticamente sin intermediarios.

Por cierto, uno de sus operadores e integrante del equipo montielista en Chihuahua es también el representante de Morena ante el Consejo del Instituto Estatal Electoral (IEE).

Nos referimos al joven abogado Fernando Chacón, quien también es asesor en el Congreso del Estado y ayer fue una de las figuras morenistas locales que se sumaron a las felicitaciones por la autodesignación de Montiel como representante ante el INE.

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“Este proceso marcará una etapa imprescindible para Morena, por lo cual celebro que, desde el ámbito nacional, nuestro movimiento esté representado ante la máxima autoridad electoral del país por nuestra propia presidenta del partido. Asumir esta encomienda significa colocarse al frente de la defensa de los más altos intereses de Morena, con responsabilidad, firmeza y compromiso”, escribió el abogado juarense.

Antes de la toma de protesta de Ariadna Montiel, en sesión extraordinaria, se puso en marcha el Proceso Electoral Federal, en el que se renovarán más de 20 mil cargos de elección popular, entre el Congreso de la Unión, gubernaturas, legislaturas locales y autoridades municipales.

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Autoridades, agrupaciones sindicales y organizaciones civiles relacionadas con la educación preparan una reunión “cumbre” para analizar, no los datos de la prueba PISA, que exhibieron el profundo rezago que enfrentan el estado y el país, sino cómo le vamos a hacer para dejar de cavar y no quedar más abajo.

No hay fecha ni se ha hecho todavía la convocatoria, pero de que se tiene contemplada, eso que ni qué, según le contaron a Mirone, porque eso de ver cómo se queda en penúltimo lugar cada trienio en que se publican los resultados de la prueba PISA no está como para voltear hacia otro lado y echarle la culpa al que va pasando o al que estuvo antes a cargo.

Lo que pudo saber Mirone es que el problema es bastante serio y, hasta ahora, las partes involucradas han evitado buscar al “culpable fácil” o a los “sospechosos de siempre”.

No, el rezago educativo —coinciden— es producto de una serie de factores que pasan por las condiciones en que se imparten las clases, no nada más por si los libros sirven o no.

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Entre los puntos destacados se ha señalado la falta de formación de los maestros, sobre todo después de que el cierre de la reforma educativa dio por clausurados los sistemas de evaluación que se les venían aplicando.

Aquí la pregunta que se hacen es cuánto se va a invertir en capacitar a los mentores, porque el presupuesto actual, que representa más de la tercera parte del gasto del Gobierno del Estado, ya está comprometido para pagar los sueldos del personal educativo.

Entonces, ¿qué lado de la cobija vamos a jalar y a quién vamos a descobijar?

¿Mejor equipamiento? Para como están las cosas, hay escuelas que se darían por bien servidas si se les dotara de agua potable, drenaje y energía eléctrica. Lo demás ya lo ven como auténticos lujos.

Otra vez la pregunta: ¿con qué ojos, divino tuerto?

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Actualmente hay diversos programas federales que otorgan becas a estudiantes, destacados y no tanto —hasta con un seis en un examen extraordinario sirve para recibir la dichosa beca—, pero no hay una igual para los profes.

Esa es una de las caras de ese problema tan complejo que es la educación, porque la otra es el entorno social del alumno.

¿Cómo le haremos para que todos lleguen al aula bien desayunados, bien dormidos, con atención médica suficiente y un sistema de movilidad que no los obligue a tardar una hora o más en llegar a la escuela?

Tampoco se ve de dónde van a sacar los sectores oficial, sindical y social para atender las problemáticas propias de la sociedad actual, como los múltiples distractores de los educandos, el ingreso de la inteligencia artificial o la atención insuficiente o nula a las neurodivergencias.

El diagnóstico será largo y difícil. Puede que el resultado no acabe de gustar, pero menos aún nos va a agradar vernos, una vez más, en el puesto 37 entre los 38 países de la OCDE.