La propuesta del Ejecutivo Federal para limitar las candidaturas de personas que tengan doble nacionalidad pasa por Chihuahua y tiene una parada especial, pues sería en esta entidad donde miles de ciudadanos perderían el derecho a postularse para algunos de los cargos de elección popular más importantes.

Uno de los afectados podría ser el líder de la comunidad mormona del noroeste del estado, Julián LeBarón, quien ya había levantado la mano para ser candidato al Gobierno de Chihuahua en las elecciones de 2027.

Mexicano y estadounidense con todo el derecho, LeBarón ya reclamó y levantó la voz para exigir que se respete su derecho a postularse para gobernar el estado donde radica —en el municipio de Galeana, al noroeste— porque, a la fecha y a pocas semanas de que inicie el proceso, se le quieren cambiar las reglas del juego.

Como ya es bien sabido, el 27 de agosto pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en breve enviaría una iniciativa de reforma constitucional para que quienes deseen ocupar la Presidencia de la República o alguna gubernatura renuncien a su doble nacionalidad.

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Los socarrones de siempre —como este Mirone, por ejemplo— ya empezaron a lamentarse de que esa reforma no hubiera llegado antes de 2016, porque así Javier Corral nunca hubiera sido gobernador. ¡Rayos, estuvo cerca! El “Señor del fuero constitucional” siempre ha alegado que renunció a la ciudadanía estadounidense, pero lo nacido en El Paso, Texas, no se le quita ni con papel de lija.

Pero vale observar otros fenómenos, como la situación en la que quedarían los miembros de comunidades como LeBarón o las menonitas, que radican en México —en Chihuahua, para ser exactos—, hacen su vida en esta entidad y reclaman, con todo derecho, inscribirse en la boleta para contender por algún cargo.

No serían los únicos, porque hay miles de chihuahuenses que tienen doble nacionalidad, adquirida con pleno derecho y mediante programas del propio Gobierno Federal.

Nada más para empezar a degustar ese platillo legislativo, habría que señalar que Chihuahua ha sido líder nacional en la expedición de actas de doble nacionalidad. Por si no se sabía, aquí repetimos el dato oficial: una de cada cuatro actas que se expiden a nivel nacional sale de las oficinas del Registro Civil chihuahuense.

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¿A quién se le entregan esos documentos? A personas que, en efecto, tienen doble nacionalidad: nacieron en los Estados Unidos, son hijos de padre, madre o ambos mexicanos y, en muchos casos, hacen su vida en los dos países.

Algunas de esas personas, beneficiadas por el programa “Soy México” —por cierto, del propio Gobierno Federal—, hasta besan su acta cuando la reciben, porque el documento les resolverá una serie de problemas procesales que enfrentaban por no poder acreditar debidamente su nacionalidad.

¿Son unos apátridas, traidores y entreguistas? Nada de eso. Son personas cuya situación registral obedece a una dinámica social que no es de ahora ni tuvo que ver con los vaivenes propios de la política electoral actual.

Lo bueno es que la iniciativa es apenas eso: un proyecto de ley. Falta que los diputados y senadores de estados fronterizos defiendan a sus conciudadanos nacidos en Texas, California o Nuevo México y dejen de lado, al menos por un momento, la línea que les mandan desde Palacio Nacional.

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El amparo concedido al exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Arturo Fuentes Vélez, dominó los titulares del pasado viernes e hizo parecer el fallo como si fuera un triunfo definitivo para el aún inculpado por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos. Nada de eso.

Cierto, se trata de un avance importante —¡bastante!— para la defensa de quien fuera el principal operador financiero del Gobierno de Javier Corral Jurado, pero de ahí a que ya haya ganado y esté libre de culpa, más vale decir: “No tan rápido”.

Hay que empezar por donde corresponde, porque en estos tiempos de titulares apresurados cualquier amparo puede convertirse, por arte de magia, en absolución. Arturo Fuentes Vélez no fue declarado inocente. Tampoco fue exonerado del presunto desvío que se les imputa tanto a él como a su exjefe, Javier Corral, cobijado como está con el manto del fuero constitucional.

Lo que tuvo fue, digamos, un rally en la séptima entrada, para exponerlo en términos beisboleros tan en boga a estas alturas del año, cuando se define la serie final del Campeonato Estatal de Beisbol. Pero el out 27 no ha caído y más vale que tenga un buen “cerrador” a la mano.

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El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito revocó la resolución que le había negado el amparo y decidió concederle la protección federal respecto del acto atribuido al juez de Control del Distrito Judicial Morelos. Hasta ahí, el dato jurídico.

El fiscal anticorrupción ya adelantó que combatirá la resolución. Es comprensible. La Fiscalía ha convertido el expediente de Fuentes Vélez en uno de los casos emblemáticos de su cruzada contra los presuntos actos de corrupción de anteriores administraciones.

Aquí vale explicar qué resolvió exactamente el Tribunal. ¿Qué deficiencias encontró? ¿Qué efectos tiene la sentencia y, por supuesto, cuál es el paso que debe dar ahora el Ministerio Público? Y, sobre todo, ¿puede reconstruir jurídicamente el caso sin repetir los errores que llevaron a la revocación de la orden de captura?

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Aquí entra el ingrediente político preelectoral, porque nadie que haya seguido, aunque sea de “lejitos”, la historia de las acusaciones contra políticos, exfuncionarios o gobernadores caídos en desgracia puede prescindir de ese factor.

Ya nos sabemos la canción: los Gobiernos entrantes investigan a los anteriores; los anteriores denuncian persecución; las Fiscalías aseguran tener pruebas; los acusados alegan fabricación de delitos.

Y al final, lo único que debería importar es lo que puedan demostrar ante un juez y, en este caso, el caso Fuentes Vélez está precisamente en ese punto.

La Fiscalía tiene ahora una oportunidad: demostrar que el expediente de los 98.6 millones de pesos es mucho más sólido que la orden de aprehensión que acaba de recibir un revés.

Si puede hacerlo, el amparo será solamente un tropiezo, un corredor que llega a la primera base por un mal fildeo del shortstop. Nada que no se pueda reparar con un buen lanzamiento y una jugada de doble play. Como bien decía el legendario Yogi Berra, cuando veía un partido que parecía ya decidido: “Esto no se acaba hasta que se acaba”.

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La visita del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, desató toda una densa nube de rumores en torno a una supuesta alianza “ya casi amarrada” entre los tricolores y el PAN para enfrentar a Morena en las próximas elecciones locales, prácticamente en todos los terrenos.

Algunos se aventuraron a repartir postulaciones: que si el PAN se queda con la de gobernador, pero el PRI se queda con tres o cuatro distritos; que si estos municipios para allá, estos otros para acá. Que si este mismo domingo se ponen de acuerdo y solo faltaría visitar a la gobernadora Maru Campos para que le dé su bautizo al niño electoral.

A quienes piensan que el famoso Alito viene con el bolígrafo en la mano para firmar alianzas, Mirone lamenta desilusionarlos. Ni de cerca, le dijeron a este metiche columnista fuentes cercanísimas a la dirigencia nacional priista.

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El senador y líder del PRI hasta que se canse viene, como quien dice, a lo que viene: tomar protesta a sus mil 380 “Defensores de Chihuahua”, como les dicen a sus operadores “por tierra”, los que saldrán a territorio a buscar el voto y a cubrir casillas.

Antes, atenderá a los medios de comunicación en una conferencia de prensa programada para las 8:00 de la mañana en un conocido hotel de la capital del estado y, después del acto estelar, habrá una reunión con un grupo de empresarios, cuyo número y denominación aún se desconocen.

Nada fuera del protocolo de un dirigente de partido que anda echándole aceite a sus desgastadas máquinas electorales en la víspera de un proceso electoral en el que se renovarán la Cámara de Diputados y 17 Gobiernos estatales. Lo demás, hasta este momento, son sueños guajiros.

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Lo que le contaron a Mirone es que no había, hasta la mañana de este domingo, una reunión agendada con la gobernadora. Tampoco se tiene contemplado algún encuentro con la dirigencia estatal del PAN o con alguna otra personalidad que pueda implicar algo que parezca el inicio de un acuerdo de coalición.

Si bien los dos partidos han dado señales de querer entrarle juntos a la contienda de 2027, también es cierto que cualquier acuerdo en ese sentido se firmaría en la capital del país, entre las dos dirigencias nacionales, y formaría parte de un paquete en el que se repartirían candidaturas a Gobiernos estatales, municipios importantes y distritos locales. No está tan sencillo como para que, en una sentada, durante un viaje relámpago, se defina todo eso.

No es cosa menor lo que hará Alito este mediodía. Es un aviso de que tiene una tropa lista para entrarle a la campaña de 2027 y de que, si lo dejan solo, en una de esas sí les baja algo de votación en una contienda que se augura muy cerrada entre los dos oficialismos: el del PAN local y el de Morena federal.

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Los que todavía sueñan con ver al bloque PRIAN “unidos como cadenas, eslabón por eslabón” en la próxima boleta electoral tendrán que esperar sentados, pacientes y resignados, porque lo que llegarían a ver al momento de despertar tal vez no les guste del todo.

La velita se volvió a encender la semana pasada, cuando el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, dio un leve cambio de dirección en torno a las alianzas y dejó abierta la posibilidad de que cada estado contemple la conveniencia de ir en coalición con el PRI en alguno de los 17 estados donde habrá elección de gobernador o gobernadora.

La declaración cobró especial relevancia porque había sido el propio Romero quien, hace apenas un año, la había “cantado” bien claro al decir que competirían en 2027 con siglas y candidatos propios, lo que fue interpretado como un portazo en la cara a una posible alianza con los tricolores.

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Las cosas cambiaron, sobre todo, después de que el PRI les pasara por encima a todos en las elecciones de Coahuila y dejara en la puerta del Congreso del Estado, sin curules ni prerrogativas, a su propio exaliado. No se midieron, pues. Fue una versión del priismo más arcaico, ese que se valía de todo lo que estuviera a la mano, no para ganar, sino para quedarse con todo.

Sin embargo, según le contaron a Mirone, las cosas se han puesto mucho más complicadas que en aquel 2024, cuando sí lograron ponerse de acuerdo para presentar candidatos comunes o ir en alianza electoral en prácticamente todo el país.

A modo de ejemplo, le comentan a este columnista que, para finales de 2023, los acuerdos entre ambos partidos llevaban un 70 por ciento de avance y, aun así, debieron hacer ajustes de último momento para concertar la alianza que les permitió competir en coalición en las elecciones de 2024, donde, dicho sea de paso, Morena les pasó por encima.

En cambio, a estas alturas de 2026, no ha habido siquiera una reunión formal para comenzar a trazar las líneas, revisar los lugares donde cada partido tiene sus fortalezas o ponerse de acuerdo para operar la logística de la jornada electoral. Están en cero, pues, y el tiempo corre.

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Lo que le vinieron a contar a Mirone es que ya había una oferta sobre la mesa de parte del PAN: que el PRI se quedara con la candidatura a los Gobiernos de Nuevo León, Zacatecas y Colima. Bastante engañoso el pastel, porque incluye uno de los estados más ricos del país, como es Nuevo León, y dos de los más atrasados y con serios problemas de seguridad pública.

Todo aceptable hasta ahí. El problema viene en el “pero” que puso el PAN: que, en cada estado, el partido que ponga al candidato a gobernador le ceda al otro la capital del estado. ¡Menudo problema!

Si esa fuera la condición sine qua non, en Chihuahua va a haber problemas, porque nadie en su sano juicio se imaginaría al PAN cediéndole la capital al PRI o, menos aún, la gubernatura. Compensarlo con Juárez suena a chiste cruel, si vemos que Morena lo tiene más que controlado.

“Te doy un Delicias y un Cuauhtémoc a cambio de la capital”, dirían los chamacos cuando intercambiaban estampitas. Acá el problema es otro: que, fuera de la capital, el resto de los municipios “grandes” están seriamente competidos, de modo que no garantizan ninguna posición estratégica para colocar a su gente en puestos de la administración pública.

Como bien le dijeron a Mirone, suena a que ya se les hizo tarde.