Hay candidaturas que se buscan para ganar una elección y otras que, por las circunstancias, parecen buscarse para ponerse a salvo.

César Jáuregui quiere la del PAN a la Presidencia Municipal de Chihuahua, aunque en su caso hay un detalle nada menor: la silla de alcalde no viene con fuero incluido.

Y la quiere a pesar de todos los pesares, como si nada hubiera pasado.

El exfiscal y, hasta hace poco operador de lujo de la actual administración estatal, mantiene su activismo político entre la base panista e, incluso, entre una parte de la población abierta, para presentar su oferta de gobierno, en caso de ser electo candidato y, después, presidente municipal de la capital.

Pero Jáuregui no llega ligero a esa carrera. Las señales —para muchos, inequívocas— de que no es el indicado para abanderar la causa panista en uno de sus bastiones más importantes a nivel nacional podrían meterlo en problemas y, de paso, meter en problemas a su propio partido.

Porque una cosa es cargar durante una campaña con el desgaste natural de cualquier candidato y otra muy distinta hacerlo con asuntos judiciales y políticos todavía respirándole en la nuca.

Y ahí aparece la paradoja: quienes hace meses hablaban con Mirone sobre la conveniencia de buscarle a Jáuregui un cargo que le brindara protección constitucional tendrán que hacer nuevamente las cuentas.

La Presidencia Municipal de Chihuahua podrá darle poder, reflectores y otros tres años de vida política. Fuero, no.

Y aun así, Jáuregui va.

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Enterados del caso, ya le habían comentado a Mirone que una eventual candidatura de Jáuregui Moreno a la Presidencia Municipal implicaba correr un riesgo acaso innecesario: sacar a hacer campaña a un funcionario que “necesita fuero”, según contaron.

Meses después, y con el escándalo a cuestas de los agentes extranjeros —presuntamente de la CIA— que operaron desde instalaciones de la FGE, aquel comentario sobre el fuero adquiere otra dimensión.

Y es que el empecinado aspirante tiene vivos dos frentes, a cual más de riesgosos: el ya mencionado “CIA Gate” y la causa en su contra por haber recibido dinero del Gobierno de César Duarte, vía la famosa “Nómina Secreta”.

Ese último asinto sigue vivo, le aseguran a Mirone.

De ser así, Jáuregui no solamente tendría que calcular votos, estructuras y simpatías para lanzarse a la campaña. También tendría que voltear de vez en cuando hacia atrás, para saber qué tanto pueden alcanzarlo los asuntos que dejó pendientes en el camino.

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Más allá de que las autoridades decidan desempolvar el caso de la Nómina Secreta, el exfiscal tiene mucho que explicar por el asunto de los agentes estadounidenses que participaron en labores reservadas para las fuerzas del orden del país.

Como es bien sabido, apenas se conoció el lamentable percance ocurrido el 19 de abril en la Sierra de Chihuahua, donde fallecieron dos agentes de la FGE y dos estadounidenses, el entonces fiscal salió a dar una serie de declaraciones tan estrambóticas como comprometedoras.

Primero negó categóricamente que los extranjeros hubiesen estado presentes cuando la FGE descubrió un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua, y después vino una tanda de explicaciones que fueron cayendo por su propio peso.

Por mucho menos que eso, cualquiera podría enfrentar señalamientos por falsedad de declaraciones u obstrucción a la justicia.

César Jáuregui Moreno es un avezado lobo de mar electoral. Conoce los engranajes de una campaña, sabe dónde están los riesgos y entiende perfectamente lo que puede significar para un partido llevar a las urnas a un candidato expuesto a que, en plena contienda, un expediente judicial termine haciendo más campaña que él.

Lo sabe. Lo entiende. Lo ha visto.

Lo malo para Jáuregui y para el PAN es que, ahora que el riesgo lo tiene enfrente, parece empeñado en no verlo.

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Y ya que hablamos de funcionarios con la mirada puesta en el siguiente cargo, de Jáuregui podemos brincar sin demasiado esfuerzo a otro de los candidateables de la administración estatal: Gilberto “El Graduado” Loya.

Porque si al exfiscal los expedientes no parecen quitarle las ganas de ser alcalde, al secretario de Seguridad Pública del Estado los pendientes de su propia dependencia tampoco parecen distraerlo de su siguiente aspiración.

Mientras Gilberto “El Graduado” Loya sigue encampañado para que lo elijan fiscal general por los próximos ocho años, hay al menos 30 municipios sin Policías Municipales o con corporaciones desarmadas.

Tras casi cinco años de intervenciones, desarmes y de fundir los mandos municipales con las autoridades estatales, la SSPE no ha logrado conformar cuerpos policiacos propios en algunos de los municipios más afectados por la violencia.

Una de dos: o no tienen policías, o los tienen, pero sin armamento, porque lo perdieron al no cumplir con los requisitos más elementales para dotar a sus efectivos de ese equipamiento.

De no creerse: un policía sin arma es como un bateador sin bat. Sirven más o menos para lo mismo.

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Datos oficiales de la propia SSPE indican que, a poco más de un año de que concluya la administración, hay cinco municipios donde no hay agentes de la Policía Municipal y otro más que sí los tiene, pero están a las órdenes de un mando estatal. Entonces, no son propiamente “municipales”.

Entre esos seis están algunos de los que tienen los mayores problemas de violencia, como Cuauhtémoc, el tercer municipio más poblado del estado, y Nuevo Casas Grandes.

En esos lugares, los Gobiernos surgidos del voto popular no pueden dar órdenes a sus policías porque, o no los tienen, o están bajo un mando único estatal.

Y así, sin capacidad de fuerza, esos órganos de Gobierno quedan reducidos casi a consejerías, encargados de darle mantenimiento y “chainear” sus ciudades, a lo mucho.

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El periodo de cinco años de Loya Chávez dio para hacer dos precampañas: una, para obtener la candidatura al Gobierno del Estado, que nunca estuvo ni cerca de conseguir, y la otra, en curso, para que lo elijan “fiscal carnal” por los próximos ocho años.

Sin embargo, ese mismo periodo no alcanzó para dotar de armamento a 22 municipios —incluido, por ejemplo, Guadalupe y Calvo— porque sus agentes no cumplían con los requisitos mínimos para que se les autorizara su portación.

¡Cinco años y todavía no se cubre ese requisito!

Con esas cartas credenciales, el actual titular de la SSPE busca dar el triple salto mortal y pasar de prevenir el delito a perseguirlo.

Ya vio lo que es hacer la chamba con pocos policías y menos armamento.

Si lo eligen fiscal “carnal”, verá lo que es armar carpetas de investigación con agentes del Ministerio Público que cargan hasta mil expedientes cada uno.

Eso sí: para brincar de puesto, parece que no hace falta pasar ningún examen de control de confianza.

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En el tema de atención a las personas víctimas de desplazamiento forzado, el marcador entre el Gobierno del Estado y la 4T está para llamar la atención: mientras unos ni siquiera se presentaron, los otros llegaron con media estructura federal.

El pasado miércoles, un grupo de funcionarios federales de alto nivel —segundos, después del secretario o director general— estuvo en la ciudad de Cuauhtémoc para reunirse con familias afectadas por el fenómeno del desplazamiento forzoso, pero también con organizaciones de la sociedad civil que las han acompañado.

Y ahí estuvo quizá lo verdaderamente relevante: por primera vez, una instancia de Gobierno —del nivel que le digan a este Mirone— aceptaba hablar del tema del desplazamiento con personas que no fueran únicamente las directamente afectadas.

Eso sí, una cosa es sentarse a escuchar y otra resolver. Porque si algo han acumulado esas familias, además de kilómetros lejos de sus comunidades, son reuniones, promesas y años esperando respuestas.

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Ahí estuvo atento, tomando nota, Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

También participaron Martha Yuriria Rodríguez Estrada, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y Tobyanne Ledesma Rivero, titular de la Dirección General del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Segob.

Funcionarios de primer nivel para atender a unas 200 personas reunidas en el Santuario de Guadalupe de Ciudad Cuauhtémoc, quienes expusieron las desventuras que han pasado por los efectos de la violencia delictiva en la Sierra de Chihuahua, pero también por el abandono institucional desde que se vieron obligadas a dejar sus casas por motivos de seguridad.

Y, a todo esto, ¿quién asistió en representación del Gobierno del Estado?

Tal vez el “Hombre Invisible”, porque no hubo servidor público alguno que hablara a nombre de la administración estatal; por ejemplo, de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas o de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

Nadie, lo que es nadie, pues.

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Pero tampoco crea que del lado de la 4T todo fue sensibilidad social y preocupación por los desplazados.

Porque ahí sí se formó la alineación titular: el mismísimo delegado del IMSS en Chihuahua, Julio Mercado Castruita, quien, en condiciones normales, no sale ni a que le dé el sol.

Ahí también, ¡cómo no!, las delegaciones de Liconsa y Diconsa, las despensas ambulantes que todo Gobierno mexicano suele tener y, por si fuera poco, una representación de la SEP.

A toda esa alineación se sumó —¡cómo no iba a hacerlo!— Marya Chávez, la súper delegada del Bienestar y entusiasta aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal de Juárez.

Así que el contraste quedó servido: el Gobierno del Estado pecó por ausencia y la 4T, si acaso, por abundancia.

Porque una cosa es que los desplazados finalmente reciban la atención que durante años se les ha negado y otra muy distinta pensar que, con el 2027 cada vez más cerca, semejante concentración de funcionarios y aspirantes carece de lectura política.

En política, como en el futbol, hasta los goles a favor tienen que revisarse en el VAR.

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El Congreso del Estado emprendió este mes una larga jornada de consultas a las comunidades originarias sobre la nueva legislación en materia de pueblos indígenas de la entidad.

Todo bien, excepto por un pequeño detalle: parece que en lugar de consultarlos, van a aplicarles un examen de tesis doctoral.

Para empezar, quieren poner a consideración de habitantes de comunidades muy apartadas de las zonas urbanas un proyecto de ley de 450 artículos, más once transitorios y su respectiva exposición de motivos.

Una lectura ligerita, pues.

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Para los iniciadores, los precursores y, desde luego, los diputados que integran la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del Estado, todo eso debe ser poco menos que pan comido.

El documento es fiel a la tradición legislativa mexicana: leyes farragosas, extensas, repetitivas y cargadas de terminología que, en lugar de facilitar su comprensión y aplicación, muchas veces consiguen exactamente lo contrario.

¡Cómo no van a dominar el tema, si llevan años armando esa iniciativa! Además, cuentan con asesores, bibliotecas y acceso directo a expertos para formularles consultas. Con todo eso, nada más faltaba que no le entendieran a tamaña ley de casi 500 artículos.

Y así andan recorriendo comunidades apartadas, celebrando reuniones con habitantes de regiones a las que a veces ni las fuerzas de seguridad, los servicios médicos ni los apoyos sociales de los Gobiernos llegan.

“Necesito 400 sesiones de consulta para verlo con la gente de mi pueblo”, había dicho un gobernador indígena cuando le pasaron el grueso mamotreto redactado en el Congreso del Estado. Y no parece exageración.

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Lo que falta por explicar es a qué viene esta nueva consulta a las comunidades originarias, si acaban de hacer otra para crear la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Chihuahua, aprobada hace apenas dos años.

Para aquella ocasión, el Congreso emprendió recorridos por las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara desde el primer tercio de 2022. ¡Hace cuatro años!

Y ahora regresa para hacer preguntas que se parecen mucho a las formuladas entonces.

Lo que tampoco acaban de entender algunos de los “consultados” es para qué otra ley, si las dos que hicieron antes —la mencionada Ley de Consulta y la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua— no han conseguido cambiar sustancialmente las condiciones en las que viven desde hace siglos.

Y argumentos no les faltan. Porque ahí viene otra vez el “chabochi” con sus mesas de trabajo, sus consultas y sus casi 500 artículos bajo el brazo.

Lo que sigue sin llegar con la misma puntualidad son los servicios, la atención y, menos aún, la seguridad y protección que necesitan esas comunidades.

Así que, si van a mandar a alguien hasta allá, que esta vez no sea otro diputado con un mamotreto bajo el brazo.

Mejor manden médicos, servicios y agentes del orden.