Ya decía Mirone que tal parece que al Partido Acción Nacional (PAN) no le gusta comer de las que guisa.

El comentario mironiano de que “¡ah, pero qué bueno es para repartir la receta para que otros la prueben!” surgió a propósito de la intentona nacional del PAN para modificar —una vez más— la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con el propósito de reducirla del 16 al 10 por ciento.

Siempre se opuso, cuando fue Gobierno, a bajar el IVA para no perder recaudación fiscal; pero ahora, como oposición, está a favor de la reducción porque dice buscar un alivio para la economía familiar.

Bastante parecida es la situación que ahora se vive en Chihuahua con la legislación pendiente para dotar de autonomía a la Fiscalía General del Estado (FGE), como marca la tendencia nacional e internacional en materia de procuración de justicia y persecución del delito.

Nunca quisieron los azules que caminara la iniciativa que desde hace rato presentó el Grupo Parlamentario de Morena, y la guardaron en la congeladora, aprovechando que tienen el control del bloque mayoritario. Desde junio de 2022 llegó a Oficialía la iniciativa guinda. Nada pasó entonces y brincó a la nueva Legislatura, en 2024, para seguir esperando.

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De ahí que ahora, cuando ya solo queda un año para que concluya la actual Legislatura y otro tanto para que termine la administración estatal, resulte cuando menos extraño el apuro por presentar una iniciativa propia que concrete esa autonomía. Como si en el PAN existiera el temor de dejar de ser mayoría en 2027 y quedarse en la orfandad política al perder el Gobierno.

Por eso el sospechosismo y las especulaciones apuntan a un intento de blindaje ante lo que pueda ocurrir electoralmente el próximo año. La jugada consistiría en aprobar de una vez una Fiscalía autónoma, con un titular que no responda al Ejecutivo y que permanezca ocho años en el cargo, para que su periodo sea transexenal y rebase la administración que está por concluir.

Ahora sí se acordaron de que Chihuahua es de los pocos estados del país que todavía no cuenta con esa figura.

El caso es que ayer se presentó la iniciativa, firmada por el PAN y Movimiento Ciudadano, particularmente por Alfredo Chávez y Francisco Sánchez, integrantes de la Comisión de Justicia, que preside el diputado emecista.

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Van por una reforma constitucional. Según Alfredo Chávez y Francisco Sánchez, ahora existe una preocupación real de que el crimen organizado se apodere de las instituciones, y de ahí la urgencia de “blindar” a la Fiscalía con un nuevo marco legal.

“Por supuesto que la Fiscalía se quiere usar ahora para cubrir espaldas y por eso se quiere aprobar al último de la administración”, reviró el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada.

La apuesta azul y naranja es que la gobernadora Maru Campos envíe su terna al Congreso del Estado una vez aprobada la reforma y que los diputados designen al mejor perfil para permanecer en el cargo hasta 2034.

¡Mira qué listillos salieron! Ahora sí que ¡no te acabes, mayoría!… o mejor dicho, ¡no te acabes, Legislatura!

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“Te pareces tanto al PRI, que no puedes engañarme”. Así podrían cantarle a este PAN de tiempos modernos, porque la forma en que se han movido las fichas al interior del partido para definir candidaturas se parece cada vez más a aquellos procesos de democracia interna priista en los que siempre terminaba imponiéndose el precandidato bendecido desde Palacio de Gobierno.

Y vale parafrasear a Lupita D’Alessio, porque la cúpula panista sigue haciendo como que no da línea, pero sin dejar de machacar que César Jáuregui no va por la alcaldía de Chihuahua y que todavía no hay una señal clara sobre la postulación a la gubernatura.

“La línea es que no hay línea”, repetían los dirigentes priistas de los años ochenta y noventa, cuando simulaban competencia, instalaban urnas, organizaban elecciones y montaban toda la escenografía democrática… para que al final ganara el favorito del poder.

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Acá, en Chihuahua, ya bien entrada la tercera década del siglo XXI, las cosas parecen cocinarse con la misma receta. El mensaje oficial es que no hay línea, que los seis aspirantes —demasiados, dicen algunos— a la alcaldía capitalina tienen exactamente las mismas posibilidades y que ninguno recibe el calor que emana desde Palacio.

Sí, pero las señales que brotan desde distintos frentes cuentan otra historia. El que se movió —sin permiso— ya no salió en la foto. Nada más para variar, otra frase heredada del viejo PRI.

El exfiscal no entendió el mensaje que le estaban enviando y ahora pretende brincar la tranca sin autorización, comentan en los corrillos blanquiazules.

Las reuniones celebradas en días recientes, los mensajes difundidos en redes sociales y la cascada de panistas de peso que salieron a destapar su respaldo a otro de los suspirantes retumban con más fuerza que aquellas discretas “líneas” del priismo clásico.

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¿Qué le falta a este pastel blanco y azul para terminar de pintarse de tricolor? La célebre “operación cicatriz”: esa liturgia en la que los derrotados se disciplinaban, aceptaban el premio de consolación o, de plano, aguardaban resignados el garrotazo por haberse salido del libreto.

Esa será la prueba definitiva para un PAN al que cada vez se le destiñe más la franja azul. Ya solo le queda el blanco para hacer juego con el verde y el rojo del PRI.

Y entonces cobra sentido aquel mensaje que la dirigencia panista les envía una y otra vez a sus antiguos aliados priistas: “En Chihuahua no los necesitamos”. ¿Para qué, si ya aprendieron sus métodos, sus formas… y hasta sus mañas?

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La Guardia Nacional protege a la presidenta municipal de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, e incluso mantiene vigilancia en la propia Presidencia Municipal.

Así lo solicitó la alcaldesa y así se lo concedieron, porque no había de otra. Son de sobra conocidos sus desencuentros con la autoridad estatal y, en particular, con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), así como la falta de elementos municipales para brindarle siquiera una protección mínima.

Por eso, a la autoridad federal no le quedó más remedio que enviar vigilancia y protección a una alcaldesa que gobierna uno de los municipios más violentos del estado, si no es que del país.

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Pero el problema va mucho más allá de pedir apoyo al Gobierno federal para resguardar a quien encabeza el Ayuntamiento y al edificio donde despacha la estructura del Gobierno Municipal.

El verdadero meollo del asunto es que Guadalupe y Calvo prácticamente no tiene Policía, aunque oficialmente se diga lo contrario.

Fuentes allegadas al problemón le contaron a Mirone que el municipio serrano, enclavado en la punta del Triángulo Dorado del narcotráfico, cuenta apenas con tres policías municipales. Así, como se lee: tres. Ni para formar una escolta escolar les alcanza.

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A la escasez de policías municipales se suma que la alcaldía y la SSPE siguen sin ponerse de acuerdo para establecer un cuartel donde opere la Plataforma Centinela.

La discusión se ha prolongado demasiado desde que la dependencia estatal propuso instalar su centro de operaciones en el antiguo Cereso y la presidenta municipal se negó a ceder el inmueble. Mucha agua ha corrido bajo el puente y apenas comienza a verse una tenue luz al final del túnel.

Según las fuentes mironianas que conocen la trama, al parecer ya lograron un acuerdo para que el municipio ceda un predio; sin embargo, todavía falta la aprobación del Ayuntamiento, un trámite que avanza a paso de oruga.

Así que no hay para cuándo: ni policías municipales suficientes ni una base de la Policía Estatal. Guadalupe y Calvo, uno de los municipios con mayores problemas de inseguridad del estado, seguirá dependiendo de lo que la Guardia Nacional pueda hacer para contener la violencia.

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En su viacrucis se ha ido haciendo más famosa Marilyn Granados. Se perfila como influencer, le gusta hacer periodismo y producir contenidos para un portal y para sus redes sociales, donde desde hace días viene contando su propia historia.

Decidió documentar todo el proceso de reclamación luego de que el vehículo que conducía sufrió daños al caer en un hoyo provocado por una rejilla mal instalada, de esas que forman parte de algunas obras de drenaje pluvial en los llamados pasos deprimidos.

Ya pasaron más de cuatro meses y sigue sin conseguir lo que busca: que el Municipio le responda, le repare y le pague los daños de un automóvil que continúa utilizando para trabajar, aunque bajo riesgo, porque el impacto dañó la suspensión y desprendió la barra estabilizadora.

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Su caso ya llamó la atención del alcalde Héctor Ortiz Orpinel, luego de que sus videos de denuncia derivaron en varias notas informativas. El suplente de Cruz Pérez Cuéllar la contactó desde la semana pasada, aunque hasta ahora la respuesta se ha reducido a mensajes de WhatsApp.

Ayer tuvo nuevas noticias. Se comunicó con ella una abogada del Municipio, quien se identificó como Karina Salaices y dijo trabajar en la Dirección de Investigación.

Le agendaron una cita en un taller municipal para realizar un peritaje a cargo de los propios funcionarios, quienes determinarán si los daños al vehículo efectivamente fueron provocados por aquella alcantarilla o rejilla pluvial dañada y sin la señalización adecuada.

Solo después de ese dictamen, le responderán por la reparación, pese a que ella documentó los hechos desde el momento del accidente.

“Es muy evidente y ahí están las pruebas. Yo no me hubiera atrevido a hacer este show por algo que no fuera cierto. Yo, en cuanto salgo del accidente, avanzo con mi carrito y me doy cuenta de que se siente extraño”, compartió en su más reciente video.

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Mientras espera una respuesta, sigue grabando las condiciones de las calles por donde transita y mostrando lo que cualquier juarense conoce de sobra: baches y hoyos por doquier, con el riesgo de que su vehículo continúe deteriorándose.

“Yo me estoy adecuando a los procesos porque entiendo, esto es un proceso; no pasa nada, con que de verdad hagan su trabajo y no me digan que no es daño por eso”, agregó la también estudiante de Derecho.

De paso, se ha ofrecido a orientar a otras personas que enfrenten accidentes derivados de la falta de mantenimiento de las vialidades, una responsabilidad que corresponde al Municipio.

Ese fue, precisamente, el primer obstáculo que tuvo que superar: descubrir ante qué instancia debía presentar su reclamación. Para lograrlo pasó días preguntando en dependencias, tocando puertas, haciendo llamadas y hablando con funcionarios que, hasta ahora, siguen sin resolverle.

Lo que sí consiguió fue especializarse en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, donde se establecen los requisitos y procedimientos para este tipo de reclamaciones. Presentó su queja formal y, gracias a ello, su caso finalmente comenzó a avanzar.

Ahora falta conocer cómo termina su historia y, sobre todo, si sirve para mejorar tanto los procedimientos como la capacitación de los servidores públicos encargados de atender este tipo de reclamaciones.