Con acciones de “soporte técnico y control operativo”, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez (JMAS), a través de su representación legal, informó al juez Noveno de Distrito, José Armando Zozaya Solórzano, que cumplió la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de proveer el mínimo vital de agua potable a los habitantes de Los Kilómetros.
Asimismo, planteó que aplicó medidas de resarcimiento de mediano y largo plazo, para atender lo ordenado por la máxima autoridad judicial del país.
Aunque la zona abarca asentamientos humanos diversos, los demandantes que interpusieron un amparo contra la JMAS, viven en las colonias Villa Esperanza, Plazuela de Acuña y Villa de María, en la zona conocida como Kilómetro 27, sobre las calles Crisantemos, Gardenia y Del Aire.

Así se indicó en el amparo en revisión administrativo número 544/2025, derivado del juicio de amparo 468/2025-3 y sus acumulados 469/2025, 470/2025, 471/2025 y 472/2025, los cuales fueron difundidos en los estrados de la Corte la semana pasada.
De acuerdo con registros oficiales, consultados para esta nota, el polígono completo de Los Kilómetros, se ubica en el sur poniente de la ciudad.
En Los Kilómetros cabría más de ocho veces El Chamizal
El asentamiento humano de la carretera a Casas Grandes incluye 12 colonias con una superficie total de dos mil 889 hectáreas; en ese espacio cabría más de ocho veces todo el parque El Chamizal.
Para el abogado José Carlos Medina, representante de los afectados, la respuesta de la dependencia estatal, fue “excluyente, perpetúa el desabasto, vulnera la dignidad de la comunidad y amenaza la salud pública”.
“Lejos de introducir la infraestructura social, que restituya el derecho humano al agua, en las condiciones ordenadas (por la Corte), las acciones reportadas por el Estado constituyen una simulación burocrática y logística”, manifestó.

En la respuesta que remitió la JMAS el 14 de julio al juez de Distrito -cuya copia fue enviada a Norte Digital- se detallan los nombres de las personas demandantes, asentando que ya se les había entregado el agua en pipas.
Se indicó en la contestación, que “dieron cumplimiento inmediato”, con el abasto emergente en los ocho domicilios, donde viven las 15 personas que firmaron la demanda.
Para el cumplimiento a mediano plazo, la representación legal de la dependencia refirió la entrega por sorteo de tinacos de 750 litros.
De las ocho personas que presentaron la demanda, solo una recibió el recipiente, porque las otras siete -se indicó- no estaban en el domicilio.
Para demostrar que el agua entregada cumplía con las condiciones de potabilidad, incluyeron estudios de los pozos 255 y 152, que abastecen el punto de bombeo conocido como Las Garzas, donde se llenan las pipas.
Los reportes referidos -anotaron- certificaron la calidad del agua vertida en ese sitio.
“Tuvieron sus pruebas por medio del método de muestreo; (…) todos sus parámetros dentro de los rangos normales, sin observaciones”, se indicó en la respuesta de la Junta.
En la parte final de la argumentación, se indicó: “Este organismo operador del agua viene dotando a través de pipas el vital líquido en dicha zona hace más de 30 años”.
Con ese propósito -añadió- actualmente usan cuarenta camiones de 10 mil litros cada uno y un tractocamión de 35 mil litros.

Surten a diario 2 mil 250 metros cúbicos de agua recorriendo 33 kilómetros, desde Las Garzas, que se ubican entre las calles José Reyes Estrada, De las Torres y Santiago Troncoso, hasta Los Kilómetros, señaló.
Parte de la solución -agregó- sería el programa denominado “Agua para todos en los kilómetros la Junta contigo”, que consta de varios proyectos.
Entre ellos se encuentran la creación de un pozo, a 600 metros de los tanques Las Maracas, y la construcción de un tanque de almacenamiento con capacidad de 5 mil metros cúbicos de agua, entre otra infraestructura y equipamiento.
Es una simulación procesal: abogado
En un documento compartido con Norte Digital, el abogado José Carlos Medina calificó la postura de la Junta, como un cumplimiento “defectuoso y simulado” de lo que ordenó la Corte.
Presentaron bitácoras de camiones cisterna (pipas) que documentan operaciones únicamente durante tres días aislados (1, 2 y 3 de julio de 2026), lo cual no garantiza que se esté entregando el volumen indispensable para la supervivencia diaria, indicó.
De igual forma criticó que se estén entregando tinacos por medio de sorteos, porque -dijo- el acceso a la infraestructura sanitaria básica no puede sujetarse al azar.
Reprochó que a quienes no se encontró en el domicilio, se les haya trasladado la carga económica de ir a recoger el tinaco, teniendo que pagar un flete privado.
Otro problema de los tinacos es que, si se divide su contenido entre 7 días de la semana y un número de 4 personas por familia, le estaría tocando 26.7 litros a cada uno, lo cual es la mitad de la recomendación diaria, que son 50 litros por persona, precisó.
Incluso criticó que, como parte de la solución, se haya planteado la construcción de un tanque de almacenamiento en el que, no existirán tomas de agua potable a las que puedan acceder las personas.

“Consiste en una instalación amurallada, que no contempla tomas comunitarias, grifos públicos ni acceso peatonal directo”, puntualizó.
El Estado -agregó- no está construyendo infraestructura para que la comunidad acceda libremente al agua, sino un centro logístico para el abastecimiento de sus propios camiones.
“Esto condena a los habitantes a seguir siendo dependientes del modelo de tandeo vehicular y vulnera el principio de accesibilidad física”, alertó.
Hizo referencia también a que, en un acta del consejo de administración del año pasado, cuando se hizo la compraventa del terreno donde se planea construir el tanque, funcionarios de la dependencia señalaron que el agua que había en la zona, no era apta para el consumo humano por tener exceso de sales.
Finalmente, también se refirió a que la autoridad estatal, reiteró lo que ya había externado en una conferencia de prensa con medios locales, sobre que la causa inicial del problema, era la permisividad municipal de dejar crecer asentamientos irregulares.
“Los documentos demuestran que las autoridades responsables no están acatando el fondo restitutorio del fallo protector; la ejecución reportada, se basa en una simulación procesal que no garantiza la salud, el acceso físico directo ni la suficiencia del recurso, elementos que conforman el núcleo esencial del derecho humano al agua”, remató.
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