Hay una vieja costumbre de los Gobiernos que consiste en encontrar nuevas formas de gastar el dinero de los ciudadanos y, cuando el presupuesto ya no alcanza, buscar nuevas formas de cobrarlo. En ocasiones lo hacen mediante nuevos impuestos. En otras, mediante impuestos viejos que regresan disfrazados de modernidad, justicia social o redistribución de riqueza. Uno de esos debates ha vuelto a aparecer en México: el impuesto a las herencias.
La discusión resurgió después de que la Suprema Corte resolviera que los recursos acumulados en una Afore y entregados a los beneficiarios de un trabajador fallecido no deben pagar Impuesto Sobre la Renta. A primera vista parece un asunto técnico reservado para abogados fiscalistas y especialistas en seguridad social. Sin embargo, detrás de esa decisión existe una pregunta mucho más importante: cuando una persona muere, ¿a quién pertenece realmente el patrimonio que construyó durante toda su vida?
México ya respondió esa pregunta hace décadas. Durante buena parte del siglo XX existieron impuestos sobre herencias y legados. Sin embargo, en 1961 fueron eliminados bajo una lógica que todavía hoy resulta difícil de refutar: si una persona trabajó, produjo riqueza, pagó impuestos sobre sus ingresos, compró propiedades pagando impuestos y cumplió con sus obligaciones fiscales, no parecía razonable que el Estado volviera a cobrar cuando esos bienes fueran transmitidos a sus hijos o familiares.
La lógica era sencilla. Lo que ya pagó impuestos no debería volver a pagarlos simplemente porque cambió de dueño dentro de una misma familia.
Pero las ideas tienen la mala costumbre de regresar. La autodenominada “ministra del pueblo”, Lenia Batres, ha expresado en diversas ocasiones que los impuestos constituyen herramientas legítimas para redistribuir riqueza. Sus simpatizantes sostienen que quien recibe una herencia obtiene recursos que no produjo personalmente y que, por tanto, el Estado tiene derecho a participar de esa transferencia patrimonial. Sus críticos consideran que esa visión termina ampliando cada vez más el poder gubernamental sobre bienes que pertenecen legítimamente a las familias.
Aquí es donde la discusión deja de ser fiscal para convertirse en ideológica.
No es casualidad que las propuestas para gravar herencias tengan antecedentes en el pensamiento socialista. Karl Marx y Friedrich Engels planteaban en el Manifiesto del Partido Comunista la necesidad de limitar o eliminar los derechos hereditarios. La razón era simple: la herencia permitía que las diferencias económicas se transmitieran de una generación a otra. Desde esa perspectiva, la familia se convertía en un obstáculo para los proyectos de redistribución económica impulsados por el Estado.
Naturalmente, nadie está proponiendo hoy la abolición de la herencia. Pero el principio filosófico detrás de la discusión sigue siendo muy parecido. ¿Debe prevalecer el derecho de una familia a transmitir el fruto de su trabajo o debe prevalecer el interés del Estado por redistribuir una parte de ese patrimonio?
Los defensores de estos impuestos suelen tranquilizar a la población afirmando que solamente afectarían a los multimillonarios. El problema es que la historia demuestra que muchos impuestos nacieron como instrumentos dirigidos a grupos reducidos y terminaron ampliándose gradualmente hacia sectores cada vez más amplios de la sociedad. Por eso la clase media suele observar estas propuestas con preocupación. No estamos hablando solamente de grandes corporaciones o fortunas extraordinarias. Estamos hablando de propietarios de viviendas, pequeños empresarios, profesionistas, agricultores y miles de familias que dedicaron décadas a construir algo que desean dejar a sus hijos.
Además, la experiencia internacional tampoco ofrece resultados contundentes. Algunos países mantienen impuestos sobre herencias, mientras otros los eliminaron al considerar que generan poca recaudación, castigan el ahorro familiar o constituyen una forma de doble tributación. Ni siquiera entre las economías más desarrolladas existe consenso sobre el tema.
Lo verdaderamente importante es entender que el debate no gira alrededor de porcentajes, tablas fiscales o tecnicismos jurídicos. El debate gira alrededor de una pregunta mucho más profunda: ¿el patrimonio familiar pertenece primero a la familia o pertenece primero al Estado?
Hace más de sesenta años México respondió favoreciendo a las familias. Hoy algunos sectores quieren reabrir esa discusión. Están en su derecho. Pero también corresponde recordar que cada peso heredado representa años de trabajo, sacrificios, ahorro y decisiones personales. Porque cuando un Gobierno comienza a cobrar por lo que un padre deja a sus hijos, la conversación deja de ser únicamente tributaria. Se convierte en una discusión sobre libertad, propiedad privada, autonomía familiar y los límites que debe tener el poder político sobre la vida de los ciudadanos. Y ahí es donde verdaderamente se encuentran el debate y el meollo del asunto.
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