Aunque las autoridades locales han negado en distintos momentos que el crimen organizado opere una red paralela de videovigilancia para monitorear a corporaciones de seguridad o grupos rivales, las cifras muestran que el retiro de estos dispositivos continúa de manera constante en Ciudad Juárez.
De acuerdo con un reporte interno de las fuerzas federales al que Norte Digital tuvo acceso, de las 402 cámaras “parásitas” aseguradas este año en la jurisdicción de la Quinta Zona Militar, 353 fueron localizadas en Juárez y 49 en la ciudad de Chihuahua.
La cifra significa que casi nueve de cada diez dispositivos retirados en las dos principales ciudades del estado fueron encontrados en la frontera.
Con corte al 16 de junio, el promedio de aseguramientos en Juárez es de 14.7 cámaras por semana, equivalente a una cada 11 horas. De mantenerse esa tendencia, el número de aparatos retirados podría alcanzar los 771 al cierre de 2026.
A nivel estatal, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional habían asegurado 472 cámaras hasta esa fecha. De ellas, 70 fueron retiradas en municipios de la región sur por personal de la 42 Zona Militar, mientras que las 402 restantes corresponden a la Quinta Zona Militar.
Las Fuerzas Armadas sostienen que este tipo de equipos son colocados en puntos estratégicos y utilizados por grupos delictivos para obtener información que facilite sus operaciones, por lo que consideran que su desmantelamiento reduce capacidades logísticas de la delincuencia organizada.
Según la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, las cámaras parásitas suelen encontrarse instaladas en postes de energía eléctrica, infraestructura de telefonía e incluso en árboles, en sitios donde no existe un propietario identificado ni autorización para su colocación.
El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, ha señalado que la autoridad no puede retirar cámaras colocadas en viviendas o negocios particulares cuando estas tienen fines legítimos de vigilancia.
Sin embargo, explicó que cuando un dispositivo aparece instalado en infraestructura pública y no existe una persona que acredite su propiedad, puede ser retirado por las autoridades.
“Por ejemplo, si yo llego a un poste de alumbrado y veo una cámara, cuestiono quién es el dueño de esa cámara; entonces, si no hay un dueño, la retiro”, explicó.
El funcionario reconoció que el operativo permanente para localizar y desmontar estos equipos corresponde principalmente a autoridades federales, aunque la Policía Municipal también participa de manera ocasional en el retiro de instalaciones consideradas irregulares.
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