Tapándose los primeros rayos del sol debajo de un pequeño tejabán de madera, un soldado revisa mensajes en su celular, mientras cumple su turno, recargado en la sección del muro que delimita la franja fronteriza entre Ciudad Juárez y El Paso.
A la distancia, el puesto de vigilancia apenas se distingue, con la imponente estructura metálica que se levanta detrás, a la altura del marcador 357, se observa durante un recorrido hecho por Norte Digital en ese sector.
Él y sus compañeros pasan las horas en el sitio, tratando de adaptarse al clima extremo, que ya empieza a elevar el termómetro en la segunda semana de junio de 2026.
Estacionada junto a una galera improvisada, alejada unos 50 metros de la pared metálica, una camioneta doble cabina color verde olivo no puede pasar inadvertida entre las precarias viviendas que la rodean.
Junto al vehículo, dentro de la galera, un soldado está dormido, apenas abrigado con una cobija y el arma larga sujeta a la cintura.
El refugio se sostiene con una estructura metálica, llantas, pedazos de madera, y unas pocas lonas color camuflaje que forman el techo.
Hay un camino que baja sobre la calle Tonina, bordeado por basura y escombros, desechos que las personas han ido abandonando en el sitio. Cosa común en zonas como esta, donde escasea el desarrollo urbano.
Pasa poco tiempo y, de pronto, se asoma un helicóptero. A la distancia no se ve si es del Departamento de Seguridad Nacional o de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de los Estados Unidos.
Apenas se distingue la matrícula N794AM, cuando la aeronave da vuelta en el sitio donde está el punto de vigilancia militar mexicano, y se aleja, alineando su vuelo con la pared de acero que se yergue en el suelo.
Unos 200 metros más adelante, detrás del muro y la alambrada que hay en el lado estadounidense, una tanqueta todoterreno se mantiene estacionada con personal militar en su interior.
Es inevitable el contraste entre los recursos que despliega el Gobierno de Donald Trump con las condiciones en que los elementos del Ejército Mexicano cumplen con una tarea paralela de este lado del muro.
Faltan cinco minutos para que el reloj marque las 7:00 y un ingrediente más se suma a la escena matutina.
Llegan dos policías municipales, hombre y mujer, a bordo de la patrulla 402. Van a platicar un buen rato, hasta que se cumpla su horario.
Quieta, como esperando que la vuelvan a usar para seguir derrumbando casas de predio irregular, ahí sigue estacionada la retroexcavadora que personal municipal usó el 15 de mayo para demoler viviendas.
Sus habitantes se quejaron que ya tenían seis años viviendo ahí y nadie les dijo nada de que debían desocuparlas.
Julio de la Cruz, director de Asentamientos Humanos, afirma que el objetivo de aquella intervención fue dejar libre el área “porque es una zona federal”.
Sin embargo, aclara, la operación ahora está relacionada con “un tema de seguridad nacional”.
“Encontramos algunas familias que estaban de manera irregular, a cuatro de ellas ya las reubicamos en un predio que ya es seguro para ellos, donde nadie los va a molestar”, explica el funcionario. Para ese momento ya pasaban de las 12:00 del día.
Una ilegalidad, legalizada
El registro oficial de su oficina, compartido con Norte Digital, revela un dato más. Existen en el área otras tres familias que también serán desalojadas.
En esos casos, las personas sí tienen contratos de compraventa con particulares.
Incluso demostraron, con documentos oficiales, que firmaron convenios con el Municipio o el Gobierno del Estado, advierte De la Cruz, veracruzano de nacimiento.
Eso significa que lo que había en el lugar, era una ilegalidad, legalizada.
No existen datos ni declaraciones oficiales que definan claramente si la decisión de la alcaldía forma parte de acciones sistemáticas para regularizar viviendas en zonas deprimidas.
Pero sí coincidió con el anuncio en su toma de posesión, cuando el presidente estadounidense Donald Trump, advirtió a principios de 2025, que endurecería medidas para contrarrestar el tráfico ilegal de personas en la frontera sur de su país.
Zona de tráfico ilegal de personas
El punto donde se realizó hace casi un mes la demolición fue identificado por los propios pobladores de Anapra como un lugar de paso de migrantes indocumentados, operado por grupos de delincuencia organizada.
No fueron pocas las ocasiones en que se desactivaron ahí casas de seguridad para mantener cautivas a personas migrantes.
El principal factor para que ocurra ese fenómeno es que, además de la lejanía y abandono, en esa porción aún no hay muro.
El 20 de enero pasado, la empresa que lo construye realizó una detonación con dinamita en las faldas del cerro de Cristo Rey.
Cuatro meses después, la obra ya había avanzado más de cien metros y entonces, el 15 de mayo, los pobladores de las calles Calamar, Ballena, Atún, Arenque, Angula, Salmón y Sirenas, vieron llegar maquinaria y cuadrillas del municipio con picos y palas.
El sueño de vivir en Anapra terminó. Ahora solo queda en el lugar una acción militar, acaso para asegurar que en el sitio no siga ocurriendo algo ilegal.
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